La Contraloría General de la República abrió un proceso formal de responsabilidad fiscal por 3.640 millones de pesos contra el exgobernador del Huila, Luis Enrique Dussán, excolaboradores, el contratista y dos compañías aseguradoras, debido a graves irregularidades en la adquisición de seis carros de bomberos destinados a Neiva, Pitalito, Garzón, La Plata, Campoalegre y Rivera.
Según el ente de control, el proyecto —financiado con recursos de regalías bajo la calamidad pública de 2023— presentó fallas críticas desde la planeación, incluyendo la contratación de un supervisor sin experiencia y la entrega tardía de los vehículos dos años después de lo previsto.
El meollo de la decisión radica en que los vehículos entregados no corresponden a los camiones cisterna rígidos de doble eje exigidos contractualmente, sino a tractocamiones de un solo eje concebidos exclusivamente para arrastrar semirremolques.
De acuerdo con el Ministerio de Transporte y la Contraloría, las máquinas fueron transformadas de manera artesanal y con modificaciones en el chasis para soportar los tanques, una novación ilegal del objeto contractual que altera las condiciones de homologación de fábrica y compromete la estabilidad estructural y operativa de los equipos.
Esta actuación de la justicia fiscal contrasta fuertemente con la narrativa de la actual administración departamental, que el 31 de octubre de 2025 presentó los automotores como un éxito técnico y el fin de la crisis. Para la Contraloría, la ceremonia protocolaria de entrega no subsana el presunto detrimento patrimonial ni las improvisaciones técnicas detectadas, por lo que ordenó además un peritaje mecánico independiente para determinar el verdadero riesgo operativo de los carrotanques que hoy operan en el departamento.