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.::Revista La Región::. - Elementos filtrados por fecha: Octubre 2019

El director de la Unidad para las Víctimas recibió con beneplácito el anuncio del presidente Iván Duque, de la iniciativa que será presentada ante el Congreso, con la prórroga de 10 años para la Ley 1448, que permitirá reparar a los sobrevivientes del conflicto que aún no han recibido su indemnización.

Ante el anuncio hecho por el presidente de la República Iván Duque Márquez de que en los próximos días se radicará en el Congreso el texto del Proyecto de Ley con el cual se busca prorrogar la Ley 1448, norma que tienen vigencia hasta 2021, el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, dijo que “esto ratifica el compromiso de este Gobierno con las víctimas del conflicto para garantizarles a todas la atención y la reparación”.

El texto, que según el presidente será radicado con mensaje de urgencia, es decir que la iniciativa tendrá que ser tramitada con prioridad por las comisiones primeras y las plenarias del legislativo, permitirá avanzar en la reparación e indemnización de 7.7 millones de víctimas que aún no la han recibido.

Según el Registro Único, en Colombia existen 8.816.034 víctimas del conflicto que representan el 17,7% de la población y de las cuales se han reparado 1.2 millones de personas. 

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Función Pública ha emprendido la fase de divulgación del proyecto de decreto que fija los lineamientos para que las entidades públicas vinculen a sus plantas a jóvenes entre 18 y 28 años que no acrediten experiencia, de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, en su artículo 196.

 

En dicho apartado, se busca que las entidades que adelanten modificaciones a sus plantas garanticen que “el diez por ciento (10%) de los nuevos empleos no requieran experiencia profesional, con el fin de que sean provistos con jóvenes egresados de programas técnicos, tecnológicos y de pregrado”.

 

Así mismo, este documento contempla que las entidades públicas “deberán adecuar sus manuales de funciones y competencias laborales para permitir el nombramiento de jóvenes entre los 18 y 28 años graduados y que no tengan experiencia, o para determinar las equivalencias que corresponda, siempre y cuando cumplan con los requisitos del cargo”. Cabe destacar que estas disposiciones se extienden los empleos de carácter temporal.

 

 

El proyecto de decreto, igualmente, establece que en este proceso de vinculación de los más jóvenes al sector público, se dará prioridad a quienes “estuvieron bajo custodia y protección del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, siempre que reúnan los requisitos para el desempeño de los cargos”.

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Ponencia de la Oficina de ONU Derechos Humanos ante la Corte Constitucional de Colombia hoy en la Audiencia Pública sobre la Ley 1448 de 2011 (D-13170) -Sobre Reparación, restitución de tierras y derechos de las víctimas).

Intervención de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Audiencia Pública sobre la Ley 1448 de 2011 (D-13170)

Honorable Presidente, Magistradas y magistrados, invitados, buenos días.

La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (en adelante, la Oficina) valora y agradece la invitación hecha por la Honorable Corte Constitucional a la presente audiencia y en atención a los parámetros establecidos para la misma, la intervención se enfocará en el derecho a la reparación integral en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Mi nombre es Alberto Brunori. Mi asistencia a esta audiencia pública es en mi capacidad como Representante para Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estoy aquí para proporcionar a la Corte Constitucional información de forma oral e informal y sin estar bajo juramento.  Nada en mis comentarios debe entenderse como una renuncia, expresa o implícita de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas en virtud de la Convención de 1946.

I.  El derecho a la reparación integral en el derecho internacional de los derechos humanos.

De acuerdo a los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas”, aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas,la reparacióndebe ser “adecuada, efectiva y rápida, y tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional humanitario.  La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido”[1].

El derecho a la reparación integral tiene como fundamento jurídico internacional el derecho a interponer recursos y obtener reparaciones, consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo segundo, así como en otra gran cantidad de instrumentos internacionales de protección[2].

Para el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de Naciones Unidas, el derecho a la reparación cuenta con distintas dimensiones en las que se debe valorar su cumplimiento. La primera es la sustantiva. Aquí se incluyen las obligaciones estatales relacionadas con la adecuación de las medidas de reparación, es decir, su coherencia con el tipo de victimización sufrida, el daño causado y las características particulares de quien padeció la agresión[3].

La segunda dimensión es procesal. Esto corresponde con la obligación estatal de proveer recursos efectivos para que las víctimas puedan reclamar la reparación integral por las violaciones de derechos humanos[4]. En esta dimensión se vinculan los componentes de disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad que deben tener las medidas de reparación ofrecidas a las víctimas[5].

Esta dimensión ha sido ratificada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha dicho que: “si no se otorga una reparación a los individuos cuyos derechos del Pacto han sido violados, la obligación de proporcionar un recurso efectivo no se cumple”[6].

En contextos de graves y masivas violaciones de derechos humanos, y de conflictos armados internos, el derecho a la reparación integral es difícilmente garantizado por, únicamente, recursos judiciales. Se requieren de programas administrativos que constituyan recursos eficaces frente a las víctimas. El Principio 32 del Conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad de Naciones Unidas establece que: “también pueden proporcionarse reparaciones mediante programas, basados en medidas legislativas o administrativas, financiados por fuentes nacionales o internacionales, dirigidos a individuos y a comunidades”[7].

El Relator Especial ha dicho que “los programas de reparación son, en el mejor de los casos, procesos administrativos que, entre otras cosas, eluden algunas de las dificultades y los gastos asociados a los litigios. Para los demandantes, los programas de reparación por vía administrativa son comparativamente más favorables que los procesos judiciales cuando se trata de violaciones masivas, pues ofrecen resultados con mayor rapidez, entrañan menos gastos y tienen normas de prueba menos estrictas, procedimientos no contenciosos y una mayor probabilidad de obtener algún tipo de reparación”[8].

En el documento sobre Programas de Reparaciones publicado por la Oficina, se indicó que en: “sociedades nacionales que tratan de reparar graves daños y perjuicios infligidos como resultado de violaciones manifiestas y masivas de los derechos humanos, los Estados tienen la obligación moral y política de adoptar medidas reparadoras generales y de introducir programas detallados que ofrezcan reparación a categorías más amplias de víctimas afectadas por las violaciones”[9].

Para la Corte Interamericana de Derechos humanos “La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), que consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto factible, como ocurre en la mayoría de los casos, el Tribunal determinará medidas para garantizar los derechos conculcados o reparar las consecuencias que las infracciones produjeron.”  En consecuencia, la Corte:“ha considerado la necesidad de otorgar diversas medidas de reparación, a fin de resarcir los daños de manera integral, por lo que además de las compensaciones pecuniarias, las garantías de no repetición, medidas de rehabilitación y satisfacción tienen especial relevancia por los daños ocasionados.”[10]

Con relación a la vigencia de los programas de reparaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha planteado que “es preciso que el programa integral de reparaciones funcione como una política de Estado que le otorgue estabilidad y una vigencia sostenida en el tiempo”[11].

II. Sobre la complementariedad entre los programas de reparación y otras medidas de justicia transicional.

Los mecanismos judiciales y extrajudiciales y las medidas que integran la política de justicia transicional, abordan las causas y consecuencias del conflicto desde distintas dimensiones. Sin embargo, sus objetivos se encuentran interrelacionados y se refuerzan mutuamente para responder de manera integral a las expectativas de las víctimas y de la sociedad en general. De manera conjunta, dichos mecanismos cumplen objetivos mediatos y finales comunes. Los primeros, ofrecen el reconocimiento de las víctimas y sus derechos y fomentan la confianza; mientras que, los segundos contribuyen a la reconciliación y al reforzamiento del Estado de derecho[12].

De conformidad con los estándares internacionales, la implementación integral y secuencial de los componentes de justicia transicional, contribuye a que las diversas iniciativas sean comprendidas desde una perspectiva global, como intentos estructurados de hacer de justicia al pasado de violaciones cometidas frente a una aplicación aislada y fragmentaria[13].

Por ello, es necesario que las medidas de justicia transicional que han sido adoptadas no sean concebidas y aplicadas como iniciativas aisladas e independientes[14], sino que sean entendidas como parte de un sistema que pretende satisfacer de manera integral los derechos de las víctimas, generar transformaciones de diversa naturaleza, y evitar la repetición de los hechos. Bajo dicha comprensión, se reitera, la importancia de la articulación y coordinación entre el Sistema Integral y el Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

III. Conclusiones:

El derecho a la reparación integral ha sido ampliamente desarrollado en la normativa interna colombiana. Con la adopción de la Ley 1448 de 2011 se creó un sistema de reparación administrativa con enfoque de derechos que constituye un avance para la garantía de los derechos de las víctimas.

A la luz de las normas y estándares internacionales en materia de reparación integral descritas en los párrafos anteriores, la Oficina destaca que cualquier medida que se tome para reformar, derogar o ampliar el Sistema de Atención contenido en la Ley 1448 de 2011 debe dar cuenta de los avances alcanzados, con el fin de no reducir el estándar de protección de las víctimas. El principio de no regresividad del derecho internacional de los derechos humanos puede constituir una herramienta adecuada para valorar, si la pérdida de vigencia de la ley 1448 de 2011 impactará negativamente en los derechos de las víctimas.

También se debe valorar si la pérdida de vigencia de Ley 1448 de 2011 tiene impactos negativos en la adecuada implementación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición.

La Oficina reitera la importancia de la articulación entre el Sistema Integral y la institucionalidad de la Ley 1448 de 2011, para atender de manera integral los derechos de las víctimas del conflicto armado en el país. De manera conjunta, las instituciones que hacen parte de cada uno de los sistemas y en virtud de sus mandatos procuran: i) restaurar y dignificar la voz de las víctimas; ii) esclarecer los hechos del conflicto; iii) reconstruir el pasado, visibilizar los factores y las causas que originaron y profundizaron el conflicto; iv) reparar los daños individuales y colectivos sufridos por las víctimas y la sociedad en general; y v) realizar reformas dirigidas a garantizar la no repetición.

El funcionamiento articulado de ambos sistemas constituye una valiosa oportunidad para garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas, lo que contribuye de manera decidida a la construcción de una paz estable y duradera a través de la generación de transformaciones positivas en la vida de las víctimas y de la sociedad en general.

Reitero el agradecimiento a la Honorable Corte Constitucional por la invitación a la presente audiencia y ratifico la entera disposición de mi Oficina para contribuir con su encomiable labor cada vez que este Honorable tribunal considere pertinente y oportuna nuestra intervención. 

Cordialmente,

ALBERTO BRUNORI

Representante de la Oficina en Colombia de la

Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

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En una jornada nocturna, el candidato de la Verdad a la alcaldía de Pitalito Franky Alexander Vega Murcia, visitó a los comerciantes que laboran hasta altas horas de la noche en la ciudad.

A ellos les compartió sus propuestas de gobierno y escuchó sus inquietudes, sus problemas y aspiraciones.

Quiso compartir con ellos, que constituyen una importante franja de comerciantes, unos debidamente organizados y otros informales, en su mayoría mujeres cabeza de familia, jóvenes estudiantes que deben forzar su tiempo para trabajar y contribuir con el presupuesto para sus gastos.

 

El candidato Vega Murcia, se comprometió a ejercer su función de primer policía en la ciudad y el municipio para garantizar la seguridad y con ella el desarrollo de las actividades comerciales de estas personas que generan una forma de desarrollo para la ciudad y abren un espacio de empleo para el sustento de sus familias.

 

Franky Alexander Vega Murcia, invitó a franja de la población trabajadora de Pitalito a votar en conciencia en las elecciones del 27 de octubre para elegir a su alcalde y les mostró que él es esa mejor opción, que no ofrece dádivas a cambio de votos.

 

“Quiero un voto a conciencia de los ciudadanos, porque así combatimos la corrupción, poder ejercer el mandato con autoridad moral para entregarle resultados realizados a los ciudadanos laboyanos y los residentes que han sido acogidos en este valle de Laboyos”, concluyó el aspirante a la alcaldía de Pitalito, Franky Alexander Vega Murcia en su recorrido por los establecimientos comerciales y puestos de ventas nocturnas de la ciudad que irá a gobernar a partir del 1 de enero de 2020.

 

 

Publicado en Política

 

La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresa su profunda preocupación por los vacíos de acceso a la justicia en la masacre del Tandil, Nariño, perpetrada en 2017, y por los homicidios en contra de integrantes de los pueblos indígenas en el Cauca.
 
En ambos casos recomendamos respetuosamente una lucha efectiva contra la impunidad y redoblar los esfuerzos para superar las causas estructurales que originan la violencia buscando prevenirnuevos homicidios, y garantizar los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparacioìn y las garantías de no repeticioìn. 
 
