Dentro de los varios temas pendientes del país está avanzar en cumplir con uno de los puntos del Acuerdo de Paz de La Habana, la Reforma Rural Integral, y así adelantar una transformación agraria que resuelva uno de los grandes conflictos que han derivado en violencia. Es indiscutible la necesidad de una mejor distribución de la tierra para que más personas vivan, se beneficien de su cultivo y se genere productividad.
Por eso, desde distintos sectores ligados al campo ven con buenos ojos proceder, la apoyan, como los ganaderos, tan reacios en otras oportunidades. Sin embargo, hay que entender que se trata de recorrer un camino largo y tortuoso que exige planeación, capacidad de gestión, y financiación, entre otros aspectos. Hay bastantes ejemplos en la historia nacional de intentos similares de reformas agrarias que se quedaron a medias por las circunstancias, incapacidad del Estado, ‘zancadillas’ de terratenientes o porque los nuevos propietarios fueron incapaces de explotarlas consolidando un proyecto de vida.
Por eso, en el entendido que hay buena voluntad, nos preocupa que el Gobierno anuncie unos decretos, aún en borrador, para saltarse la Constitución y la Ley en busca de lograr sus propósitos, por bien intencionados que sean. Primero, el que prepara el Ministerio de Agricultura regulando el Artículo 61 del Plan de Desarrollo vulnera los derechos a la propiedad privada y al debido proceso. Lo que llama implementar “mecanismos para facilitar y dinamizar los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria” se traduce en una ‘expropiación’ exprés, aunque hablan de extinción de dominio. Se estaría vulnerando, además, los derechos a la propiedad privada y a la seguridad jurídica.
El segundo decreto, de la misma Cartera, tiene el objetivo de promover la organización y movilización campesina como mecanismo que reglamenta la conformación de los comités municipales (con atribuciones excesivas) por “la defensa de las conquistas sociales, económicas y políticas de las comunidades en el proceso de avance de la reforma agraria”. La convocatoria genera muchas dudas como que lo que propone ya está consagrado en la Constitución y es función del Estado garantizar su ejercicio. Y que se formule costearlas con recursos del Estado.
En resumen, el gobierno debe entender que hay voluntad de los propietarios en contribuir a la transformación de la tierra, pero debe proceder con sabiduría, concertación, sin amenazas, sin trasfondos políticos, ni alentar disputas. Tengo la esperanza de que esta manera se puede lograr lo que todos queremos, beneficiar realmente a quienes más nos importan, nuestros campesinos.