Exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco
Por el entramado de corrupción que desvió recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Tribunal Superior de Bogotá dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a los exministros Ricardo Bonilla, de Hacienda y Luis Fernando Velasco del Interior.
La decisión sin precedentes que sacude la estructura política del país, fue dada a conocer este martes 18 de diciembre.
A pesar de que ambos exfuncionarios han sostenido su inocencia, el magistrado a cargo consideró que existen pruebas suficientes para inferir su participación en una red diseñada para "aceitar" la maquinaria legislativa mediante el uso irregular de dineros públicos.
La Fiscalía General de la Nación sostiene que los exministros no fueron observadores pasivos, sino piezas clave en una estrategia para asegurar la aprobación de reformas gubernamentales en el Congreso.
Son acusados de formar parte de una organización criminal que operaba desde el alto Gobierno.
Los delitos imputados son, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos
Según el Tribunal, los exministros no habrían actuado de manera aislada.
La tesis judicial apunta a que los recursos destinados a la atención de emergencias nacionales fueron utilizados como moneda de cambio.
El mecanismo descrito en las audiencias sugiere que desde el Ministerio de Hacienda se habrían facilitado traslados presupuestales hacia la UNGRD, mientras que desde el Ministerio del Interior se coordinaba con los legisladores cuáles contratos serían asignados a sus regiones de influencia.
"La gravedad de la conducta radica en el uso de fondos destinados a las poblaciones más vulnerables del país para fines de proselitismo y manipulación legislativa", señala apartes de la decisión judicial.
La decisión ha generado un terremoto político. Mientras que la defensa de Bonilla y Velasco insiste en que las acusaciones se basan en testimonios de "interesados" (como Olmedo López y Sneyder Pinilla) que buscan beneficios judiciales, el tribunal consideró que el riesgo de obstrucción a la justicia y la gravedad de los delitos ameritan la privación de la libertad.