Por Felipe Narváez
Docente Universidad Surcolombiana
Existe un fenómeno desconcertante que recorre la esfera pública digital: un coro unánime que, mediante insinuaciones directas o preguntas retóricas, exige la "expulsión" de la periodista Salud Hernández de Colombia. La ironía latente en este clamor es que proviene, en su inmensa mayoría, de perfiles que se adscriben a una izquierda ideológica, un espectro político que, en teoría, debería ser el primero en defender la universalidad de los derechos sobre el nacionalismo excluyente.
Con el debido respeto al disenso, es imperativo recordar una realidad legal que trasciende las pasiones del momento: Salud Hernández, independientemente de que sus opiniones resulten abrasivas para ciertos intereses, es colombiana. Su doble nacionalidad no es una nota al pie, sino un estatus obtenido de modo legítimo tras décadas de residencia y labor. Como tal, la ampara el Artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, que garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento; un eco directo del Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que define este derecho a la libertad de opinión y de expresión como inalienable, sin ser objeto de molestias a causa de sus opiniones.
Fuera del marco del debate de ideas acecha un orden turbio. Lo que presenciamos no es mera crítica, sino una manifestación aguda de la cultura de la cancelación: ese mecanismo contemporáneo donde el disidente no es refutado, sino invisibilizado y suprimido del espacio moral compartido. Como señala el filósofo Byung-Chul Han en La expulsión de lo distinto, la sociedad actual, dominada por el enjambre digital, ha perdido la capacidad de soportar la negatividad del "otro". En lugar de dialogar, el sistema busca expulsar todo aquello que no es idéntico a sí mismo.
Esta pulsión de expulsión nos acerca peligrosamente a lo que Hannah Arendt describió en Los orígenes del totalitarismo. Arendt advertía que el dominio totalitario no busca solo la sumisión política, sino la destrucción de la espontaneidad humana y la diversidad, imponiendo una única narrativa válida. Al exigir la deportación de una ciudadana por sus opiniones, la tribu digital replica esta lógica autoritaria: el objetivo no es convencer, sino eliminar la presencia del que piensa diferente.
Siguiendo la línea de Noam Chomsky, atacar a la persona por su condición civil en lugar de debatir sus argumentos constituye un facilismo intelectual y una falacia ad hominem (atacar al individuo para desviar la atención del argumento). Como sugiere Chomsky en su análisis sobre la estructura del debate público, la estrategia para controlar una sociedad no siempre es silenciarla a la fuerza, sino establecer límites estrictos sobre el espectro de opiniones aceptables.
Exigir la expulsión de Hernández no enriquece la democracia; al contrario, es un síntoma de prejuicios que evaden la confrontación dialéctica real: ese choque constructivo y razonado entre posturas opuestas que es indispensable para alcanzar un consenso sobre objetivos comunes. Lamentablemente, esta es una praxis lejana al ideal, pero existe inversamente vigente en nuestra cotidianidad colombiana un fenómeno al que he denominado: La Cultura del Atropello.
Defiendo estos derechos adquiridos con vehemencia porque son extensivos a los míos. Son los mismos derechos civiles, sociales y políticos que protegen a los colombianos en España y en el resto de Europa. Estos convenios de doble nacionalidad no son meros acuerdos de mercado; son pactos de hermandad entre Estados donde los ciudadanos hemos salido reivindicados. Nos otorgan la vasta oportunidad de la ciudadanía europea, un estatus que merece una defensa civil profunda y digna. Sugerir que la ciudadanía de Hernández es revocable a capricho pone en tela de juicio la seguridad jurídica de millones de colombianos en el exterior. Cualquier cuestionamiento a sus acciones debe procesarse a través de la ley, juzgándola como lo que es: una ciudadana colombiana.
Les recuerdo que habitamos —o aspiramos a habitar— una sociedad plural y democráticamente justa.
Ser de izquierda, en su acepción más noble, debería implicar una característica irrenunciable: el respeto radical por la dignidad humana. Esto significa la integralidad de ver al "otro" como un igual, fomentando la inclusión, la igualdad y la solidaridad sin egoísmos ante las diferencias. El enriquecimiento público nace de lo plural como elemento esencial de la civilización, no de la homogeneidad impuesta por lo que pretende una tribu digital, a la que hoy, más que nunca, se debe invitar a leer y pensar.
Referencias Bibliográficas
- Arendt, H. (2006). Los orígenes del totalitarismo. Alianza Editorial.
- Asamblea Nacional Constituyente. (1991). Constitución Política de Colombia.
- Chomsky, N., & Herman, E. S. (1990). Los guardianes de la libertad. (Trad. J. Beltrán). Crítica.
- Han, B.-C. (2017). La expulsión de lo distinto. Herder Editorial.
- Naciones Unidas. (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights