Wilfred Trujillo Trujillo
Diputado Asamblea del Huila
Hay una pregunta que deberíamos hacernos antes de que termine este año: ¿estamos preparados para un Huila en el que la inseguridad siga aumentando? La pregunta no es exagerada ni pretende generar alarma. Es una pregunta que nace de los números, de los hechos recientes y, sobre todo, de una tendencia que empieza a repetirse. Durante 2026 el Huila ha visto crecer los homicidios hasta alcanzar cifras que ya superan las registradas durante todo el año anterior. A mediados de agosto, diferentes reportes señalaban alrededor de 170 homicidios en el departamento, diez más que los registrados en todo 2025. Las principales circunstancias asociadas a estos hechos eran las riñas, el sicariato y las acciones relacionadas con grupos armados residuales. Y Pitalito aparece una y otra vez en esa conversación. No por casualidad. Pitalito es hoy uno de los principales focos de preocupación en materia de seguridad en el Huila. En julio las autoridades ya hablaban de más de 40 asesinatos en lo corrido del año y advertían que una parte importante estaba relacionada con ajustes de cuentas. Pero lo verdaderamente preocupante no es solamente el número.
Lo preocupante es lo que ese número nos está diciendo sobre el futuro.
Porque cuando los homicidios aumentan, cuando aparecen fenómenos de sicariato, cuando se repiten las capturas de personas con antecedentes, cuando las economías ilegales encuentran espacios para crecer y cuando las instituciones terminan reaccionando después de cada hecho violento, existe el riesgo de que la inseguridad deje de ser una coyuntura y se convierta en una constante. Y una constante creciente es mucho más peligrosa.
Pitalito debería ser nuestra señal de alerta. No porque sea el único municipio con problemas, sino porque lo que ocurre allí se conecta con dinámicas que también encontramos en otros territorios del Huila. Neiva, Algeciras, Campoalegre, Suaza, La Plata y otros municipios empiezan a sentir las consecuencias de una transformación de las dinámicas criminales y de convivencia. La discusión, entonces, no puede limitarse a preguntar cuántos policías tiene Pitalito. Tenemos que preguntarnos más allá: ¿qué está cambiando en el Huila para que la violencia esté creciendo? La respuesta no es sencilla. Hay una combinación de factores. Está el microtráfico, están las disputas entre estructuras delincuenciales, está el sicariato, está la presencia y movilidad de actores armados, están las armas ilegales, está la extorsión, está el consumo de alcohol asociado a riñas, está la intolerancia, está la reincidencia y está, además, un problema que pocas veces discutimos con suficiente seriedad: la capacidad institucional no está creciendo al mismo ritmo que las amenazas.
Ese puede ser nuestro verdadero problema. Porque mientras las modalidades delictivas evolucionan, muchas veces seguimos respondiendo con las mismas herramientas. Más patrullajes, más requisas, más operativos, más consejos de seguridad, más comunicados. Todo eso es necesario, pero puede no ser suficiente. Una sociedad no derrota una tendencia criminal simplemente reaccionando cada vez que ocurre un delito. La derrota cuando logra anticiparse. Y ahí es donde el Huila tiene una deuda.. No podemos esperar a que asesinen para investigar. No podemos esperar a que aparezca una estructura criminal para empezar a buscarla. No podemos esperar a que aumenten los robos de motocicletas para revisar las redes que comercializan esos vehículos. No podemos esperar a que lleguen las extorsiones para proteger las zonas productivas. No podemos esperar a que la violencia se consolide para intervenir los territorios. La seguridad debe anticiparse.
Y eso exige inteligencia. Muchísima más inteligencia.
Porque el crimen organizado no se combate únicamente con presencia física. Se combate entendiendo cómo funciona. Quién financia, quién transporta, quién vende, quién amenaza, quién lava dinero, quién presta las armas, quién recluta, quién ordena, quién ejecuta y quién termina beneficiándose. Cuando solamente capturamos al último eslabón, el problema reaparece. Por eso también preocupa que las propias autoridades hayan señalado que una mayoría de los detenidos en Pitalito cuenta con antecedentes judiciales. Aquí hay otra discusión que no podemos seguir aplazando. La seguridad no termina con una captura. Una captura es apenas el inicio. Si una persona con múltiples antecedentes vuelve a delinquir una y otra vez, tenemos que preguntarnos qué está fallando en la cadena de justicia.
Pero hay algo todavía más preocupante: la inseguridad está empezando a tener una dimensión económica. Y esto debería preocupar especialmente al sur del Huila. Pitalito no es solamente uno de los municipios más importantes del departamento. Es un centro económico regional, es un territorio cafetero, es un punto estratégico de conexión con Cauca, Putumayo y Caquetá, es un corredor de mercancías, personas y productos. Y precisamente por eso la seguridad del municipio no puede analizarse como un problema exclusivamente urbano. Lo que pasa en una vía rural también afecta al comercio. Lo que ocurre en una vereda también afecta al productor. Lo que sucede en una carretera también afecta al turismo. Y lo que ocurre en Pitalito termina teniendo consecuencias en todo el sur.
Estamos próximos, además, a una etapa fundamental para la economía regional: la cosecha cafetera. Miles de productores, recolectores, comerciantes y transportadores estarán movilizando dinero, café y mercancías. Ese movimiento económico también puede convertirse en una oportunidad para quienes viven de las economías ilegales. Por eso la seguridad de la cosecha no puede reducirse a aumentar patrullajes durante unas semanas. Tiene que existir una estrategia de inteligencia. Hay que proteger las rutas, identificar puntos críticos, prevenir extorsiones, controlar el transporte, acompañar a los productores, trabajar con las cooperativas y lograr que el campesino tenga confianza para denunciar. Porque si la economía crece pero la inseguridad crece más rápido, el desarrollo termina siendo una contradicción.
