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.::Revista La Región::. - Elementos filtrados por fecha: Marzo 2019

 

El municipio de Pitalito concederá descuentos hasta del 70 por ciento de intereses por concepto de deudas atrasadas de los impuestos municipales y de arrendamientos de la plaza cívica, de 2018 hacia atrás.

Así lo consignó el concejo municipal en el acuerdo aprobado el pasado 28 de febrero y que ahora pasa a sanción del alcalde y posteriormente a revisión en la oficina jurídica de la Gobernación del Huila.

El proyecto de acuerdo “Por medio del cual se faculta al Ejecutivo Municipal para modificar parcialmente el acuerdo 051 de 2014 y conceder beneficios temporales en el pago de intereses moratorios que se hayan generado en el no pago de impuestos , multas, tasas, sanciones y otros conceptos de naturaleza tributaria”, concede beneficios de la reducción del 70 por ciento del total de los intereses, si el contribuyente paga la totalidad de la deuda de impuestos antes del 30 de agosto de 2019 y del 50 por ciento de los intereses, si paga los impuestos en su totalidad antes del 31 de octubre de 2019.

El secretario de Hacienda, Jorge Tovar Valencia, entregó declaraciones a revistalaregion.com

AUDIO: 

 

Publicado en Pitalito

 

Por estos días las Comisiones Económicas del Congreso de la República analizan y debaten el extenso Plan Nacional de Desarrollo, un documento con más de mil 300 páginas, que contempla 183 artículos en once pactos que serán desarrollados en los próximos cuatro años de gobierno.

Quienes hemos estudiado dicho documento con juicio y detenimiento, vemos con preocupación varios puntos en distintos campos que, como lo hemos advertido, tienen ocultos micos en muchos artículos, en otros encontramos perlas, pero no preciosas. Suele suceder este tipo de hechos en textos tan extensos que son difíciles de identificar a menos que se lea en detalle cada renglón y cada artículo.

Por ejemplo, en las últimas disposiciones, en el artículo de derogatorias es muy preocupante que, mediante un artículo se deroguen y se echen al suelo avances legislativos  muy importantes como por ejemplo la Ley 1930 de 2018 o Ley de Páramos, o la ley 1931 de 2018 que estructura en Colombia el tema del Calentamiento Global, y una serie de avances de declaratorias, de zonas estratégicas, de protección de humedales, de reservas forestales, las echa abajo en el artículo de las derogatorias, por eso, invitamos a que el debate continúe de manera abierta, porque el Plan Nacional de Desarrollo no puede convertirse en un ataque a los avances ni de la descentralización, ni de los ambientalistas, ni de la gente que promueve en Colombia un desarrollo sostenible.

Ahora bien, la Paz está desaparecida en el Plan Nacional de Desarrollo, no existen disposiciones formales en el tema de implementación del posconflicto en lo que tiene que ver con tierras, acceso a tierras, formalización de tierras, el tema de crédito, el tema de infraestructura agropecuaria.

Tampoco existe claridad cómo se va a llevar adelante el tema de la sustitución de los cultivos ilícitos, solamente se cita la erradicación forzosa como la fumigación. Hoy la UNDOC en su más reciente informe establece que los campos de cultivos ilícitos que han sido sustituidos voluntariamente solamente se resiembra menos del 1% y cuando se aplica la erradicación forzosa se plantean o se desarrollan resiembras superiores al 35%, quiere decir que es más efectiva la sustitución voluntaria con proyectos productivos rentables para los campesinos que quieren tener ya una economía legal.

En el sector de minas, hidrocarburos y energía, hay una inversión superior al 11% y en materia de desarrollo agropecuario y agroindustrial solamente el 1.7% en el Plan nacional de Desarrollo para los próximos cuatro años. Algo realmente vergonzoso para uno de los sectores que tanto le aporta al país.

También la desaparición del Departamento Nacional de Planeación al concentrar en el Ministerio de Hacienda toda decisión en materia de inversión y con esto se acaba la asociatividad, la descentralización, por ejemplo, en las regiones de administración y planeación, se acaban prácticamente los OCAD´S regionales y locales, es decir, al acabarse Planeación Nacional se va a acabar toda esa fronda o ese avance en la descentralización.

