Este 5 de agosto, la Contraloría General de la República, bajo la dirección de Carlos Hernán Rodríguez, reveló preocupantes irregularidades en la gestión de recursos de salud por parte de 24 Entidades Promotoras de Salud (EPS). 

La fiscalización realizada sobre el uso de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) ha sacado a la luz irregularidades que suman un total de $6 billones, destacándose prácticas inadecuadas en el manejo de fondos destinados a la salud.

El contralor Rodríguez presentó los hallazgos finales de un exhaustivo seguimiento que se inició con la publicación en septiembre de 2023 de un estudio sobre el uso de los recursos de la UPC. Este análisis reveló excedentes operacionales en las EPS que ascendieron a más de $6 billones en 2020, $3 billones en 2021, y $1.8 billones en 2022.

La actuación especial de fiscalización, centrada en el año 2020, encontró que las EPS estaban utilizando recursos actuales para saldar deudas antiguas. 

La Contraloría considera que esta práctica constituye una indebida apropiación de recursos, dado que las deudas de las EPS con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) son obligaciones privadas y no deben ser cubiertas con fondos destinados a la salud. 

En total, se identificaron pagos de servicios de salud correspondientes a vigencias anteriores por $5.4 billones.

Uno de los casos destacados es el de la EPS S.O.S., que pagó con recursos excedentes de 2020 deudas por $86 mil millones de pesos de periodos comprendidos entre 2003 y 2015, cuando las obligaciones ya estaban prescritas o las acciones judiciales habían caducado.