Por Julio Bahamón Vanegas
Desde que se llevó a cabo el farragoso proceso de paz de la Habana, en el 2016 en el gobierno de Juan Manuel Santos, el pais ha visto crecer los grupos violentos de forma exponencial.
Por décadas Colombia ha intentado cerrar el círculo de la violencia mediante distintos procesos de negociación con organizaciones criminales, Farc y ELN. Sin embargo, cualquier modelo serio de justicia transicional que se fundamente en los pilares de verdad, perdón, reparación y no repetición, que consideramos innegociables, si fallan, se deduce que lo que se firma no es la paz, han sido podríamos decir, sin temor a equivocarnos unos armisticios precarios y sin fundamento. El gobierno de Juan Manuel Santos intentó ocultar, en un sistema integral de perdón, reparación y no repetición la verdad de la comedia y para ello creo una institución de Justicia Transicional para la paz, La JEP, sin embargo, 8 años después la ciudadanía se pregunta: ¿ha existido un reconocimiento moral proporcional al daño causado?
El perdón implica aceptación plena de responsabilidad y contribución a la verdad. No se puede aceptar que el solo hecho de concurrir a comparecer se entienda como una sustitución al deber ético de asumir ante el pais la responsabilidad del horror causado. En segundo lugar, la reparación: esta no puede limitarse a actos simbólicos, ni a trasladar las indemnizaciones al Estado. La reparación exige contribución material de los directamente responsables: denunciando bienes, entregando las armas, revelando rutas del narcotráfico, activos ocultos y estructuras económicas ilegales.
La no repetición: considerada como la más determinante. No basta con algunas desmovilizaciones anunciadas mientras las economías ilegales permanecen intactas. Debemos aceptar que mientras exista el narcotráfico, existirá la fuente de financiación de los violentos. La violencia muta. Eso lo vemos cuando aparecen bajo nuevas siglas grupos disidentes lo que convierte cualquier acuerdo en una reconfiguración del conflicto. Como el mal ejemplo cunde, la mal llamada “paz total” del gobierno de Gustavo Petro se constituyó en un desafío mayor y diluyo el marco jurídico generando incentivos perversos. Nada de lo que hablamos se ha cumplido: ni en el proceso de paz de Santos, ni en el de la Paz Total de Petro, todo lo contrario: adicionalmente Santos les “regalo” a los cabecillas de las Farc seis curules en el Senado de la República, sin que hubieran pagado ni un solo día de cárcel por sus crímenes atroces de lesa humanidad. No hubo ni verdad, ni perdón, ni reparación a las víctimas, y la repetición ha sido el común denominador de esos grupos, desde 2016, que se ha extendido a más del 70% de nuestro territorio. Esta es la real situación de inseguridad que vive hoy Colombia. Juan Manuel Santos y Gustavo Petro les mintieron a los colombianos, y le entregaron el pais a las bandas narcoterroristas. Tampoco es viable una política de sometimiento a la justicia.
Las veces en que lo hemos intentado, termina la justicia sometida al imperio del crimen organizado. La única que aplicaría hoy en Colombia es la del sometimiento, por la razón o por la fuerza, de los grupos ilegales, al imperio de la ley y la constitución. Si no reaccionamos ahora, que podemos cambiar el modelo de gobierno, podríamos estar a las puertas de un eventual mandato comunista estalinista, de Iván Cepeda. Julio Bahamon.