Así mismo en la página 601 de las bases del Plan Nacional de Desarrollo, se hace referencia a los Planes de Abastecimiento de GLP y combustibles líquidos que elevarían su precio en los siete u ocho departamentos fronterizos a raíz de que será la UPME quien realice anualmente, el balance de oferta y demanda del GLP y combustibles líquidos con un horizonte de planeación de 10 años, decisión que estimularía prácticas ilegales como el contrabando.

Esperamos que esa gran conquista social adelantada desde el año 2012 y que hemos venido liderando año tras año en el Congreso de la República como son los subsidios al gas GLP o gas propano en cilindro se mantenga vigente y sus alcances no sean recortados, esto generaría una grave afectación a la economía familiar a más de 340 mil usuarios de los estratos 1 y 2 de los departamentos de Nariño, Cauca, Caquetá y Putumayo. Además, se crearía una seria amenaza medio ambiental debido a que muchas de las familias campesinas beneficiadas hoy, volverían a la tala de bosques para cocinar con leña y carbón, afectando por supuesto nuestros bosques del Macizo Colombiano y poniendo en riesgo su propia salud, ya que como es evidente, cocinar con leña genera enfermedades respiratorias.

Ahora en el artículo 87 aparece que muchas actividades de los particulares, de los usuarios de los servicios de salud, de los servicios financieros, de los giros postales y de otras actividades de particulares con entidades públicas tiene que someterse a la comprobación biométrica en un sistema que administrará la Registraduría Nacional y cuyos pagos serán asumidos por los particulares usuarios de los distintos servicios.

En conclusión, los giros que hoy se colocan a estudiantes o a otras personas que ya de por sí son costosos, pues en el momento hipotético que se apruebe este artículo, que esperamos que no pase, pues el incremento en el costo del giro subirá entre 3 y 4 mil pesos adicionales por la comprobación del dato biométrico, es decir de la huella dactilar a través del esquema que se pretende imponer.

Finalmente, otra de las perlas es la ausencia de oportunidades para la generación eléctrica en la región Pacífico, pues es de conocimiento público que con Hidroituango, el departamento de Antioquia concentrará el 70% de generación de energía en Colombia, en un solo régimen de lluvias, lo que traduce una clara inequidad en un Plan Nacional de Desarrollo que alardea por la equidad.

Estaremos muy atentos al desarrollo de los debates para alzar nuestra voz y para advertir de estas y otras perlas que ya hemos 

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Ecopetrol S.A., firmó con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, el primer contrato de Exploración y Producción (E&P) costa afuera (Offshore) bajo la nueva minuta para este tipo de contratos, que rige a partir del 1 de marzo y que reactiva la actividad petrolera en los mares colombianos.

El contrato, que es 100% Ecopetrol, corresponde al bloque COL 5, ubicado Costa Afuera del Sinú, en el Caribe colombiano, con una extensión de 400 mil hectáreas. El bloque está contiguo a los contratos Purple Angel y Fuerte Sur, donde la empresa realizó los más recientes hallazgos Offshore de gas: Kronos, Purple Angel y Gorgon.

Antes de convertirse en contrato E&P, este bloque era un Área de Evaluación Técnica (TEA), donde se llevaron a cabo estudios geológicos y geofísicos y adquisición de información sísmica, con el objeto de determinar la prospectividad del área.

Como resultado de este proceso, Ecopetrol decidió hacer la conversión a un contrato E&P. En esta primera fase se prevé realizar un nuevo proceso de adquisición sísmica y estudios especializados en geofísica. En fases posteriores se llevaría a cabo la perforación de pozos exploratorios.

Con la firma de este contrato, Ecopetrol suma participación en cinco bloques E&P en el Caribe Colombiano: Fuerte Sur, Purple Angel, Tayrona, RC12 y COL 5. Para este último bloque la Empresa contemplará la búsqueda de un socio estratégico para compartir riesgos e inversiones.

