Eduardo Gutiérrez Arias
Creíamos que el desarrollo de la conciencia democrática del pueblo colombiano era tan alto, que el riesgo de un gobierno de extrema derecha que anunciaba destripar a la oposición de izquierda, reconstruir el Esmad que durante el estallido social del 2021 dejó a 80 jóvenes sin uno de sus ojos, cerca de 100 muertos y miles de heridos, además de los grupos paramilitares similares a las Convivir con tantos asesinatos y genocidios cometidos, era imposible. Que su candidato, cuyo mérito fundamental fue haberse vuelto rico como abogado de la mafia, pero sin ninguna experiencia en el servicio público, no podría ganar.
Pues resulta que esa derecha recalcitrante que hoy maneja todos los gremios del gran capital (ANDI, FENALCO, SAC, FEDEGAN, ANIF) e incluso algunos gremios de clase media como Fedecafé, terminó imponiéndose electoralmente por un escaso margen, recurriendo eso sí, a una de las inversiones políticas más altas en unas elecciones colombianas, que le permitió copar los medios de comunicación de masas para hacer la peor campaña de desinformación y falacias contra el gobierno de Gustavo Petro y contra el candidato del progresismo Iván Cepeda, convenciendo a medio país para votar por su candidato.
El presidente Petro ha formulado una demanda ante la Fiscalía General de la Nación por fraude electoral con el uso de algoritmos de una empresa israelí radicada en La Florida que al parecer manipuló el software electoral de la Registraduría manejado mediante contrato por la empresa privada Thomas Greg and Son de los hermanos Bautista y que el actual mandatario había solicitado regresar a manos oficiales como garantía de imparcialidad, pero cuya petición no fue atendida.
El ingreso de cerca de 850.000 sufragantes nuevos después de cerrado el proceso de cedulación, el extraño nombramiento de testigos electorales en Estados Unidos y España y la comprobación de muertos que aparecen sufragando, nos llevan a dudar de la imparcialidad electoral y la legitimidad del nuevo gobierno.
Si a esto le agregamos la historia de un sistema electoral tramposo en Colombia, como cuando se eligió a Laureano Gómez en 1949 o cuando se le robó el triunfo a la Anapo de Rojas Pinilla y se le entregó la presidencia a Misael Pastrana, generando en el primer caso una violencia con 300.000 muertos y en el segundo la creación del M-19 con otra etapa de violencia con miles de muertos.
El desconocimiento que anuncia el nuevo gobierno sobre la Constitución de 1991, que propone una democracia pluralista con respeto entre el poder y la oposición, diferente a dictaduras como la de Laureano Gómez o la del Frente Nacional que intentaron aplastar la oposición, el monopolio de las armas en manos del Estado prohibiéndose el intento de armar a civiles como lo hizo Uribe con las Convivir y hoy los vuelve a anunciar Abelardo de la Espriella, y el respeto a la soberanía nacional que queda en entredicho cuando se ha jurado cumplir dos constituciones diferentes: la nuestra y la de Estados Unidos.