En un contexto de máxima tensión, el jefe de la Registraduría reconoció fallas masivas en el proceso a solo horas de las votaciones. La declaración aviva las denuncias del presidente Petro sobre la vulnerabilidad del software y los antecedentes de votos desaparecidos en 2022.
Registrador Hernán Penagos
Durante la instalación de la misión de observación internacional, el registrador nacional Hernán Penagos lanzó una advertencia que sacudió el panorama político: el proceso electoral de este domingo 8 de marzo no estará exento de fallas. "Se van a cometer errores, cientos, pero no delitos", afirmó el funcionario, intentando blindar la legitimidad de la institución frente a lo que calificó como yerros humanos o técnicos inevitables. Sin embargo, en un país donde la transparencia del sistema de preconteo está bajo la lupa, sus palabras fueron recibidas más como una confesión de vulnerabilidad que como un ejercicio de honestidad administrativa.
Esta admisión de "errores masivos" cae como sal en la herida de los sectores que aún recuerdan el trauma electoral de 2022. En aquel entonces, al Pacto Histórico le "desaparecieron" inicialmente más de 600,000 votos en el preconteo, una anomalía que solo pudo ser corregida mediante escrutinios físicos y denuncias de testigos en ciudades como Pereira. El registro de jueces y notarios documentando cómo los votos ingresados simplemente no aparecían en las pantallas del sistema electoral de Thomas Greg & Sons sigue siendo el principal argumento de quienes exigen una auditoría profunda al código fuente, solicitud que la Registraduría ha mantenido bajo reserva.
La tensión institucional escala a medida que el reloj corre hacia la apertura de las urnas. Mientras el presidente Gustavo Petro insiste en que "solo el pueblo cuida el voto" y destaca la movilización de un millón de testigos electorales, la declaración de Penagos deja en el aire una pregunta crítica: ¿cómo diferenciará la ciudadanía un error técnico de una manipulación deliberada? Sin una respuesta clara y con el antecedente de fallas en la habilitación de puestos de votación y saboteos previos, la jornada del domingo se perfila como una de las más vigiladas y cuestionadas en la historia reciente de Colombia.