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19 Diciembre

Luego de 60 años, hemos avanzado, pero aún nos falta mucho

Escrito por  FLORA PERDOMO ANDRADE

 

Votar para una mujer en Colombia significó una lucha de muchos años. Creo que el primer gran logro de importancia en la búsqueda de la igualdad de oportunidades fue el derecho a elegir y ser elegidas, que se nos considerara ciudadanas sujetas de derechos.

Hay que recordar que para alcanzar esta meta se requirió en ese entonces de la presión de organismos internacionales pues desde 1946, la ONU había llamado la atención a todos los países de América, en cuyas Constituciones no estaba todavía establecido el derecho al voto femenino, exigiéndoles que actuaran de una forma razonable y acorde con los tiempos, pues este organismo consideraba que negar a la mujer el derecho al voto era perpetuar un estado de desigualdad social entre hombres y mujeres. Hoy sigue siendo las Naciones Unidas el organismo que se ha convertido en el principal aliado en los propósitos de las mujeres colombianas de seguir avanzando en los derechos políticos y lograr una mayor participación y reconocimiento social.

Fue hasta 1957 cuando se logra definir a través de reformas constitucionales la legitimidad del derecho a votar de las mujeres, una meta que se reconoce como el paso fundamental para los avances, lentos pero firmes que hoy nos han llevado a ser protagonistas de las grandes transformaciones del país.

Aunque se reconocen los avances en materia legislativa y constitucional, seguimos estando lejos, muy lejos de que los derechos políticos sean universales y plenos para todas las mujeres en Colombia; su ejercicio está mediado por un conjunto de condiciones que nos abre o que nos cierra posibilidades de gestión en la sociedad.

Así el acceso a la educación, la condición social y económica, el entorno político, la etnia y hasta la región de origen pueden acrecentar o disminuir las condiciones que nos permiten a las mujeres ejercer una ciudadanía plena. Esto sin contar con la violencia de género que elimina cualquier posibilidad de relacionamiento con lo público.

Para mirar nuestra realidad, basta con analizar crudamente las cifras que nos indican que solo el 22.5% de los cargos de elección popular son ocupados por mujeres y el 20.4% de las curules del Congreso de la República tienen titularidad femenina. Adicional a esto en el informe DANE del 2016, sigue prevaleciendo una desigualdad entre los ingresos de las mujeres en relación a los hombres de un 28% reflejando claramente las desigualdades existentes entre los dos géneros.

Tenemos que seguir trabajando para impulsar cambios culturales, sociales y políticos que contribuyan al ejercicio pleno y universal de nuestros derechos políticos.

La semana pasada se conmemoró esta fecha y ello nos permite realizar este balance a nuestro juicio corto, porque se han logrado cosas importantes, pero falta, pues el reto es seguir construyendo una democracia que nos incluya, que nos permita ganar más y mejores espacios, de ahí la importancia de que las organizaciones políticas nos abran más posibilidades para proyectar los liderazgos que se están gestando en las comunidades con mujeres valiosas y actuantes que son fundamentales y reconocidas en esos pequeños contextos y que necesitan además de una oportunidad, prepararse, formarse y liderar procesos al interior de los partidos y movimientos permitiendo que el reconocimiento de los derechos no quede reservado a unas pocas, sino que llegue a todas las mujeres a lo largo y ancho del país.

 

 

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