Publicado en Región

 

El Plan de Desarrollo del gobierno Duque, es una pieza diseñada para afianzar el modelo económico que ha imperado desde la apertura de Cesar Gaviria hasta la fecha; no hay una sola frase que recupere los derechos de los desamparados, por el contrario, es un articulado dispuesto para continuar desvalijando la precaria institucionalidad que queda y entregando recursos y manejo al sector financiero principalmente de asuntos vitales para la ciudadanía como la salud.

La subsección 4 pomposamente llamada “Equidad en Salud” dedica 13 artículos a reducir los aportes a los entes territoriales, a endilgarles la responsabilidad de atender con sus propios recursos cualquier servicio a población pobre, que no haya surtido algún proceso de afiliación y a la población migrante, a pesar de la precaria situación presupuestal, que se sabe viven la mayoría de Departamentos y municipios del país; el espíritu del articulado se enfoca en crear condiciones para que los hospitales y centros de salud públicos no puedan ejecutar la totalidad de los recursos asignados por el Sistema General de participación, dado que deben asumir por su cuenta los gastos de personal y generales, con el torvo propósito de que al final de la vigencia deban devolver estos dineros, para que se apliquen en Unidades de Pago por Capitación con destino a las EPS; es decir, que al carecer de personal medico que pueda formular, o requerir servicios de laboratorio o exámenes especializados, los recursos no podrán utilizarse y en consecuencia tendrán que reintegrarse a la nación.

Es de público conocimiento los desajustes del sistema general de seguridad social en salud, SGSSS, que se refleja en acreencias pendientes con las EPS y de estas con las IPS, el personal profesional y auxiliar en salud, proveedores que han dejado en el camino las EPS vigentes y las liquidadas; en el plan los artículos 133 y 134 se ocupan de este asunto entregando un salvavidas a las EPS quienes una vez concilien las cuentas a pagar a su antojo, canjearan las obligaciones pendientes con títulos de tesorería que emitirá el gobierno nacional, no se sabe a cuanto tiempo, por cuanto su valor no se incluirá en el presupuesto sino exclusivamente en el momento de su redención. Como es habitual en este tipo de operaciones, quienes terminen recibiendo los bonos, apurados por las deudas pendientes, los negociaran por un valor muy inferior al nominal con especuladores que aguardaran el tiempo que sea necesario para hacer un pingue negocio. Igual formula opera para las obligaciones pendientes de los entes territoriales. Poca salud mucho negocio financiero.

Publicado en Opinión

 

Un cabildo abierto ha sido convocado para este próximo 8 de marzo por el concejo de Pitalito con el fin de dar participación a la comunidad en el tema del proyecto de acuerdo “Por el cual se adopta la modificación estructural del plan de ordenamiento territorial del municipio de Pitalito Huila”. El evento tendrá lugar en el Centro Cultural Surcolombiano, teatro 'Teófilo Carvajal Polanía'. 

 

Pitalito, 01 de marzo de 2019 

CONVOCATORIA A CABILDO ABIERTO.

Con el fin de dar cumplimiento a lo consagrado en el Art. 2 de la Ley 507 de 1999. El cual dispone que:

“ARTICULO 2o. Los Concejos Municipales o Distritales, de conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Ley 134 de 1994, celebrarán obligatoriamente un Cabildo Abierto previo para el estudio y análisis de los Planes de Ordenamiento Territorial sin perjuicio de los demás instrumentos de participación contemplados en la ley.  “

Que según lo dispuesto en el Título IX, Artículo 81 de la Ley 134 de 1994 es oportuno y procedente realizar esta convocatoria en aras de garantizar la participación de todas las comunidades, toda vez que se va a debatir un asunto de interés a los residentes del Municipio de Pitalito – Huila, el cual estipula lo siguiente:

TITULO IX.

DEL CABILDO ABIERTO.

ARTÍCULO 81. OPORTUNIDAD. En cada período de sesiones ordinarias de los concejos municipales o distritales, o de las juntas administradoras locales, deben celebrarse por lo menos dos sesiones en las que se considerarán los asuntos que los residentes en el municipio, distrito, localidad, comuna o corregimiento, soliciten sean estudiados y sean de competencia de la corporación respectiva.

