Sergio Trujillo
Diputado Asamblea del Huila
La Ruta 45 es la columna vertebral del Huila. Por ella se movilizan familias, trabajadores, turistas, alimentos, café, pescado y buena parte de la economía del departamento. Sin embargo, hoy también se ha convertido en escenario de atracos, homicidios, lesiones, extorsiones y otras formas de violencia que mantienen en alerta a conductores y comunidades.
Por esa razón convoqué, desde la Asamblea Departamental, un debate de control político. No lo hice para buscar culpables fáciles ni para desconocer el esfuerzo diario de nuestros policías y soldados. Lo hice porque la ciudadanía exige respuestas y porque nuestro deber como diputados es controlar, proponer y lograr que las instituciones actúen coordinadamente.
Las cifras confirman que no estamos ante una simple percepción. La información conocida durante el debate habla de más de mil hechos en el corredor entre 2024 y lo corrido de 2026. Por su parte, la Secretaría de Gobierno reportó 818 registros únicamente en seis municipios: 325 en 2024, 343 en 2025 y 150 hasta el 10 de julio de 2026. Es decir, entre 2024 y 2025 los casos no disminuyeron: aumentaron cerca de un 5,5 %.
Pero el diagnóstico oficial deja preguntas importantes. No aparecen municipios como Neiva, Garzón, Suaza y Acevedo. Además, la cifra de 818 mezcla delitos intencionales con lesiones y homicidios culposos derivados de accidentes. Un plan serio no puede construirse con un mapa incompleto ni con datos que confundan criminalidad y siniestralidad vial.
También se informó que existen 114 uniformados, pero no quedó claro cuántos patrullan realmente la carretera, cuántos cubren cada turno ni qué capacidad existe durante la noche y la madrugada. La Fuerza Pública tampoco cuenta con infraestructura tecnológica fija en todo el corredor. Solo se mencionan 15 puntos de cámaras, concentrados principalmente en peajes, estaciones de pesaje y áreas de servicio.
A esto se suma una preocupación presupuestal: durante 2024 y 2025 fueron apropiados $38.652 millones del FONSET, pero se ejecutaron cerca de $21.959 millones. La diferencia supera los $16.600 millones. Mientras los ciudadanos piden cámaras, patrullas y reacción inmediata, una parte considerable de los recursos quedó sin ejecutar.
Por eso mi propuesta es concreta: adoptar un Plan Especial de Seguridad para la Ruta 45. Un plan con mando definido, mapa único de riesgos, patrullajes reforzados en horarios críticos, cámaras con reconocimiento de placas, conexión en tiempo real con la Policía, planes candado entre municipios, metas verificables y presupuesto exclusivo.
La seguridad no puede seguir repartida entre competencias, oficios y explicaciones. El ciudadano necesita un Estado que actúe como uno solo. No podemos esperar otro atraco, otro herido o una nueva muerte. Defender la Ruta 45 es defender la vida, la movilidad y la economía de todos los huilenses.