Escrito por Wilfred Trujillo Trujillo*
El pasado martes, en la Asamblea del Huila, las palabras “ni una menos” dejaron de ser únicamente una consigna para convertirse en una obligación política y ética. Mientras escuchábamos los testimonios de lideresas y organizaciones de mujeres, pensaba en algo que duele admitir; en nuestro departamento, ser mujer todavía implica un riesgo que no debería existir. No hablo solo como diputado, sino como ciudadano, padre, abuelo y esposo que ve cómo se repiten las historias de miedo, de amenazas, de silencios forzados y de una institucionalidad que muchas veces llega tarde.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer aprobamos en segundo debate la Ordenanza 037 de 2025, iniciativa de la diputada Victoria Castro, que incorpora la sesión plenaria “Mujeres Opitas” a la Ordenanza 021 de 2022. Eso significa que, por lo menos una vez en cada periodo de sesiones ordinarias, la agenda de la Asamblea tendrá un día completo dedicado a hablar de mujeres, de sus derechos, de sus luchas y de las deudas que el Estado aún no ha saldado con ellas. No es un detalle simbólico, es reconocer que la igualdad no cabe en un punto “varios” al final de la sesión.
También dimos un paso importante al institucionalizar una audiencia pública anual cada 25 de noviembre, centrada en la atención integral de la violencia contra la mujer, incluida la violencia política, que hoy está expresamente reconocida en la Ley 2453 de 2025. Esta norma no es un saludo a la bandera, obliga al Estado y a los partidos a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en política, para que ninguna concejala, diputada, lideresa comunitaria o candidata tenga que pagar con su dignidad o su seguridad el hecho de atreverse a participar.
Pero si algo nos recuerda el 25 de noviembre es que los discursos se caen cuando se enfrentan a la realidad de las cifras. El más reciente balance de la Defensoría del Pueblo, con corte al 30 de octubre de 2025, es contundente, en Colombia se registraron 375 noticias criminales asociadas a muertes violentas de mujeres, de las cuales 109 fueron identificadas como feminicidios y 266 como tentativas. A eso se suman 26 transfeminicidios, lo que demuestra que el odio también se dirige con especial crueldad contra las mujeres trans.
La fotografía es igual de preocupante cuando hablamos de violencias cotidianas. Entre enero y octubre de 2025 se registraron 12.818 casos de violencia sexual contra mujeres, más de 7.000 de ellos contra niñas y adolescentes, y 12.147 casos de violencia intrafamiliar que afectaron principalmente a mujeres adultas y menores de edad. En el mismo periodo, 158 mujeres fueron víctimas de trata de personas, 32 de ellas menores, y se denunciaron 122 casos de explotación sexual de niñas y adolescentes. Detrás de cada número hay un hogar fracturado, una niña que dejó de dormir tranquila, una mujer que tuvo que aprender a sobrevivir en medio de la culpa que no le corresponde.
Quisiera decir que el Huila es una excepción, pero no lo es. Este año, más de 4.100 mujeres en nuestro departamento han sufrido distintos tipos de violencia, física, sexual, psicológica, negligencia y abandono. Neiva concentra alrededor de 1.700 casos, seguida de Pitalito, Garzón y La Plata, y preocupa el aumento en municipios que antes registraban cifras bajas, como San Agustín, Campoalegre y Acevedo. En casi el 90% de los casos, el agresor pertenece al entorno familiar. Es decir, el lugar que debería ser más seguro se convierte, para miles de huilenses, en el espacio del miedo.
Si miramos la tasa departamental, el panorama también enciende alarmas. para 2025, el Huila presenta 114,2 casos de violencia de género e intrafamiliar por cada 100.000 habitantes, con registros en los 37 municipios. Aipe, Tello y San Agustín figuran entre los territorios con mayores tasas, mientras que municipios como Elías, Íquira y Colombia reportan menos casos, lo que no necesariamente significa menos violencia, sino muchas veces menos denuncia y menos presencia institucional.
Y luego están los nombres que no se pueden convertir en simple estadística, por ejemplo, en el caso de Kelly Johanna Plazas, desaparecida desde el 1 de marzo de 2024, una empresaria huilense cuya familia completa casi dos años de incertidumbre y dolor. Pienso en los feminicidios que han estremecido municipios como Acevedo, donde mujeres fueron asesinadas por sus parejas, y en las madres que han tenido que encender una vela donde debería haber una foto de cumpleaños.
