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07 Enero

Decisiones que afecta a los Laboyanos.

Escrito por  LIBARDO GÓME SÁNCHEZ

Veintitrés años cumplidos desde cuando se aprobó la ley 142 que regula el manejo privado de los servicios públicos, son tiempo suficiente para evaluar y concluir que ha sido un rotundo fracaso para las expectativas de los usuarios y una fuente altamente rentable para el capital transnacional.

A los primeros no les ha significado una mejora sustancial en la prestación de los servicios, que continúan teniendo fallos continuos en frecuencia y calidad, mientras que a los segundos les ha permitido obtener unas tasas de ganancia abusivas, que estruja los precarios ingresos de miles de consumidores aterrados, que esperan periódicamente la llegada del extorsivo recibo mensual.

Donde el servicio de acueducto, aseo y alcantarillado, así como de energía han sido entregados al capital privado, los padecimientos de la población se han multiplicado, casos como el servicio de energía eléctrica en la costa Atlántica con Electrocaribe, que llegó a niveles absurdos de ineficiencia por la voracidad de la compañía española que la controlaba, forzó al gobierno a intervenirla para prevenir la amenaza de una movilización social sin precedentes.

Ahora afronta el riesgo de verse obligado a indemnizar a la compañía extranjera, Gas Natural Fenosa, que demandó en tribunales internacionales, por una supuesta violación a las normas de confianza inversionista, que protege los intereses del capital, sin importar los perjuicios a la nación y a sus moradores.

Atentos a esta problemática, el comité pro defensa de los servicios públicos de Pitalito, coordinado por Roberto Imbachí y en compañía del vocal de control Luis Hernando Sánchez, han venido cuestionando decisiones de la Administración Municipal que lesionan los intereses de los laboyanos, como la reducción del mínimo vital en el consumo de agua de 20 M3 a tan solo 13 M3, incrementando la facturación a familias de bajos ingresos;  al mismo tiempo, el Alcalde,  viene promoviendo en el cabildo municipal la autorización para entregar a manos privadas el manejo del Alumbrado Público, a pesar de la experiencia negativa conocida en Neiva, que termino con sanción a  Diselecsa por sobrecostos a los usuarios y cobro de luminarias no instaladas; adicionalmente Planeación Nacional acaba de publicar  un estudio reciente en que advierte sobre la falta de interventoría y control, tarifas excesivas, ausencia de sistemas de medición precisos y carencia de plan de manejo ambiental en el 85% de las concesiones de Alumbrado Público a particulares en 703 municipios consultados. Razones sobran a la ciudadanía del Valle de Laboyos para oponerse al negocio del plan privatizador de los servicios públicos.

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