Tandil
I. Sobre los avances para el esclarecimiento de la masacre ocurrida en la vereda Tandil del municipio de Tumaco, Nariño, el 5 de octubre de 2017
 
A dos años de la ocurrencia de la masacre que dejó 7 muertos y 22 heridos, las víctimas y los familiares siguen esperando que se garantice su derecho a la justicia.
 
La Oficina recuerda la importancia que tiene el acceso a la justicia como medida para prevenir la reiteración de este tipo de agresiones. La debida diligencia en casos de presuntas violaciones de derechos humanos reviste especial importancia para garantizar el acceso a la justicia. A su vez constituye un poderoso mensaje del rechazo social a la impunidad que está orientado a impedir la repetición de esto graves hechos.
 
La Oficina hace un llamado a las autoridades -judiciales y disciplinarias- para redoblar esfuerzos que permitan la investigación, el esclarecimiento pleno de los hechos y en su caso, la individualización y sanción de todos los responsables.
 
Pese a las acciones impulsadas por las autoridades y a la complejidad del caso, dos años después de ocurrida la masacre, aún persisten desafíos para garantizar los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas y sus familiares. A la fecha, los resultados de las investigaciones son exiguos.
 
En este contexto, es de particular importancia reiterar que conforme con las obligaciones derivadas del derecho internacional de los derechos humanos, el amparo efectivo de los derechos a la protección judicial efectiva y las garantías judiciales requieren que la investigación y el procesamiento de presuntas violaciones a derechos humanos sean tramitadas por autoridades de la justicia ordinaria.
 
A la luz de las normas y estándares internacionales, la jurisdicción penal militar carece de competencia para conocer conductas que puedan configurar graves violaciones de los derechos humanos.
 
Cauca
II. Sobre la situación del Cauca y los riesgos para la protección de los derechos de los pueblos indígenas
 
Pese a los esfuerzos realizados por las autoridades estatales, se han intensificado las agresiones en contra de los integrantes de los pueblos indígenas del Cauca. Los ataques incluyen homicidios, amenazas (individuales y colectivas) y atentados que se han extendido sobre la zona de Tierra Adentro (Nasa Cxha Cxha) y Caldono (Sat Tama Kiwe).
 
Durante septiembre y en lo que va transcurrido del mes de octubre, la Oficina ha recogido información sobre el homicidio de 9integrantes de los pueblos indígenas del Cauca, entre los que se encuentran: 2 integrantes de la guardia indígena; 1 autoridad tradicional; 1 líder de proceso juvenil y 5 comuneros.
 
Adicionalmente, se produjo:un atentado con arma de fuego contra una persona que se desempeñaba como autoridad (ex gobernador); la retención y presunta tortura del coordinador regional de la guardia indígena; amenazas individuales y colectivas frente autoridades, guardias y líderes quienes han sido declarados “objetivo militar”; el reporte de la desaparición de un niño indígena y el reporte de varios casos de reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales.
 
Este conjunto de afectaciones, individuales y colectivas, socavan la pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas.
 
Ante la reiteración de estos graves ataques, destacamos nuevamente la necesidad urgente de concertar con las autoridades de los pueblos indígenas, e implementar, medidas integrales y oportunas en materia de prevención y protección, en el marco de sus derechos a la autonomía y gobierno propio.
 
En especial urgimos que dichas medidas garanticen la protección efectiva de los derechos a la vida, a la integridad personal y cultural de los pueblos indígenas en condiciones de dignidad y seguridad en sus territorios. Así también se debe garantizar la investigación, esclarecimiento e individualización de los responsables de los hechos que sean de competencia de la jurisdicción ordinaria.
 
Finalmente, expresamos nuestra solidaridad con las víctimas y sus familiares y alentamos a las autoridades a realizar todos los esfuerzos para impedir que estos hechos queden en la impunidad.

Publicado en Judicial
Sábado, 12 Octubre 2019 00:00

Desempleo a la orden del día

 

El Departamento Nacional de Estadística  -DANE-, en su más reciente informe, entregó la cifra de desempleo en Colombia correspondiente al mes de agosto, cifra que se ubicó en un 10,8%. Esto refleja el grave y desolador panorama en materia de política pública de generación de empleo, pues desde el año 2010 no teníamos una estadística tan alta frente a éste penoso flagelo social.