Por tanto, El Honorable Concejo Municipal del Municipio de Pitalito – Huila en uso de facultades y competencias Constitucionales y Legales se permite convocar a la comunidad Laboyana a que se hagan partícipe del Cabildo Abierto programado para el día 08 de marzo de 2019 en el Auditorio Teófilo Carvajal Polanía ubicado en el Centro Cultural Héctor Polanía Sánchez a partir de la 9:00 a.m.

De acuerdo con lo anterior, el tema a tratar es el proyecto de acuerdo “POR EL CUAL SE ADOPTA LA MODIFICACION ESTRUCTURAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA” “NUEVO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL MUNICIPIO DE PITALITO – HUILA” presentado por el Alcalde Municipal Miguel Antonio Rico Rincón a esta Corporación.

Para tal fin, los ciudadanos interesados en participar con inquietudes, propuestas, aportes, etc., en esta instancia popular deberán:

1 – Inscribirse personalmente en la Secretaría del Concejo Municipal de Pitalito, ubicada en la Calle 6 No 3-48 Piso 2 o registrarse en el correo electrónico   

2 – Inscribirse media hora antes de dar inicio al Cabildo, en el lugar indicado para su realización con el Secretario General del Concejo.

3 – Para la intervención de cada uno de los inscritos el Concejo Municipal de Pitalito determinará antes de dar inicio al Cabildo los Minutos para sustentar su participación y cinco (5) minutos para dar respuesta de conformidad con la Ley.

 

JUANITO ARANDA MURCIA

Presidente Concejo Municipal

Publicado en Pitalito

 

Cuando empieza a clarificarse en algunos sectores políticos la posibilidad de presentar candidatos propios o en coaliciones a la alcaldía de Pitalito, las tendencias en favor de determinados nombres van marcando las preferencias de la ciudadanía en torno a quién podría ser el alcalde de este municipio.

La llegada de Franky Alexander Vega Murcia, del partido conservador, abre el panorama para la selección de un nombre que lleve las banderas de este partido a la alcaldía. Con él, están otros nombres como Jorge Iván Cocunubo, de Alianza Verde y también entra en la lucha por el aval de ese partido, José Ader Castro.

Por el partido Centro Democrático están el médico Nelson Figueroa y el ingeniero Javier Valderrama, mientras que por firmas iría Yider Luna, quien tiene un amplio respaldo en sectores populares del municipio. Inicialmente se había indicado que su aval sería de Cambio Radical.

Otro que aparece en el escenario, es el exalcalde Germán Calderón, quien está conformando sus equipos de trabajo para enfrentar la campaña de cara a constituirse en el alcalde de los laboyanos.

El exgerente de la ESE municipal, Edgar Muñoz Torres, con aval de ASI es otro de los fuertes aspirantes a convertirse en alcalde de Pitalito. Tiene su trabajo y equipo. Sólo habrá que esperar como se desenvuelven los otros aspirantes para hacer el análisis con mayores elementos frente a estas candidaturas.

En el grupo amigos de la revista La Región.com vimos un sondeo de opinión acerca de las preferencias a la alcaldía y hay tendencias iniciales que favorecen a Yider Luna Joven, seguido de Franky Alexander Vega, muy cerca y de Edgar Muñoz, bastante distanciado.

Publicado en Política

 

Las refriegas que los medios de comunicación transmitieron, entre una población desesperada por recibir alimentos y la fuerza publica en el vecino Venezuela y la noticia del descalabro persistente del precio internacional e interno de la carga de café; inevitablemente nos trajeron a la memoria, las circunstancias que movieron la enorme movilización cafetera que se inicio en febrero de 2013 y que en agosto del mismo año se convirtiera en una rebelión generalizada de los distintos productores del agro; de lo frio y lo caliente, desde la papa, la panela, hasta el arroz.

Han transcurrido seis años, sin que el gobierno nacional se haya tomado el trabajo de adelantar políticas que alivien las penosas condiciones en que laboran miles de colombianos, que garantizan un plato de comida en nuestras mesas. Una rápida revisión de las condiciones que se presentaban en ese momento y las de ahora arrojan como conclusión que están peor.

