Aunque la Plenaria del Senado había aprobado inicialmente la proposición para realizar la ceremonia de transmisión de mando presidencial en el departamento del Cauca, la viabilidad de dicho evento se encuentra en revisión.
La intención del mandatario electo, Abelardo de la Espriella, de llevar a cabo el acto institucional fuera de la capital del país se mantiene firme; sin embargo, las complejas consideraciones de orden público y seguridad han obligado a su equipo de trabajo a estudiar alternativas. La revisión responde a inquietudes manifestadas por delegaciones diplomáticas acreditadas y a consultas formales iniciadas desde el Congreso de la República.
En una comunicación dirigida a los mandos de la Fuerza Pública, el secretario general del Senado, Diego González, solicitó un diagnóstico detallado de seguridad para evaluar si existen garantías suficientes para la vida de parlamentarios, jefes de Estado e invitados internacionales.
La misiva subraya que, dada la trascendencia constitucional del acto, las autoridades deben adoptar salvaguardas operativas que aseguren la protección de los asistentes y el normal desarrollo de las funciones legislativas durante el juramento del nuevo mandatario. Ante las alertas sobre la situación en el Cauca, el círculo cercano de De la Espriella ha considerado de manera prioritaria a las ciudades de Barranquilla y Cali.
La capital del Atlántico surge como opción sólida por su infraestructura logística y por haber sido proyectada como sede alterna del nuevo gobierno. No obstante, Cali ha ganado terreno como alternativa principal. “Desde la campaña asumí un compromiso, y no se trata de un acto protocolario, sino de un homenaje a policías y soldados”, afirmó De la Espriella, quien solicitó a la Cámara de Representantes convocar la sesión del 7 de agosto en la capital vallecaucana.
El presidente electo anunció además que el primer consejo de seguridad de su gobierno se realizará en la Base Aérea Marco Fidel Suárez de Cali, reafirmando que la seguridad será prioridad nacional.
Mientras tanto, el Congreso prevé tramitar una nueva proposición para modificar el permiso inicial sobre la ubicación del evento. La candidatura de Cali ha reunido respaldos de diversos sectores políticos locales y regionales, quienes consideran que trasladar la posesión al Valle del Cauca enviaría un mensaje de respaldo institucional y de incentivo para la seguridad regional.
Paralelamente, la parte administrativa avanza sin contratiempos: se firmaron contratos logísticos por 5.950 millones de pesos para cubrir el protocolo de despedida del gobierno saliente, los actos de posesión y la transmisión televisiva nacional.
La Cámara debatirá el próximo 28 de julio la posibilidad de que la posesión se realice en una unidad militar, aunque voces como la de la senadora Jennifer Pedraza han advertido que los militares no deben participar en actos políticos.