Por Sergio Trujillo - Diputado Asamblea del Huila
El debate de control político es necesario. Fortalece la democracia, obliga a la transparencia y nos pone a todos a responder con argumentos. Pero también exige rigor. Por eso, frente a los cuestionamientos del diputado Armando Acuña sobre el contrato de licores entre la Gobernación del Huila y la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), es mi deber como diputado responderle con claridad, punto por punto, como corresponde.
Primero: la supuesta “lesión” al bajar la utilidad del 19,1% al 11%. Esto, sencillamente, no es cierto. El contrato no se mide solo por utilidad, sino por dos componentes: utilidad y participación en impuestos. Lo que ocurrió fue un cambio estructural del mercado tras la sentencia C-032 de 2025, que abrió la competencia. A eso se sumó la Ordenanza 007 de 2025, que aumentó la carga impositiva. ¿Resultado? La utilidad baja, sí, pero el recaudo por impuestos sube significativamente. En 2025, la participación creció un 21%, compensando con creces la disminución de utilidad . No hay pérdida: hay adaptación inteligente a un nuevo mercado.
Segundo: el incentivo por producción superior a 2 millones de botellas. Aquí tampoco hay “gabela” como usted lo denunció. Ese incentivo ya existía desde el contrato inicial. Lo que se hizo fue ajustarlo a la nueva realidad. Además, es fundamental entender algo: la reducción al 9% solo aplica a las botellas que superan ese umbral, no a toda la producción. Es decir, se premia el esfuerzo adicional. En un mercado abierto, con al menos 20 nuevas empresas (aguardientes) compitiendo, este tipo de incentivos no es un regalo, es una estrategia para no perder mercado.
Tercero: la modificación y prórroga del contrato. ¿Era necesario? Absolutamente. El contrato original se firmó en condiciones de monopolio. Hoy estamos en libre competencia, fronteras abiertas para todos los aguardientes. Pretender seguir igual era condenar al departamento a perder ingresos y posicionamiento. La prórroga no fue improvisada, simplemente responde a recomendaciones técnicas, incluso de Fedesarrollo, que sugirió mantener el contrato mientras se obtiene información real del mercado para una futura licitación más sólida. Aquí hubo prudencia, no improvisación.
Cuarto: el supuesto incumplimiento del principio de planeación. Decir que no hubo planeación es desconocer los hechos. Sí la hubo, y rigurosa, incluso usted hizo parte como diputado: Se expidió la Ordenanza 007 de 2025 para proteger las rentas. Se realizaron estudios técnicos desde la Secretaría de Hacienda. Se contrató a Fedesarrollo. Se obtuvieron conceptos jurídicos externos. Se solicitó autorización a la Asamblea. Hubo concepto de interventoría. Como vemos esto no es improvisación, es un proceso técnico, jurídico y económico completo.
Quinto: el precio del aguardiente Doble Anís. Aquí hay un error de base al comparar productos distintos. El precio del licor depende del grado de alcohol. Si se comparan productos equivalentes -por ejemplo, aguardientes de 24 grados-, el Doble Anís resulta incluso más económico que sus competidores directos. Es decir, lejos de encarecerse, se mantuvo competitivo, que era precisamente el objetivo.
Le digo a mi colega Acuña, a quien respeto por su gran trabajo que hace desde la Asamblea, este no es un contrato debilitado como usted lo afirmó en plenaria, es un contrato que como lo indican las cifras, está ajustado a la realidad. Pasamos de un mercado cerrado a uno abierto, y la Gobernación, con la autorización de la Asamblea cuando yo estuve de presidente, tomó decisiones responsables para proteger las rentas del Huila, mantener la competitividad del producto y garantizar ingresos sostenibles.
Diputado Acuña, le reitero que el debate es bienvenido. Pero que sea con cifras reales, con contexto y sin cálculo político.