El gobierno pretende situar los costos de producción de la carga de café en el mismo valor del 2013, cuando un galón de gasolina costaba $8.500 y ahora el mismo tiene un precio de $9.500; el peaje de un camión de dos ejes se situaba en $9.800 y ahora vale $14.100 elevando los costos de transporte; un bulto de urea se compraba por $58.000 y ahora no se consigue por menos de $75.000; algo similar ocurre con los fertilizantes, disparando los costos de producción; esto sin hablar del incremento de la canasta familiar y los impuestos.

La diferencia de la situación consiste en que, hasta esa época los caficultores habían sobrevivido vendiendo la vaquita, los marranos o pedazos de la finca, pero esos recursos con la quiebra del 2013 desaparecieron y estos años han acudido a endeudarse para tapar los huecos con los bancos, con una multiplicidad de instituciones que manejan el microcrédito a tasas de usura disfrazadas con cobros de seguros, visitas, asesorías, etc.; que generan tasas del 4% o más; así le han chupado la sangre estos años a los cafeteros; la agudización de la crisis que se viene por los bajos precios, presagia una orgia de remates y embargos que solo puede salvar una intervención decidida del gobierno nacional, alguna solución similar a la del PIC; pues el publicitado Fondo de Estabilización que tiene tramite en el Congreso no tiene el musculo  financiero que se requiere, excluye a miles de cafeteros que no están incorporados en la información de la Federación y el proyecto privilegia el negocio de las compañías de seguros, es un nuevo negocio para el sector financiero.

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Domingo, 03 Marzo 2019 00:00

El acueducto de San Agustín

 

Es preocupante que San Agustín figure entre los municipios del Huila con mayores riesgos de tener dificultades en el inmediato futuro en el suministro de agua al sector urbano. El aumento de la demanda del líquido debido el crecimiento de la población, el incremento del turismo y la infraestructura hotelera, son seguramente una de las causas del problema que la prensa ha venido registrando.

Decidí tratar este tema hoy, para contar algo que demuestra cómo la burocracia ignorante impide muchas veces encontrar  soluciones. Al asumir la alcaldía en 1995, la más grave falencia que encontré en materia de los servicios público fue el suministro de agua a la población. Llegaba unas cuatro horas al día y en algunos barrios solamente una vez a la semana. Acompañado de un grupo personas, entre ellas de don Gustavo Muñoz, decidí visitar los nacimientos de la quebrada El Quebradón la cual, desde 1971, viene surtiendo el acueducto municipal. Me llevé la sorpresa de que el bosque primitivo de la zona había sido talado unos 20 años atrás y reemplazado por árboles de pino trayendo como consecuencia que el agua desapareciera, debido a que el pino la absorbe por sus raíces y la expulsa hacia el aire a través de su follaje, convirtiendo los suelos en zonas áridas y afectando por consiguiente el suministro de agua. Envié una carta a la CAM para informar lo que había encontrado con la solicitud de autorización para tumbar los pinos y dar lugar a que el bosque natural recuperara ese espacio y aumentara la provisión de agua al acueducto. La respuesta fue negativa, con elogios al pino y tratándome hasta de ignorante en materia de bosques. Hoy es de todos conocido, dicho árbol es perjudicial para las fuentes de agua. Mi interés por tumbar esos árboles allí murió, pero con el mejoramiento de los canales de conducción y el funcionamiento de la planta de tratamiento, San Agustín volvió a contar con un acueducto eficiente.

Han pasado 23 años, la disminución del volumen de agua del Quebradón por los pinos en su nacimiento y la ocupación de la cuenca por cientos de familias, colocan a San Agustín ante una posible encrucijada por la falta de suficiente agua. Se deben adelantar estudios para empezar a enfrentar esta amenaza. Ojalá así lo entiendan los aspirantes a la Alcaldía.

Publicado en Opinión

 

El 4 de octubre del año 2012, la sociedad neivana se concentró en el auditorio José Eustacio Rivera de la ciudad de Neiva, convocados por la multinacional Emgesa. El motivo: Socialización del Plan Master de Aprovechamiento del río Magdalena, cuyo proyecto contemplaba para el Huila, la construcción de 9 represas desde San Agustín, hasta Bateas, una de las cuales, Betania, ya estaba construida. El Plan había sido firmado el 10 de mayo de 2010 entre Hidrochina, el Banco de Desarrollo de China, y la Agencia Presidencial para el desarrollo y la cooperación internacional de Colombia.