En medio de ese panorama, sería injusto desconocer los pasos que sí se han dado. El gobernador Rodrigo Villalba ha promovido la creación y fortalecimiento de las Casas de la Mujer y las llamadas Casas Empoderadoras en municipios como Pitalito, San Agustín, Guadalupe, Neiva, Garzón y otras localidades, que hoy suman más de una docena de espacios para formación, emprendimiento y acompañamiento. Bien gestionadas, estas casas pueden convertirse en refugios de autonomía económica y redes de apoyo, especialmente para mujeres rurales que por años han vivido violencias normalizadas y silenciadas.
Sin embargo, la audiencia realizada en la Asamblea también dejó claro que todavía hay tareas sin resolver. La actualización de la Política Pública de la Mujer Huilense está en deuda desde 2024; las Casas Refugio, indispensables para proteger a mujeres en riesgo inminente, siguen siendo una promesa en construcción; y las campañas institucionales se concentran, muchas veces, solo en la violencia física, olvidando que el control económico, la violencia psicológica, digital y política también destruyen vidas. La Secretaría de la Mujer tiene la responsabilidad de acelerar la marcha y nosotros, como corporación, la obligación de hacer control político serio, con cronogramas, metas y presupuestos claros.
La nueva Ordenanza que aprobamos no puede quedarse en un acontecimiento. El día exclusivo para tratar la agenda de las mujeres debe ser, al mismo tiempo, un espacio para rendir cuentas sobre cuántas denuncias se atendieron a tiempo, cuántas medidas de protección se otorgaron, cuántas mujeres encontraron techo en una Casa Refugio, cuántas niñas dejaron de estar expuestas a su agresor gracias a una intervención oportuna. La audiencia del 25 de noviembre tiene que servir para escuchar a las organizaciones, pero también para medirnos sin maquillaje; qué se hizo, qué no se hizo y quién responde por esas omisiones.
Además, hablar de violencia contra las mujeres en el Huila implica reconocer que no todas viven el riesgo de la misma manera. Los datos muestran que las mujeres gestantes y las mujeres con discapacidad están entre las más golpeadas por la violencia en el departamento, y que las niñas y adolescentes concentran buena parte de las agresiones sexuales. A nivel nacional, las mujeres con orientación sexual e identidad de género diversa también aparecen como víctimas frecuentes de violencia intrafamiliar, delitos sexuales y trata, lo que nos obliga a ampliar la mirada: el machismo se cruza con la pobreza, con el territorio, con la edad, con el racismo y con la discriminación por identidad de género.
Como diputado, no quiero una Asamblea que se acuerde de las mujeres solo para tomarse la foto del 25 de noviembre, ni una que convierta este tema en un renglón más del protocolo. Quiero una corporación que se incomode con las cifras, que se deje interpelar por las historias de las lideresas que ayer nos dijeron, con toda razón, que las políticas públicas no pueden seguir quedándose en el papel. Una Asamblea que entienda que cuando una huilense denuncia y nadie la escucha, no estamos fallando solo como Estado: estamos fallando como sociedad.
El desafío es grande, pero no inalcanzable. Si somos capaces de convertir la sesión “Mujeres Opitas” y la audiencia anual del 25 de noviembre en espacios de decisión y no solo de discurso; si fortalecemos las rutas de atención, las Casas de la Mujer, las comisarías de familia y los equipos psicosociales en los municipios; si asumimos la Ley 2453 de 2025 como una herramienta real para proteger a las mujeres que se atreven a participar en política; si hombres y mujeres asumimos que la violencia no se justifica bajo ninguna excusa, entonces podremos decir que el Huila empezó a cambiar en serio.
Mi compromiso, después de lo escuchado, es no permitir que el 25 de noviembre se reduzca a una fecha en el calendario. Que cada velatón por una víctima nos recuerde que llegamos tarde, y que nuestro trabajo es lograr que no haya que encender más velas por mujeres que el Estado no supo proteger. Que ninguna huilense tenga que desaparecer para que reaccionemos, que ninguna niña tenga que normalizar el miedo, que ninguna lideresa tenga que elegir entre su voz y su vida. Esa es, al final, la medida real de nuestra dignidad como territorio.
que vivir sin violencia deje de ser un privilegio y se convierta, por fin, en un derecho garantizado para todas.
*Diputado Asamblea del Huila