 

Lo que traduce el informe del DANE, es que 300 mil nuevas personas perdieron su trabajo con referencia al mismo período del  año pasado, una cifra bastante preocupante, pues el número de desocupados hoy ya sobrepasa los dos millones 600 mil personas.

 

Factores que determinan esta hecatombe estadística hay muchos, el Gobierno se equivocó al dar tantas gabelas a los empresarios en rebaja de impuestos que sumados todos son billonarios recursos, a cambio se acordó que generarían más fuentes de trabajo y al sol de hoy pareciera que le hicieron conejo al Presidente Duque.

 

Algunos señalan el crecimiento del desempleo a la migración venezolana que, hace presión laboral a la mano de obra nacional, eso del todo no es cierto, ya el mismo director del DANE, Juan Daniel Oviedo, confirmó que los venezolanos que hoy están en el país sólo corresponden al 1,5% de la fuerza laboral nacional, lo que desvirtúa esa tesis.

 

La desaceleración económica que no permite el crecimiento de fuentes de trabajo según la Asociación Nacional de Instituciones Financiera ANIF, sostiene que obedece al incremento del salario mínimo en el 6%, tres puntos por encima de la inflación lo que congela cualquier intención de generar más empleabilidad, ellos lo catalogan como uno de los principales errores en las últimas tres décadas, de todos modos, por donde se mire, el panorama es muy gris para miles y miles de colombianos que hoy no pueden garantizar una mejor calidad de vida debido a la falta de ingresos.

 

Sectores como la construcción siguen “salvando la patria”, mientras que la industria de la manufactura y la agricultura sufrieron sensibles disminuciones de sus fuentes laborales, cada una con una disminución de unos 280 mil empleos.

 

En un país como Colombia cuya apuesta, incluso, es crecer económicamente por encima del 3%, con cifras de desempleo que superan el dígito es muy complejo que se logre un repunte de la economía cuando millones de colombianos no gozan de un trabajo digno.

 

Todos los días vemos en pueblos y ciudades la creciente informalidad que incluso invade el espacio público, esa informalidad que se toma también los sistemas masivos de transporte refleja la situación laboral del país. No podemos ser ajenos a esta realidad y tenemos que buscar fórmulas entre todos que contengan el avance acelerado del desempleo.

 

Hoy hombres y mujeres por igual son quienes pagan las consecuencias de un desempleo generalizado que afecta sobre todo a ciudades como Quibdó, Cúcuta y Valledupar, urbes que presentan las mayores tasas de desocupación laboral.

 

La falta de empleo indirectamente se refleja en el aumento de los índices de inseguridad, sobre todo en las ciudades mencionadas anteriormente, pues muchas personas ante el desespero de no tener un ingreso económico acuden a la ilegalidad, al robo, al atraco, en fin a muchas modalidades delictivas, las cuales rechazamos desde todo punto de vista.

 

Lo que tiene que hacer el gobierno, es replantear toda su política laboral, es generar megaproyectos de infraestructura que permitan la vinculación de mano de obra calificada y no calificada en todas las regiones colombianas, es modificar los favorecimientos a los empresarios en materia fiscal y de impuestos, a los ricos de éste país hay que ponerlos en cintura.

 

El gobierno nacional tiene el enorme reto de combatir el desempleo, que junto con la pobreza multidimensional que ya alcanza el 19% y la corrupción a gran escala son las amenazas que enfrenta el país y que con urgencia requieren soluciones definitivas.

Publicado en Opinión

 

El emblemático Juan Valdez y el carismático profesor Yarumo encabezan la lista de invitados especiales a la octava feria de café Huila y undécima versión del empresario cafetero que tendrá como sede la ciudad de Pitalito. 

Conferencias, degustación y catación de cafés, el show de Juan Valdez y el profesor Yarumo, show de barismo y feria de micro-lotes, son algunas de las actividades previstas para los días 01 y 02 de noviembre durante la realización de la octava feria de café del Huila y undécima versión del empresario cafetero sur huilense, que tendrá como sede las instalaciones de la Cámara de Comercio seccional Pitalito.