Grande fue la celebración, y semejante a lo sucedido hace muchos años, con el embajador de la India, muchos se deslumbraron, y apoyaron desde la presidencia de la república, congresistas, partidos políticos, alcaldes de la zona del proyecto, y otros funcionarios públicos del Huila, a la nueva embajadora que no venía de la India, sino de España: Emgesa.

Seguía en su turno la construcción de la segunda de las 9 represas de dicho plan, la represa del Quimbo. Contra viento y marea, y a pesar de la oposición y la lucha de las poblaciones afectadas, que se organizaron como asociación de afectados por la represa el Quimbo ASOQUIMBO, la represa se construyó. Fueron muchas las afectaciones que produjo esta represa, tales como: desplazamiento forzado de la población, la destrucción de la agricultura, desempleo, descomposición social, aumento de la prostitución por falta de oportunidades laborales, aumento de la temperatura, desertización de las zonas aledañas, desplazamiento de fauna silvestre, destrucción de las cadenas productivas, empobrecimiento de las comunidades, muerte de 11 adultos mayores, por afectaciones psicosociales, contaminación de las aguas, extinción de especies nativas de peces, etc.

Estas y muchas otras afectaciones se han presentado desde que inició la construcción de la represa, y a pesar de que la licencia ambiental contemplaba las compensaciones para los afectados, después de 10 años, y ya construida la represa, no han recibido las compensaciones, tales como adjudicación de tierras con riego, y otros.

Pero el fatídico Plan Máster, continúa avanzando, ahora, hacia el sur del Huila, hacia el macizo colombiano, donde nacen los ríos más grandes de Colombia: El Magdalena, El Cauca, El Putumayo y El Patía, hacia las tierras donde se cultiva el mejor café especial de nuestro país, territorio arqueológico de la cultura agustiniana, de asentamientos de comunidades de la etnia Yanacona, concentrados en los Resguardos El Rosal y Rumiyaco, y el Cabildo Intillagta; donde los campesinos productores se encuentran en una grave crisis por los bajos precios del café, y donde la pobreza y la exclusión, no dan tregua.

El Plan Máster proyecta la construcción de 9 represas: El QUIMBO, BETANIA (que están construidas) GUARAPAS, CHILLURCO, OPORAPA, PERICONGO, MANSO, BATEAS Y VERAGUAS, las cuales producirían más de 100 megavatios cada una. Las licencias ambientales para estas represas las asigna la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA, cuestionada por no aplicar el rigor técnico en sus decisiones, como ha sucedido con Ituango y El Quimbo, y por permitir que las empresas cambien una y otra vez los compromisos pactados en las licencias ambientales, afectado directamente a las comunidades.

Pero también, el Plan tiene proyectadas 50 pequeñas centrales, o microcentrales, las cuales ocupan grandes extensiones y producen menos de 99 megavatios.

Las pequeñas centrales o microcentrales, intervendrían los ríos Las Ceibas, Cabrera, Venado, Narváez, Bedón, La Plata, Páez, Suaza, Guarapas, Naranjo con una microcentral para cada río; y el rio Baché, tiene programadas 3 de ellas. Estas licencias las otorga la CAM, quien por motivos técnicos ha rechazado la solicitud de 14 microcentrales que han solicitado varias empresas.

Para detener las graves amenazas que generan estos macroproyectos, los movimientos ambientalistas, concejos municipales y algunos alcaldes, generaron acuerdos municipales, aprobados por los concejos municipales, siendo el concejo municipal de Pitalito, el primero en aprobar un acuerdo municipal en Colombia, seguido por Oporapa, Saladoblanco, Timaná, Acevedo, San Agustín y otros en el Huila, pero también más de 40 en todo el país.

El gobierno colombiano aliado y presionado por las multinacionales y los grandes capitales, consideró que los municipios atentaban con estos mecanismos consagrados en la constitución, a las corporaciones que tenían a Colombia, y al Huila en particular, como objetivo de invasión y despojo de las comunidades, y de sus bienes naturales comunes. El Ministerio de Minas, y La Agencia Nacional de Minería, demandaron los acuerdos aprobados en el Huila, y señor Tito Alejandro Rubiano, Juez Séptimo Administrativo del Huila, procedió a anularlos en primera instancia; se hicieron las respectivas apelaciones al Tribunal Administrativo del Huila, y se espera que actúen en concordancia, en defensa de nuestro patrimonio ambiental, social y cultural.

