Por Catherine Lozano Rodríguez
En un contexto de creciente vulnerabilidad y fragilidad, Colombia enfrenta una deuda pendiente en materia de gestión del riesgo y gestión de emergencias. Fenómenos naturales, socio-naturales y antrópicos como las inundaciones, los incendios forestales, las sequías y los accidentes industriales que involucran sustancias altamente peligrosas, no solo ponen en riesgo vidas humanas, sino que comprometen directamente el funcionamiento de sectores estratégicos para el país como energía, minería, transporte, oleoductos y química.
Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en el 2024, 1.032 municipios de Colombia se vieron afectados por la ocurrencia de fenómenos naturales, es decir, más del 93% del territorio nacional tuvo algún tipo de daño asociado, lo que implicó afectaciones a 2.088.057 personas y un incalculable número de daños e interrupciones en sistemas de producción vitales para el funcionamiento de la nación.
Un análisis de la OCDE advierte que, a pesar de la existencia de marcos normativos como la Ley 1523 de 2012, Colombia aún enfrenta dificultades estructurales en la implementación efectiva de políticas de gestión del riesgo, especialmente en la protección de su infraestructura crítica. Estos activos, esenciales para la continuidad operativa del país, a menudo carecen de planes de gestión del riesgo y planes de respuesta a emergencias correctamente analizados, diseñados y, sobre todo, implementados.
Ante este panorama, SACS Group, con más de 23 años de experiencia en América Latina, ha reforzado su papel como aliado estratégico para las organizaciones que buscan prepararse frente a eventos de alto impacto. Su enfoque integral alrededor de la gestión del riesgo y emergencias, considera servicios especializados en el análisis, reducción y tratamiento del riesgo y finalmente, en el diseño e implementación de la respuesta a la emergencia.
“El país necesita pasar de la reacción a la prevención. Fortalecer la preparación en sectores estratégicos no es solo una obligación operativa, es una responsabilidad ética. La vida, los ecosistemas y la economía dependen de qué tan listos estemos para responder”, afirmó Carolina López Pérez, gerente técnica para Latinoamérica de SACS Group
Con programas de capacitación que combinan simuladores a escala real, entrenamientos in situ y tecnología avanzada, SACS ha desarrollado un modelo de formación técnica ajustado a las demandas operativas más exigentes. Su alianza con instituciones como TEEX, Texas A&M respalda estos procesos con certificación internacional y alcance regional.
Solo en el último año, la compañía ha liderado más de 20 jornadas de entrenamiento en Colombia, dirigidas a trabajadores de sectores de alta exposición como energía, hidrocarburos, minería y logística. Estos ejercicios han fortalecido capacidades de respuesta ante escenarios críticos, con énfasis en control de incendios, evacuaciones organizadas, manejo de sustancias peligrosas y primeros auxilios industriales
Adicionalmente, SACS ha acompañado técnicamente el diseño y actualización de más de un centenar de planes de gestión del riesgo y planes de emergencia y contingencia en diferentes sectores de la industria, integrando mapas de impacto de sucesos, planes de intervenciones correctivas y preventivas del riesgo, simulacros realistas y entrenamientos especializados a cada tipo de operación crítica. Esta experiencia ha consolidado su posicionamiento como un socio estratégico en la construcción de organizaciones más resilientes y preparadas.
“Nuestra misión no es sólo reaccionar ante una emergencia. Es preparar a las empresas para anticiparse, responder con eficacia y proteger vidas y activos en cada fase del riesgo. Eso solo se logra con entrenamiento riguroso, tecnología aplicada y una cultura activa de prevención”, concluyó Carolina López.
Frente a un escenario de amenazas cada vez más complejas, fortalecer la preparación no es solo una necesidad operativa, sino una estrategia país. Invertir en prevención, formación técnica y gestión del riesgo debe convertirse en una prioridad compartida entre el sector público y privado para proteger lo que más importa: la vida, el territorio y la continuidad de Colombia.