La población huilense de la segunda parte del siglo XX era en su mayoría rural. Los habitantes convivían con los principios clericales heredados de la Regeneración y bajo la imposición de las políticas anticomunistas de los años 30.

En el sur del departamento, los dirigentes del partido Conservador y la iglesia católica eran propietarios de grandes extensiones de tierras y de otros bienes urbanos. Por ejemplo, según el libro de actas de la junta municipal de catastro en San Agustín, Huila, el conservador Luis Eduardo Sánchez Muñoz tenía a su nombre 691 hectáreas en la finca Primavera en la vereda Canoas y 80 hectáreas más en la finca Marsella en la vereda Alto del Obispo. Las tierras habían sido heredadas de su padre Joaquín. El partido Conservador tenía sede en la carrera 14 No. 4-41 de San Agustín. El inmueble estaba cotizado en 3.500 pesos.

En cuanto a los bienes terrenales de la iglesia católica, el presbítero José Ignacio Córdoba Cruz poseía un lote de ocho hectáreas en la vereda La Estrella, una finca de 200 hectáreas en Naranjos y un lote más en la vereda La Cuchilla, avaluado en cinco mil pesos. La iglesia católica era dueña de una alfarería en el centro de San Agustín, de un lote ubicado en la calle primera con carrera segunda, otro lote en la vereda Naranjos, un lote en el sector de Lavapatas y otro más en la vereda Mortiño. El Archivo Histórico Municipal de San Agustín, Junta de Catastro, acta número 45 de septiembre 28 de 1943, deja ver que las propiedades parciales de la curia sumaban 16.500 pesos. Además, según el acta No. 57 de la Junta Municipal de Catastro, entre las propiedades no gravables de la iglesia se encontraban: el orfanato, el Colegio de La Presentación y la Casa Cural. Entre las propiedades gravables de la iglesia en San Agustín estaban: un terreno en la vereda La Cuchilla, la alfarería y cuatro lotes. Sumaban a los anteriores bienes, las tierras en las veredas Naranjos, Mesitas y El Mortiño. Estas últimas propiedades sumaban 17.200 pesos.

Los problemas terrenales

El sacerdote Jorge Eduardo Vargas Meza tomó posesión de la parroquia de San Agustín, Huila, en febrero de 1968 y a su cargo estaba la continuidad del proyecto evangelizador en la cabecera municipal y en 76 veredas que sumaban 1.310 kilómetros cuadrados con relieve montañoso y de difícil acceso. La población de San Agustín tenía 20.000 habitantes, aproximadamente. Sólo las comunidades que estaban sobre la carretera que conducía de San Agustín a Pitalito eran visitadas en carro. Las demás veredas recibían al sacerdote que se desplazaba en un caballo que le regaló el dirigente conservador Luis Eduardo Sánchez Muñoz. El sacerdote se había desempeñado como asistente del capellán en el Hospital San Miguel en Neiva. El conservatismo, representado por el laureanista Eduardo Motta Ortíz, lo recibió como el nuevo conductor espiritual. De acuerdo con la proposición de Motta Ortíz: “El Concejo Municipal de San Agustín, en su sesión inagural (sic), presenta atento y respetuoso saludo al reverendo padre Jorge Eduardo Vargas, digno párroco de esta localidad; y a todos sus colaboradores, admira y reconoce sus valiosísimos méritos como conductor espiritual y material de los pueblos que tienen la fortuna de ser dirigidos por él”. Al clérigo Vargas Meza le acompañaban los presbíteros: Ignacio Córdoba Cruz y Carlos Gómez Ortiz y el profesor Carlos Ramón Repizo Cabrera.

El primer problema que debió afrontar el recién llegado sacerdote no fue de tipo espiritual sino terrenal. El Gobierno departamental conminó al sacerdote a retirar el cerco que obstruía la construcción de la carretera que uniría el centro urbano de San Agustín con las veredas próximas a la finca del sacerdote en Naranjos. Lo anterior se apoya en el oficio enviado el 29 de marzo de 1969 por el alcalde Arturo Velasco al padre Jorge Eduardo Vargas y al señor Silvio Martínez. El documento que reposa en el archivo municipal menciona una orden emanada por la Secretaría de Obras Públicas del Huila.

Los problemas terrenales de la iglesia católica en el municipio de San Agustín se extendieron hasta bien entrados los años 70. El clérigo Vargas Meza dejó a un lado su vocación cristiana y demandó ante el Juzgado Promiscuo Municipal a la señora Alcira Silva Núñez. El representante de la iglesia acudió a la justicia terrenal para iniciar un juicio especial de restitución y lanzamiento que le permitiera recuperar las instalaciones de la casa campesina que habían sido arrendadas por el presbítero Carlos E. Manrique. Existe constancia de este hecho en el expediente que reposa en el archivo municipal bajo el número 822, F. 24 fte. Tomo 12 del Juzgado Municipal. San Agustín, julio 17 de 1970. Ni siquiera una carta enviada cuatro meses antes por el Obispo de la Diócesis de Garzón, había convencido a la señora Alcira Silva Núñez para que desocupara en el menor tiempo el domicilio. La mujer completaba un año sin pagar la suma de $30 mensuales de arrendamiento. El día 25 de agosto de 1970, el inspector de Policía, Olimpo Muñoz Sotelo y su secretario Jaro Muñoz Tello, acompañados de los agentes de Policía Servio Tulio Rodríguez y Luis Hernando Zapata, realizaron la diligencia de lanzamiento y entregaron el bien al mayordomo de la curia, Pastor E. Motta Manrique.

Sin perdón de Dios

De acuerdo con el Informe de conducción por hurto, originado por la subestación de Policía de San Agustín el 7 de abril  de 1971 y que reposa en el archivo municipal, Baltasar Toro Sotelo, natural de San Agustín, casado, analfabeto, agricultor, indocumentado y habitante de la vereda La Estrella, fue ingresado en prisión por haber hurtado más de medio costalado de batatas de la finca del padre José Ignacio Córdoba Cruz. En diligencia adelantada el día 10 de abril, José Baltasar Toro, 48 años de edad, indicó que había robado porque la necesidad de la familia y la pobreza lo habían obligado. El día 13 de abril fue condenado con detención preventiva en la cárcel municipal como presunto responsable del delito de hurto. Se le libró la correspondiente boleta de encarcelación y durante su reclusión fue alimentado por cuenta del municipio. Como el sindicado manifestó no saber firmar, por él lo hizo Paúl Ordóñez y actuó como personero el señor Alfredo Mazorra. Ese mismo día Adán Cruz recibió a nombre del reverendo padre José Ignacio Córdoba, el medio bulto de batatas recuperado.