A través de la Directiva 020 de 2025, el Ministerio Público advirtió a alcaldes y gobernadores que el incumplimiento de este mandato electoral tras los comicios de octubre acarreará sanciones disciplinarias.
La Procuraduría General de la Nación ha subido el tono frente a la demora en la formalización de los mecanismos de participación juvenil en el país. Mediante la Directiva 020 de 2025, el ente de control notificó a alcaldes, gobernadores y al Gobierno Nacional la obligación perentoria de instalar los Consejos de Juventud, fijando como fecha límite el próximo 19 de enero de 2026.
Este llamado de urgencia surge tras las elecciones del pasado 19 de octubre de 2025, donde miles de jóvenes, incluyendo representantes de comunidades étnicas, campesinas y víctimas, fueron elegidos para ocupar estas curules de incidencia política.
Plazos y responsabilidades administrativas
La directiva no solo se limita al acto protocolario de posesión. El Ministerio Público fue enfático en que los mandatarios locales deben garantizar las condiciones materiales para que los consejeros (jóvenes entre los 14 y 28 años) puedan ejercer sus funciones de vigilancia a la gestión pública.
Entre las obligaciones clave establecidas en la directiva destacan:
Infraestructura y presupuesto: Los alcaldes deben asignar espacios físicos dotados y recursos económicos para el funcionamiento permanente de los consejos.
Transparencia en el reporte: Una vez posesionados, las administraciones tienen un plazo de 30 días para enviar los actos administrativos al Viceministerio de las Juventudes y a la Registraduría Nacional.
Incidencia real: Se ordena la realización de al menos dos sesiones anuales del Consejo de Gobierno en conjunto con los consejeros de juventud para concertar agendas territoriales.
Vigilancia bajo lupa: El rol de la Procuraduría
Para asegurar el cumplimiento de esta orden, la Procuraduría ha desplegado una estrategia de supervisión estricta a través de personeros y procuradores regionales. El seguimiento técnico quedará bajo la lupa del Equipo de Trabajo Juvenil Electoral (EJE), adscrito a la Procuraduría Delegada para Asuntos Electorales.
El organismo recordó que los Consejos de Juventud son órganos autónomos. Cualquier obstrucción a su instalación o ejercicio por parte de los funcionarios públicos será procesada bajo el Código General Disciplinario, lo que podría derivar en suspensiones o destituciones.
El compromiso del orden nacional
La Directiva 020 también vincula al nivel departamental y nacional. Los gobernadores deberán avanzar en la conformación de los Consejos Departamentales, mientras que el Gobierno Nacional tendrá un mes de plazo, tras las instalaciones locales, para entregar a la Procuraduría el censo completo de los consejeros posesionados en todo el territorio colombiano.
Con esta medida, se busca evitar que los resultados de las urnas de octubre queden en el papel y se garantice que la voz de la juventud tenga eco real en las decisiones administrativas de cada municipio y departamento de cara al 2026.