Presidente de Colombia, Gustavo Petro y de Ecuador Daniel Noboa Foto: Colprensa y AFP
El Gobierno de Gustavo Petro oficializó el Decreto 0170 de 2026, el cual establece un arancel recíproco del 30% sobre más de 70 productos provenientes de Ecuador. Esta medida afecta bienes estratégicos como azúcar, cacao, aguacate Hass, plátanos y diversos artículos industriales. Además de la carga impositiva, la normativa restringe el ingreso terrestre de productos clave como arroz, pescado y camarones por los pasos fronterizos de Ipiales y Puerto Asís, lo que supone un endurecimiento significativo en los controles aduaneros entre ambas naciones.
Esta decisión surge como una respuesta directa a las políticas arancelarias previas del gobierno de Daniel Noboa, quien justificó sus medidas alegando una falta de cooperación colombiana en la lucha contra el crimen organizado en la frontera. Asimismo, Ecuador ha fundamentado su postura en la necesidad de corregir un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales frente a Colombia. Lo que comenzó como un reclamo por seguridad y equilibrio económico ha derivado en una confrontación arancelaria que amenaza la estabilidad del intercambio histórico en la región.
El conflicto ha escalado hasta instancias internacionales, con ambos países presentando demandas ante la Comunidad Andina (CAN). Mientras Colombia busca validar la legalidad de sus represalias comerciales, la CAN ya ha admitido a trámite una investigación para determinar si Ecuador vulneró las normas del bloque regional; por su parte, Quito ha respondido con tres reclamos formales por presuntos incumplimientos de compromisos subregionales. El futuro del comercio bilateral queda ahora supeditado a los fallos de este organismo, en medio de un clima de alta tensión diplomática.