Por José Roberto Cajiao
Veedor y Defensor Ciudadano Parque De la Valvanera Pitalito.
Defender un parque en Colombia debería ser una tarea sencilla, casi un acto de sentido común. Cuando la Constitución de 1991 dio vida a herramientas como la acción de tutela y las acciones populares, lo hizo con una promesa hermosa: que cualquier ciudadano, sin importar su nivel educativo, su condición económica o su capacidad cognitiva, pudiera pararse frente al Estado y exigir la protección de su entorno en condiciones de total igualdad ante la ley. Se pensaron como mecanismos limpios, desprovistos de tecnicismos, diseñados para el habitante de a pie. Sin embargo, intentar salvar los árboles y el suelo público, sagrado del Parque de La Valvanera en Pitalito frente al proyecto comercial de la actual administración se ha convertido en una auténtica y asfixiante máxima kafkiana, donde la burocracia judicial parece más preocupada por la forma de los papeles que por la destrucción real del territorio.
El camino recorrido es una odisea que retrata a la perfección la disfunción de nuestras instituciones. Para frenar el avance de las motosierras y pavimentar una defensa sólida, se activó primero una acción de tutela que escaló hasta los pasillos de la Corte Constitucional en Bogotá, buscando una revisión excepcional que finalmente naufragó en los filtros restrictivos del nivel central. En el plano local, la Defensoría del Pueblo abrió un expediente para vigilar el caso, pero se topó con la clásica "gimnasia burocrática" de la Alcaldía, que de inmediato pidió plazos y prórrogas bajo el pretexto de requerir análisis técnicos complejos, ganando días preciosos mientras el parque sigue amenazado. En medio de este laberinto burocrático y el conocimiento de un grupo de amigos abogados se unieron para construir un blindaje jurídico de altísimo nivel, demostrando con argumentos científicos y normativos la ilegalidad de mutar un suelo de recreación pasiva sin los permisos del Ministerio de Cultura. Pero en el reino de la burocracia, la excelencia técnica tampoco es suficiente si choca contra la rigidez del sistema jurisprudencial.
El golpe de este proceso llegó por cuenta del Juzgado Octavo Administrativo de Neiva, que decidió rechazar la Acción Popular interpuesta para proteger el parque. Lo escandaloso de este freno no es el fondo, pues la jueza no ha dicho que la Alcaldía tenga la razón o que el proyecto comercial sea legal; el rechazo se debió estrictamente a un formalismo de trámite. El juzgado determinó que las decenas de peticiones, quejas y advertencias previas enviadas al municipio no eran válidas porque la ley exige un requisito de procedibilidad ultrasubjetivo: un documento exacto donde se le pida formalmente al Alcalde que proteja los derechos colectivos antes de acudir al juez. Mientras el espacio es intervenido con lonas plásticas negras provisionales para cortar árboles por “riesgo fitosanitario” u otra excusa técnica, la justicia prefiere archivar el expediente por la ausencia de una formalidad epistolar, obligando al ciudadano a retroceder casillas en el tablero y dándole una vía de escape al mandatario local.
Lejos de claudicar, esta trampa burocrática se ha convertido en el combustible para perfeccionar la estrategia. Atendiendo la formalidad del juzgado, se ha radicado una Reclamación Previa diseñada con una precisión jurídica milimétrica, exigiéndole directamente al Alcalde Yider Luna Joven la suspensión de las obras, la exhibición de la licencia urbanística y el desglose de los presupuestos de regalías asignados. Toda la evidencia de este esfuerzo ciudadano, los autos de rechazo y la impecable argumentación construida en esta causa colectiva están al alcance de la comunidad en el siguiente enlace público, donde se anexa la reclamación formal radicada el día de hoy como una muestra de total transparencia con el proceso y con el pueblo laboyano
La batalla por el Parque de La Valvanera continúa con la frente en alto. S.i el estamento de justicia insiste en levantar muros de papel y trámites incomprensibles para enredar el derecho a la igualdad, la ciudadanía responderá con más derecho, más rigor y la convicción inquebrantable de que un parque sagrado no se cambia por cemento comercial.
La Virgen de la Valvanera esta con nosotros (el Parque es la extensión sagrada del Santuario)
Anexamos el link actual del derecho de petición dirigido al alcalde, con fecha del 15 de julio de 2026 (documento público):
https://drive.google.com/file/d/1Vq1tTxK6TU0LtzS4-QU6_tbHyKoE0ltq/view?usp=sharing.