Y aquí aparece una de las grandes preguntas que debería hacerse el Gobierno Departamental: ¿estamos preparados para el escenario de seguridad que viene? No para el escenario que tenemos hoy. Para el que viene. Porque si las tendencias actuales continúan, es perfectamente posible que terminemos 2026 con una cifra de homicidios superior a la de 2025. Y si no modificamos las causas, 2027 puede comenzar con la misma tendencia. Eso es lo verdaderamente preocupante: que terminemos administrando las cifras en lugar de cambiar las condiciones que las producen.
Un consejo de seguridad puede bajar temporalmente algunos delitos. Un operativo puede desarticular una banda. Una captura puede sacar a un delincuente de circulación. Una cámara puede ayudar a resolver un crimen. Pero ninguna de esas acciones, por sí sola, cambia una tendencia departamental. Para cambiarla necesitamos una política integral. Y esa política debe tener, por lo menos, cinco componentes: inteligencia criminal, fortalecimiento de la justicia y lucha contra la reincidencia, control territorial especialmente en corredores rurales y municipios estratégicos, prevención de violencia asociada a riñas, alcohol, intolerancia y convivencia, e intervención social. Porque sería un error creer que todo se resuelve con Policía. La seguridad también se construye en los colegios, en los barrios, en las familias, en los escenarios deportivos, en los espacios públicos, en las oportunidades laborales, en la prevención del consumo de sustancias, en la recuperación de zonas abandonadas y en la capacidad de ofrecerles alternativas a los jóvenes antes de que una estructura criminal les ofrezca dinero.
Ese es el punto que muchas veces olvidamos. El crimen organizado tiene algo que el Estado muchas veces no tiene: capacidad de adaptación. Si un negocio ilegal deja de funcionar de una manera, encuentra otra. Si una ruta se cierra, busca otra. Si capturan a uno, reclutan a otro. Si aparece una cámara, cambian la modalidad. Por eso el Estado debe ser mucho más rápido, mucho más inteligente y mucho más coordinado. Porque una estrategia estática frente a un crimen dinámico siempre termina perdiendo.
Y el Huila no puede darse ese lujo. Tenemos que dejar de mirar la seguridad como un problema exclusivamente de las grandes ciudades. El sur del Huila también necesita una política de seguridad de carácter regional. Pitalito no puede trabajar solo. Acevedo no puede trabajar solo. Palestina no puede trabajar sola. San Agustín no puede trabajar solo. Isnos no puede trabajar solo. Timaná no puede trabajar solo. El crimen no respeta fronteras municipales. ¿Por qué debería hacerlo el Estado? Necesitamos compartir información, coordinar operativos, cruzar bases de datos, identificar corredores, intercambiar inteligencia y trabajar con las autoridades del Cauca, Caquetá y Putumayo. Porque Pitalito no es el final del camino. Es un nodo. Y entender eso puede ser determinante.
Pero hay algo que no podemos permitir que ocurra: que nos acostumbremos. Que cada homicidio sea una noticia durante 24 horas. Que cada captura sea celebrada durante un día. Que cada consejo de seguridad genere titulares durante una semana. Y que después volvamos a lo mismo. Porque el mayor peligro no es solamente que aumente la inseguridad. El mayor peligro es que disminuya nuestra capacidad de sorprendernos frente a ella. Una sociedad que se acostumbra al homicidio empieza a verlo como parte del paisaje. Una sociedad que se acostumbra al sicariato empieza a preguntarse quién era la víctima en lugar de preguntarse por qué alguien pudo asesinarla. Una sociedad que se acostumbra al hurto deja de denunciar. Una sociedad que deja de denunciar pierde información. Y cuando el Estado pierde información, el criminal gana territorio.
Ese círculo tenemos que romperlo. Todavía estamos a tiempo. Pero para hacerlo necesitamos reconocer una realidad incómoda: el problema de seguridad del Huila no parece estar estabilizándose. Por el contrario, los datos disponibles durante 2026 muestran una tendencia que obliga a actuar con mayor contundencia. Y si esa tendencia continúa, la inseguridad dejará de ser un asunto coyuntural para convertirse en uno de los principales problemas estructurales del departamento.
No podemos esperar a diciembre para descubrirlo. No podemos esperar a 2027. No podemos esperar a que los homicidios lleguen a una cifra que obligue a todos a reaccionar. El momento de anticiparse es ahora. Pitalito puede ser el punto de partida. No para señalarlo, no para estigmatizarlo, sino para convertirlo en el laboratorio de una nueva estrategia de seguridad para el sur del Huila. Una estrategia que combine inteligencia, tecnología, justicia, prevención, inversión social y presencia territorial.
Porque el Huila que queremos construir no puede ser un departamento donde la gente tenga que escoger entre salir o quedarse en casa por miedo. No puede ser un departamento donde el comerciante cierre temprano por temor. No puede ser un departamento donde el campesino dude en transportar su cosecha. No puede ser un departamento donde los jóvenes sean vistos como potenciales delincuentes en lugar de potenciales oportunidades. Y mucho menos puede ser un departamento donde cada nueva cifra de homicidios sea recibida con la resignación de quien ya está acostumbrado.