La medida, anunciada por el Ministerio de Hacienda, busca reducir el gasto público eliminando un beneficio que le costaba al Estado más de $3.200 millones anuales.
En un movimiento clave para el ajuste de las finanzas públicas, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el Gobierno Nacional eliminará, mediante decreto, la prima especial de servicios que actualmente reciben los congresistas de la República. La decisión se enmarca en un paquete de medidas de austeridad frente a la compleja situación fiscal que atraviesa el país.
El origen de la polémica prima
Este beneficio no es nuevo. Fue creado en el año 2013, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, bajo el Decreto 2170. Originalmente, el rubro estaba destinado exclusivamente a cubrir los costos de instalación de aquellos legisladores que debían trasladarse desde las regiones hacia Bogotá.
Sin embargo, el ministro Ávila señaló que el propósito inicial se desvirtuó con el tiempo. Lo que nació como un apoyo excepcional para congresistas de provincia, terminó convirtiéndose en un pago generalizado para todos los miembros del legislativo, sin importar su lugar de residencia.
"Ese beneficio se transformó en un beneficio generalizado para todos los congresistas y eso condujo a un costo recurrente que hoy, al estar indexado, asciende a cerca de 11 millones de pesos por congresista", explicó el jefe de la cartera de Hacienda.
Las cifras del ahorro fiscal
La eliminación de este incentivo representa un alivio significativo para el erario:
· Valor por congresista: Aproximadamente $11 millones de pesos anuales.
· Costo total estimado: Cerca de $3.200 millones de pesos al año (calculado sobre los 295 congresistas vigentes).
Este recorte se suma a otras decisiones gubernamentales que incluyen el aumento de ciertos impuestos para mitigar el déficit fiscal.
Salario Mínimo y política salarial
En su intervención, el ministro Ávila aprovechó para reafirmar la postura del Ejecutivo sobre el Salario Mínimo. Aseguró que este debe mantenerse como un "piso obligatorio" e innegociable para cualquier trabajador formal.
La estrategia del Gobierno parece clara: proteger los ingresos de los sectores más vulnerables mientras se recortan privilegios y gastos considerados innecesarios en las altas esferas del Estado.
¿Qué sigue?
La eliminación oficial se concretará en los próximos días mediante la firma del decreto presidencial, un paso que la ciudadanía y diversos sectores políticos han reclamado como un gesto necesario de equidad frente a la crisis económica.