El sabor agridulce del final de un año y el comienzo de otro lo componen, entre otras cosas, las cuentas alegres que hacemos con nuestros propósitos cumplidos y las perspectivas retadoras. En medio del guayabo producido por las fiestas de fin de año, llegará el momento de hacer cuentas con los posibles ingresos económicos del año venidero. Amigo, ¿Cuánto tienes?, como la canción de Jorge Villamil.
Terminaba la década de los años 50 y el Huila registraba un lento y complejo proceso entre la tradición campesina y las modernas formas de la economía. El departamento era débil en asuntos comerciales. En parte, porque no se había desprendido de las formas primarias de producción agrícola. La industrialización, a excepción del montaje sencillo de molinos para la selección y empaquetado de arroz (Inicio de la agricultura moderna en el municipio de Campoalegre en los años 30 del siglo XX), no permitió a la región generar suficientes ingresos para apuntalar el crecimiento económico e ingresar en el camino de la modernización.
Entretanto, la producción cafetera, aunque ayudó al desarrollo de algunos municipios en infraestructura vial y de servicios, soportó una crisis profunda ante la caída de los precios internacionales. La producción petrolera, que pudo ser la salvación para la región, o al menos para los municipios que recibían regalías, tampoco facilitó al departamento plegarse a los procesos de integración nacional y de acumulación de capitales para la inversión social, sobre todo en educación y salud.
Para el año 1959, según el Anuario General de Estadística, el departamento del Huila, por ejemplo, contaba con cerca de 900 establecimientos manufactureros que atendían parte de la demanda interna dada su baja producción y el escaso número de personas empleadas.(Archivo Histórico del Tolima. Anuario General de Estadística, 1959. Imprenta Nacional. Pág. 401)
Con los crespos hechos
No obstante el preocupante contexto económico regional, algunos gobiernos seccionales se empeñaban en adelantar conversaciones que permitieran abrir nuevos mercados para la exportación de productos elaborados. En este sentido, se tiene noticia que una comisión norteamericana había incumplido su compromiso de visitar el municipio de Suaza, hacia donde deberían viajar los extranjeros en compañía del Secretario de Hacienda Departamental. El funcionario público tenía el propósito de convencer a la misión de norteamericanos sobre las posibilidades comerciales de los sombreros suaceños. (Archivo histórico de la emisora Radio Sur. Noticiero Momento regional. Noticia del 23 de noviembre de 1964)
En los municipios del Huila se registraba una difícil situación económica. Como si fuera poco, se sumaba un fenómeno de carestía en la oferta de productos de la canasta familiar. En el municipio de Garzón pasaban tragos amargos. De acuerdo con el Decreto 030 del 24 de septiembre de 1968, que reposa en el Archivo Histórico municipal, había prácticas de acaparamiento y especulación. Además de una escalada alcista en los artículos de primera necesidad. Las autoridades municipales consideraban alarmantes y constantes las alzas que negociantes inescrupulosos imponían en la plaza de mercado. No justificaban el alto costo de la carne vendida por libras al consumidor, porque las cifras recientes de las ferias ganaderas indicaban que el precio del ganado vacuno había bajado 200 pesos por cabeza. Al dictar las disposiciones de carácter policivo, el alcalde Marco Tulio Posso Muñoz fijó en seis pesos la libra de carne de res de primera y la de cerdo en seis pesos con cincuenta centavos. La libra de yuca se empezaría a expender a cincuenta centavos y la de arracacha en cuarenta centavos, el fríjol verde en un peso y el tomate en un peso con veinte centavos, la libra. El mandatario local no justificaba que siendo Garzón un municipio de vocación agrícola, por un plátano se pagara un peso e igual precio valiera una libra de yuca. Según el censo de 1964, la población rural de Garzón era de 43.343 personas, en tanto que los habitantes urbanos sumaban 26.664. (Historia General del Huila. Academia Huilense de Historia. Volumen 3. Director científico Bernardo Tovar Zambrano).