El evento de carácter regional tendrá una serie de invitados especiales entre los que figuran: Claudia Flotes, en representación de CENICAFÉ, quien será la encargada de orientar la conferencia “variedades productivas”.  También está confirmada la participación de Alberth Scalla, vicepresidente ejecutivo de INTL FC Stone (empresa global de servicios financieros) quien hablará acerca de la “tendencia mundial del mercado de café”.  

Otra importante conferencia ha sido denominada “proceso del beneficio del café como herramienta de diferenciación en la calidad de la bebida” que tendrá como ponente a la especialista Aída Peñuela, en representación de CENICAFÉ.  A todas las actividades anteriores, previstas para el primero de noviembre, se suma el show del profesor Yarumo y Juan Valdez, el concurso Yarumitos, la apertura oficial de la feria y la jornada cultural y artística. 

Para el segundo día de actividades se tiene establecida la siguiente programación: 

9:00 am foro de experiencias exitosas en el sector cooperativo con ponencias a cargo de Mauricio Rivera de Coocentral; Fernando Vargas de Cadefihuilla; y Asopep Planadas, Tolima. 

10:00 am Uso de la derribadora como innovación tecnológica en la recolección del café en Colombia, a cargo de Andrés Hurtado de Agrocafé. 

10:00 am Show de Barismo y campeonato de cafés filtrados en las instalaciones del SENA. 

11:00 am Innovación  tecnológica para la rentabilidad de la caficultura por parte de Alline Turati Pinhanlense

11:00 am Mesa de catación “aprenda a distinguir atributos y defectos”,  Mobil Cup Cadefihuila.

1:00 pm Concurso Juan Valdez infantil

1:30 pm Bingo cafetero con el profesor Yarumo

4:00 pm actos protocolarios: reconocimiento Yarumitos, Juan Valdez (niños), guadañadores, empresarios cafeteros y jóvenes catadores y baristas, concurso de recolector nueva tecnología (lonas y derribadoras) y concurso de calidad micro-lotes.  

La realización y organización de la octava feria de café del Huila y undécima versión del empresario cafetero sur huilense está a cargo de la administración municipal a través de la secretaría de desarrollo económico, el comité de cafeteros del Huila, el SENA, la Cámara de Comercio, Coocentral y Cafefihuila.

Publicado en Alcaldía

 

Tuvo lugar en Neiva los días viernes 11 y sábado 12 la Segunda Sesión de la Plataforma Departamental de Juventud con el acompañamiento de delegados de 24 municipios, para fortalecer sus derechos civiles y políticos.

Se adelantó un trabajo pedagógico con los jóvenes que cada día tienen más liderazgo en el departamento, y en la toma de decisiones, y en la construcción de agendas gubernamentales, institucionales, políticas y juveniles concertadas con la institucionalidad.

La Ley 1885 de 2018 expide el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, y reglamenta el Sistema Nacional de Juventudes, al definir como joven a toda persona entre 14 y 28 años cumplidos en proceso de consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural, que hace parte de una comunidad política y en ese sentido ejerce su ciudadanía.

De igual manera define las juventudes como segmento poblacional construido socioculturalmente y que manifiesta a unas prácticas, relaciones, estéticas y características que se construyen y son atribuidas socialmente.

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Se encuentran abiertas las invitaciones 013 y 014 de la Línea de Mejoramientos Rurales 2019 a fin de conformar listas de elegibles que habiliten proponentes para la contratación de obra e interventoría para adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de Instituciones Educativas Rurales, comedores y Residencias Escolares Priorizados

Los interesados deberán manifestar interés dentro de los cinco días habilites a la publicación, en la página web de Alianza Fiduciaria se encuentran los términos de condiciones contractuales de los procesos.

Invitación Abierta FFIE 013 de 2019

Invitación Abierta FFIE 014 de 2019

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Como un insumo fundamental de la nueva política catastral del país, el IGAC define y publica el mapa oficial de Colombia y los departamentos y municipios del país.

El examen periódico de los límites de las entidades territoriales permite al IGAC el suministro a los gobiernos nacional, y locales la información suficiente para la planificación, ordenamiento territorial y el barrido predial masivo.

Con la identificación geográfica, física, histórica, catastral y cartográfica desarrollada por el IGAC a lo largo y ancho del país, el Congreso de la República y las Asambleas Departamentales pueden aprobar los límites entre departamentos (Congreso) o entre municipios (asambleas), con base en las propuestas técnicas que les envía el instituto.

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