La estrategia de la demanda de los cuerdos municipales aprobados en el sur del Huila, aunada a la inclusión de la palabra CONCERTACIÓN de estos proyectos en el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Pitalito, tiene como fin, que en el municipio abra las puertas a la construcción de las represas de Chillurco, Guarapas, Oporapa, y la microcentral del río Guarapas, al igual que cientos de proyectos de minería a mediana y gran escala.

La represa de Oporapa, que actualmente se encuentra en licenciamiento, es denominada la represa del sur, porque ella inundaría grandes extensiones de 6 municipios: Tarqui, Oporapa, Saladoblanco, Elías, Pitalito, e Isnos.

Las veredas y corregimientos que se inundarían en cada municipio, de acuerdo con el proyecto de esta sola represa serían:

PITALITO: Corregimiento de la Laguna, Corregimiento de Guacacallo, las veredas Laguna Verde, Filo de Chiyurco, Vegas de Alumbre, Chircal, El Remolino, Barzalosa, La Unión, 7 de agosto, y El Mirador.

ISNOS: Vegas de Isnos, Bajo Magdalena, La Victoria, Cámbulos, Villa Nueva.

TARQUI: El Cedro, El Espinal, La pampa.

ELÍAS: EL Progreso, Oritoguaz, Laguneta, Fátima, Aguadas, San Vicente, Alto Oritoguaz, La Esperanza, y Gallardito.

OPORAPA: La Maica, San Ciro, Vega Grande, Alto San Francisco, Paraguay, Bellavista, El Carmen, Morelia y Fátima.

SALADOBLANCO: Las Moras, Las Mercedes, Oritoguaz, La Argentina, Picalinda, El Pedregal, Piedratajada, El Alto, San Rafael, El Paraíso y Pirulinda.

Se desconoce si estos proyectos son conocidos por nuestros gobernantes, o son ignorados, producto de la presión política que se estuviera ejerciendo sobre ellos, pero lo que es claro, es que gobernador, alcaldes, concejales, fueron elegidos por voluntad popular para que representen a los ciudadanos y escuchen y hagan cumplir la voz del pueblo.

En el artículo 55 que había incluido el anterior mandatario de los laboyanos denominado bases jurídicas para la defensa del territorio, en la que se prohibía la construcción de represas, expresaba:

ARTÍCULO 55. Se toman medidas para la protección de los Recursos Naturales frente a la explotación Minero Energética en el Municipio de Pitalito. Con fundamento en los Artículos 1, 2, 3, 103, 105, 287 y Numerales 3 y 7 del Artículo 313 de la Constitución Política de Colombia de 1991, el Artículo 51 de la Ley 134 de 1994, los artículos 5 y 6 de la Ley 388 de 1997, el inciso g del Artículo 4 de la ley 1551 de 2012, la Sentencia C-123/14, la Sentencia C-035 de 2016, y la Sentencia T-445 de 2016 de la Corte Constitucional. El presente Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Pitalito establece que corresponde a las autoridades municipales en cabeza del Alcalde y los Honorables Concejales y de los ciudadanos en general, la imperiosa necesidad de preservar la producción agrícola del Municipio, la Seguridad Alimentaria, los ecosistemas, los empleos directos e indirectos que genera, la vida comunitaria, la dignidad de sus habitantes y el derecho de los ciudadanos a decidir libremente su destino, así como la autonomía del municipio de Pitalito (Huila) sobre el uso del suelo, prohibiendo la construcción de represas y microcentrales, ante la amenaza de la destrucción del territorio al ejecutarse el Plan Maestro de Aprovechamiento del río Magdalena u otros proyectos hidroeléctricos, y la prohibición de la exploración y explotación convencional y no convencional de hidrocarburos, y de actividades de explotación minera mediana y gran escala, el almacenamiento y empleo de materiales nocivos para la salud y el medio ambiente, la utilización de las aguas superficiales y subterráneas del Municipio en dichas actividades que afectan y/o limitan el abastecimiento de agua potable para el consumo humano, la vocación productiva tradicional y agrícola de nuestra localidad.

