La Sala de Casación Penal dejó en firme la sentencia de 128 meses de prisión contra la auxiliar contable Claudia Liliana Espitia Garrido, tras determinar que el desfalco de $1.889 millones fue un hurto continuado y no una estafa. La procesada, quien se encuentra prófuga en Estados Unidos, agotó sus recursos legales, dejando la extradición como el camino inminente.
Claudia Liliana Espitia Garrido
La Corte Suprema de Justicia puso punto final a la controversia jurídica al confirmar la condena contra Claudia Liliana Espitia Garrido, rechazando los argumentos de la defensa que intentaban clasificar el delito como una "estafa" para reducir la pena. El alto tribunal fue contundente: al no existir una disposición patrimonial voluntaria por parte de la Universidad Corhuila, se trató de un hurto agravado y continuado, facilitado por la falsificación de documentos privados. Los magistrados desestimaron cualquier duda sobre la participación de la acusada, subrayando que la sentencia se construyó sobre un acervo probatorio robusto, incluyendo peritajes dactiloscópicos y grafológicos que la vinculan directamente con el cobro de los cheques.
El desfalco, detectado inicialmente en 2013, operó mediante una sofisticada red interna que logró drenar fondos institucionales usando 391 cheques fraudulentos. El modus operandi no dependió de errores bancarios, sino de la manipulación interna: mientras la tesorera facilitaba las chequeras y validaba los pagos mediante confirmaciones telefónicas, otros implicados manipulaban el software contable. Espitia Garrido, actuando como beneficiaria y endosataria, se encargaba de hacer efectivos los títulos que portaban sellos y firmas del rector, las cuales resultaron ser imitaciones perfeccionadas. Las entidades bancarias fueron calificadas por la Corte como "terceros instrumentales", pues fueron engañadas bajo un protocolo que parecía legítimo gracias a la complicidad de los funcionarios internos.
Con la inadmisión del recurso de casación, la condena de más de diez años de prisión quedó en firme, cerrando prácticamente toda vía de apelación ordinaria. Espitia Garrido, quien se encuentra declarada como persona ausente y reside actualmente en una zona exclusiva de Doral, Florida, enfrenta ahora una situación legal irreversible. Dado que la sentencia es de cumplimiento obligatorio en un centro carcelario colombiano, las autoridades judiciales deben proceder formalmente con su solicitud de extradición, activando nuevamente la circular roja de Interpol para asegurar que la procesada responda finalmente ante la justicia.