Eduardo Cuartas Roldán
En la administración pública suele escucharse la frase: “no es fácil mantener contento a todo el mundo”. Y es cierto. Sin embargo, otra cosa muy distinta es persistir en la terquedad, ir en contra de las mayorías y justificar decisiones con argumentos incoherentes.
El caso reciente en Pitalito lo demuestra. Bajo el discurso del “embellecimiento urbano” y la creación de espacios de esparcimiento familiar, se han tomado medidas que, aunque se presentan como parte de planes sociales y de desarrollo, terminan afectando directamente al medio ambiente. La tala de árboles en un área considerada como pulmón ecológico del municipio se justifica bajo el pretexto de representar un “peligro para la comunidad”. Pero la pregunta ciudadana es inevitable: ¿se detectó a tiempo esa supuesta amenaza o se trata más bien de una acción apresurada y complaciente con intereses ajenos al bienestar colectivo?
La incoherencia se refleja también en la falta de respaldo de quienes deberían defender la naturaleza. Los ambientalistas, reducidos a gritos enmudecidos por la presión política y administrativa, no han logrado rodear ni proteger los árboles que hoy desaparecen.
El desarrollo urbanístico es necesario, pero debe construirse de manera conjunta con la ciudadanía, sustentado en criterios técnicos y científicos, sin destruir referentes culturales ni cortar vínculos con las raíces históricas de la comunidad.
Hoy, Pitalito parece avanzar hacia un modelo de gestión ambiental incoherente, donde las decisiones administrativas terminan fragmentando el territorio y debilitando la confianza ciudadana. Bajo la máscara del progreso, se ocultan intereses económicos que enriquecen a unos pocos, mientras se sacrifican espacios vitales para el equilibrio ecológico y social.