Alfonso Vélez Jaramillo
El tema de la seguridad ciudadana, es la necesidad más sentida y prioritaria que deben resolver, de manera armónica, las tres ramas del poder público colombiano.
Los alcaldes y gobernadores, al menos en el Huila, si trabajan en ese sentido, se nota el esfuerzo, pero el problema es tan grave que da la impresión de haberse salido de control.
Se necesita urgente una reforma a la política criminal colombiana, como política jurídica en el ámbito de la justicia penal y ciencia que permite aplicar la ley de forma eficaz en los casos concretos.
Es necesario y urgente una reforma para que los operadores judiciales puedan cumplir su tarea de protección a la sociedad.
Esa reforma debe ser presentada por el Gobierno al Congreso que hace la ley, sancionada por el presidente, la rama judicial ya puede actuar de acuerdo a las normas de procedimiento preestablecidas.
El deterioro de la seguridad y la tranquilidad es general en todo el país, no es exclusivo de alguna región, como ocurría hace algunos años.
Pero como estamos en campaña política polarizada, solamente le achacamos toda la responsabilidad de la situación al presidente, a los alcaldes y gobernadores. ¿Y al congreso y a los jueces qué?
En las entidades territoriales, el gobernador y los alcaldes si son los agentes del presidente para el orden público en cada territorio.
Pero nuestro derecho penal es garantista y la delincuencia sabe que prevalecen sus derechos humanos y los derechos que violaron de sus víctimas no.
En esas condiciones, los delincuentes están haciendo de la suyas robando y matando gente y poniendo en peligro la vida de las personas.
Según esta deducción, es más fácil salir de la cárcel que cometer delitos.
Cuando alguien en defensa propia da de baja un delincuente, ese si tiene que responder, inclusive, a duras penas logra resolver su situación jurídica, en virtud de que el derecho procesal es garantista.
Los tres poderes, el ejecutivo, la legislativo y el judicial, al fragor de la campaña política para presidente, parece no darse cuenta y deben reconocer, que el problema es mayúsculo y deben actuar ya.
Y se necesita esta reforma sin politiquería, debe ser una política de Estado renovarla de manera constante.
¿Qué gana la sociedad cuando un policía captura en flagrancia a quien cometió un delito y al otro día ya está en la calle cometiendo más violaciones? Nada.
Esto se da, gracias al permisivo sistema penal colombiano
Lo peor, casi todos los que detienen son reconocidos delincuentes y muchos están gozando de libertad condicionada decretada por un juez, pero vuelven a dejarlo en libertad.
Claro está, sin olvidar los abogados que saben los recovecos del derecho procesal penal y su política criminal y piden su libertad invocando la normatividad especifica.
Casi todo mundo le achaca lo males a los gobernadores y a los alcaldes municipales, especialmente en esta época de las campañas políticas.
Pero muy pocos piden una reforma a la justicia y especialmente al Código penal y al derecho penal procesal.
Y aunque no lo crean, la ley sobre el desplazamiento ha permitido, precisamente ese desplazamiento a personas a zonas donde no existían conflictos y se vivía en relativa calma.
O sea, el Gobierno nacional, trasladó el problema a las ciudades para que resuelvan las dificultades que no eran suyas, generadas desde Bogotá, que cada día recorta el presupuesto para seguridad.
El derecho penal colombiano, cuyos códigos no son tan viejos ya está poniéndose anacrónico, la delincuencia cada día descubre y aplica nuevas maneras de cometer delitos.
Algunos son nuevos o no están tipificados, o hay otros que están descritos de manera inadecuada, especialmente cibernéticos.
El país cambió en los últimos cinco años, por cuya razón es necesaria una reforma a la justicia desde la política criminal, la de hoy es una política criminal para *santos”.