PARÁGRAFO 1. Impulsar la investigación científico-técnica por parte de universidades, el Instituto Colombiano de la Energía y la propuesta de la Unión Sindical Obrera, sobre el cambio de la matriz energética que sustituya la energía fósil y las hidroeléctricas, y propender por la construcción de un nuevo modelo energético, soberano y autónomo que responda a las necesidades de las comunidades en sus territorios (solar, eólica, biomasa, geotérmica, etc.), fundamentado en la sentencia T-135 de 2013.

Sin embargo, en el POT radicado por la alcaldía al concejo municipal, alguien cambió la palabra PROHIBIR por CONCERTAR. Se desconoce el autor del cambio de palabra, pero es claro, que hay un interés en que quede la posibilidad de construcción de represas y otros macroproyectos en este municipio.

Consideramos de gravedad que se hayan realizado estos cambios, y que asesores del POT, manifiesten públicamente, que los concejales no tienen la potestad de prohibir proyectos que van en contra de las necesidades y de sus habitantes, y que afectarían el patrimonio ecológico y cultural de Pitalito.

La Corte Constitucional pone de presente dos facultades con que cuentan los concejos municipales para prohibir la minería:

  1. Constitución Política de Colombia numeral 7 para reglamentar el uso del suelo.
  2. Constitución Política de Colombia numeral 9, artículo 313, corresponde a los concejos municipales” Dictar normas sobre el control, prevención y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio”
  3. La Corte señala además que los municipios, al regular los usos del suelo, es decir, al adoptar y revisar los planes de ordenamiento territorial POT, y garantizar la protección del medio ambiente, es decir, la defensa del patrimonio ecológico y cultural, prevista en el numeral 9, del artículo 313 de la Constitución, los concejos municipales, pueden prohibir la minería.

Las comunidades residentes en el sur del Huila, instamos a los alcaldes de los municipios que se encuentran en grave amenaza de estos proyectos y a los concejos municipales, para que prohíban en los POT, EOT, PBOT, los proyectos mega mineros y la construcción de represas y microcentrales en sus municipios, ya que es el único mecanismo que nos deja el Estado corporativo, para defender a los campesinos, indígenas y a toda la población de los desastres sociales y ambientales que nos acechan. Le cumplan al pueblo que los eligió, que son parte de la última generación que puede cambiar el rumbo del planeta, que nuestros hijos, nietos y todas las generaciones venideras los recordarán como los defensores del agua y de la vida.

Publicado en Opinión

 

Ante la dirección nacional de su partido, el conservador inscribió esta mañana su candidatura a la alcaldía de Pitalito, el abogado Franky Alexander Vega Murcia.

La candidatura del señor Vega Murcia, nace del respaldo que le ofrecen las bases populares del partido conservador en el municipio de Pitalito que reclaman a un representante de esa colectividad que genere confianza para administrar este municipio de más de 150 mil habitantes.

Ahora la puja es por el aval, pues el presidente de la Dirección Nacional del Partido Conservador ha indicado que quiere que el conservatismo gane 300 alcaldías en el país y que una de ellas es Pitalito, con otro nombre que tendrá un aval diferente al conservador, señalan respetados dirigentes del partido azul en este municipio.

Franky Alexander Vega, señaló desde Bogotá, minutos antes de su inscripción, que cumple con los requisitos exigidos por los estatutos del partido y que, en consecuencia, se somete a la prueba de uno de los mecanismos de escogencia del candidato oficial, que es la consulta.

Otros precandidatos que estuvieron inicialmente en el partidor, con el fin de someterse al juego democrático que pregona ese partido, y al no encontrar garantías de imparcialidad, dejaron sus aspiraciones.

Al acto de inscripción, acompañaron a Franky Vega, los concejales de Pitalito, Obdulio Daza Torres y Leonel Alvarado, cercanos a la exalcaldesa Gladys Canacué Medina y el también exalcalde Pedro Martín Silva.

Publicado en Política
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