La Fundación Paz & Reconciliación (PARES) encendió las alarmas de cara a las próximas elecciones tras publicar un riguroso informe que identifica a 195 aspirantes al Congreso con cuestionamientos o investigaciones por corrupción. Tras analizar a más de 3.000 inscritos, el estudio reveló que el 60,5 % de estas candidaturas se concentran en cuatro colectividades tradicionales: los partidos Liberal, Conservador, de la U y Cambio Radical. En este escenario, el departamento del Huila no es ajeno a la controversia, pues varias figuras con fuertes vínculos en la región aparecen en el listado de señalados.
Uno de los nombres más destacados en el "top 50" de cuestionados es el del exalcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, quien actualmente aspira al Senado. Según el reporte, Muñoz ocupa el puesto 27 debido a sus múltiples líos judiciales, que incluyen procesos por presuntas irregularidades en contratos del PAE y ayudas alimentarias durante la pandemia. Cabe recordar que el candidato ya fue destituido e inhabilitado por más de nueve años por la Procuraduría, una medida confirmada en dos instancias y que actualmente espera una revisión final del Consejo de Estado.
El informe también pone el foco en Carlos Alberto Cuenca Chaux, representante de Cambio Radical vinculado estrechamente al Huila por su origen en Algeciras. Cuenca Chaux enfrenta una situación jurídica crítica tras ser condenado en primera instancia a más de siete años de prisión por corrupción al sufragante, tras hallarse pruebas de entrega de materiales de construcción a cambio de votos. Además, la Corte Suprema de Justicia lo investiga por presuntas preventas con el Gobierno Nacional para facilitar el trámite de leyes económicas en el legislativo.
Finalmente, PARES advierte sobre candidatos foráneos que buscan votos en el Huila a pesar de sus sombras legales. Entre ellos figuran la senadora Nadia Blel, señalada por heredar la estructura de un clan político vinculado a la parapolítica; el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por sus múltiples investigaciones judiciales y disciplinarias; y Pedro Hernando Flórez, del Pacto Histórico, cuestionado por su presunta función como "alfil" del Clan Torres en el Congreso. Este panorama plantea un reto ético para el electorado opita, que deberá decidir entre la continuidad de estas figuras o la renovación política.