Pobreza y desempleo en Garzón
Ante el aumento del desempleo y por ende el crecimiento de la pobreza en Garzón, la administración municipal mediante el Decreto No. 106 del 26 de diciembre de 1974, debió reglamentar la economía informal de loteros, lustrabotas, coteros, fotógrafos, vendedores y músicos ambulantes.
A finales del año 1974, en Garzón sufrían por culpa de los altos costos en los productos de la canasta familiar. Varios obreros al servicio del municipio, remitieron un oficio al Concejo municipal para advertir que los ingresos de 35 pesos diarios no les alcanzaban para cubrir los costos mensuales que, según los trabajadores, generaban el acceso a alimentos, vivienda, educación, salud y vestuario. Para citar algunos productos de la canasta familiar y sus costos, las siguientes cifras: la libra de manteca costaba cinco pesos, una de café seis pesos, una libra de chocolate cinco pesos, y una libra de arroz dos pesos. Eran los datos que aportaban los trabajadores oficiales para llamar la atención de las autoridades locales. (Archivo Histórico de Garzón. Oficio remitido por los obreros del Municipio al Concejo municipal de Garzón, octubre de 1974). Los obreros también denunciaban que la tienda del Instituto de Mercadeo Agropecuario – IDEMA – instalada en el municipio, no garantizaba el suministro de productos y buenos precios para evitar la escalada alcista en la localidad. Los trabajadores oficiales pedían ante el legislativo local mayores beneficios en favor del “sufrido pueblo”.
Los obreros reclamaban de los concejales más apoyo a sus peticiones y les recordaban que con sus votos habían llegado hasta el órgano legislativo convencidos de que el gobierno de la llamada “Transformación Nacional” había sido una promesa esperanzadora. Los empleados hacían referencia al proyecto del Frente Social, ofrecido en campaña por los representantes regionales de Misael Pastrana Borrero, actual Presidente de la República.
Los firmantes de la reclamación habían consignado por escrito sus exigencias en papel sellado con timbre nacional que costaba tres pesos cada hoja. Hasta llegaron a considerar que la propuesta del Frente Social era un mito, un mero espejismo: “…no tenemos derecho a comer carne de res, sino escasamente una vez a la semana; y qué diremos de la leche, base fundamental de la alimentación para nuestros hijos. ¿Qué rendimiento intelectual puede dar un desnutrido, así haya escuelas por doquier?
En consecuencia, el día 4 de noviembre de 1974, el Gobierno local en Garzón decretó la integración del comité cívico de vigilancia de precios, pesas y medidas, al tiempo que garantizó el despliegue informativo de su gestión en la radio local. Mediante el Decreto No. 077, la administración municipal conformó el comité de la siguiente manera: la alcaldesa Mercedes Ramírez Cuevas, el secretario de Gobierno, Álvaro Chávarro Vargas, el Comandante del III Distrito de Policía, el Juez Segundo Superior, el señor Alcides Puentes (Defensa Civil), el Personero Municipal, el Inspector Nacional del Trabajo y Asuntos Campesinos, el señor Fabio Santana (Cooperativa de los empleados de las carreteras nacionales), Luisa Chacón (Sindicato Agrario), Luis Alberto Fajardo y Miguel Ángel Durán (ambos de la Asociación Central de las Juntas de Acción Comunal) y Luis Eduardo Restrepo y Olegario Macías Sánchez (representantes de las ligas de consumidores).
Según el Decreto municipal, las funciones de los integrantes del comité consistían en: “…colaborar con las autoridades competentes en la investigación de presuntas violaciones a las normas contenidas en el Código Penal que dicen relación con los delitos contra la Economía Nacional y los actos de acaparamiento y especulación indebidas”.
Las fotografías de este artículo fueron tomadas por el Alemán Horst Martin. El Museo de VÖLKERKUNDE DRESDEN las compró y hacen parte del archivo de las 16,059 fotos que tomó Martin en Colombia y Latinoamérica entre 1934 y 1942.