Jueves, 11 Febrero 2021 20:02 Escrito por WILLIAM CALDERON ZULUAGA -El Barquero, Bogotá
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La Barca de Calderón: El escándalo financiero de Estraval al parecer no es como lo pintaron

Como para alquilar balcón/ Habló el abogado

El 31 agosto de 2016 la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) destapó lo que entonces fue calificado como uno de los más grandes escándalos de corrupción financiera del país. Los titulares hablaban de un fraude de 400 mil millones de pesos contra las víctimas, personas en búsqueda de oportunidades legales para invertir sus ahorros y rentas de trabajo.

El pasado 24 de enero del 2021 una publicación de la Revista Semana destapó al mundo la verdad sobre Estraval y los intereses que se mueven en su entorno, mostrando el "conejo" millonario a las víctimas de esa "pirámide".

Habla William Villanueva

El prestigioso abogado William Villanueva, narró a La Barca de Calderón la evolución de los sucesos en torno al sonado caso ..."Durante la finalización del 2016, y a lo largo del 2017 y 2018, la prensa se ocupó de los avances que a diario arrojaba el proceso de intervención, informando sobre los recursos recuperados, ejecutivos de la compañía capturados en los aeropuertos con la participación de Autoridades de los Estados Unidos, un terreno de más de 100 hectáreas cercano al Aeropuerto El Dorado asegurado por la Superintendencia, y otras acciones para resarcir más de 4500 víctimas".

La Fiscalía

Según el propio abogado "La Fiscalía coincidió con la Supersociedades, en sostener que Estraval vendía contratos de libranzas inexistentes y títulos duplicados, estafando a los inversionistas, que incautos, entregaron sus recursos a cambios de activos ficticios. Los directivos principales de Estraval, Juan Carlos Bastidas y César Fernando Mondragón, junto con varios de sus administradores fueron puestos en custodia". 

La Corte Constitucional

Y continúa su descripción de los hechos el abogado Villanueva. "El 8 octubre 2019 la Corte Constitucional concedió la tutela T-467/19 al Banco Agrario que reclamaba 20 mil millones de pesos en pagaré libranzas que la Supersociedades no les acreditó en el proceso de liquidación de Estraval".

Los abogados de la Supersociedades en Estados Unidos

"En el 2017 una Corte Federal otorgó medidas cautelares a la Supersociedades asegurando algunas propiedades en Miami de los intervenidos. En mayo de 2020 la Supersociedades inició otra demanda en los Estados Unidos pretendiendo hasta 220 millones de dólares contra el Deutsche Bank AG de Alemania, por haber facilitado – dicen los abogados de la Supersociedades- la prolongación de las operaciones de captación ilegal en Estraval, al concederle en julio de 2015 un crédito de 25 millones de dólares, sin atender las banderas rojas que indicaban que Estraval desde el año 2014 mantenía un esquema Ponzi, y que era evidente que para el 2015 ejecutaba un plan fraudulento".

Despunta una realidad diferente.

Continua el abogado Villanueva... "En audiencia del 2019 la Fiscalía descubrió un CD de pruebas, cuyo contenido -hoy público- recoge el historial de cerca de dos años de actuaciones de la Superintendencia en Estraval, anteriores a la intervención de agosto 2016. Documentos que la Supersociedades custodia como confidenciales. Un memorando suscrito el 30 de agosto 2016 por el Superintendente delegado para procedimientos de inspección, vigilancia y control (SDIVC), desconocido por los intervenidos, recomienda la intervención y liquidación de Estraval por captación ilegal, con base en una auditoría contable elaborada por la Fiduciaria Agraria (Fiduagraria) en ejecución de un contrato, que suscribió el Agente liquidador designado por la Supersociedades como representante legal de Estraval".

"Según la SDIVC, la auditoría identificó contratos de venta de libranzas que no tenían asignados títulos de pagaré-libranzas. En otros contratos de venta, se identificaron títulos de pagaré-libranzas duplicados. La Auditoría estimaba el fraude en 400 mil millones de pesos".

"Los documentos en el CD muestran una gran coincidencia temporal entre la celeridad de la liquidación ordenada contra Estraval y el inicio de su proyecto de inversión en el lote de 100 hectáreas en la vecindad del Aeropuerto El Dorado. En solo tres meses, el proceso de Estraval ante la Supersociedades, pasó de reorganización, a liquidación por insolvencia y posteriormente, liquidación por captación ilegal. El proceso de intervención ha gravitado sobre las disputas por dicho lote, valorado en más de 174 mil millones en el proceso de intervención. Cuentan que su valor hoy rondaría los 3 billones de pesos por cuanto el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial – POT, del municipio de Funza donde está ubicado el inmueble, está ampliando la frontera urbanística"

Intervino el SDPI

Según Villanueva "Fue con base en dicha recomendación de la SDIVC, y haciendo mención al memorando del 30 agosto 2016 pero sin identificarlo y sin referirse a la auditoría de Fiduagraria, que el Superintendente delegado de procedimientos de insolvencia (SDPI), al día siguiente expidió el acto jurisdiccional que ordena la intervención y liquidación de Estraval y de todas las empresas del grupo empresarial, accionistas, directivos, administradores, revisores fiscales, contadores y algunos miembros de sus grupos familiares, por hechos de captación ilegal de dineros, con propósito de devolver los recursos captados".

"En julio de 2020 en respuesta a una demanda de reparación directa, la Superintendencia informa al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que solo pudo determinar la existencia de hechos objetivos o notorios de captación ilegal en Estraval con la auditoría de la Fiduagraria y apoyo del Agente Liquidador, el ciudadano Luis Fernando Alvarado Ortiz. Una realidad muy, pero muy diferente a la que dos meses atrás, en mayo 2020 le comunicó a la Corte de Bancarrotas de USA, una autoridad judicial internacional".

La Demanda ante la Corte Constitucional 

Cuenta el Jurista Villanueva que "Actuando en representación de los ciudadanos Juan Carlos Bastidas Alemán, Dolores Lucila Beltrán Juyar, sus dos hijos menores de edad al momento de la intervención, y Guillermo Alberto Londoño Hoyos, a finales del pasado mes interpuso demanda de nulidad ante la Corte Constitucional contra la sentencia T-467/19, por inadvertencia de hechos de relevancia constitucional, por consecuencia, cosa juzgada fraudulenta, protección del debido proceso, derechos intangibles del menor y de prohibición de confiscación,  protección de vida, salud, honra, dignidad, buen nombre, y comisión de presuntos crímenes de lesa humanidad".

Analizando la Demanda

"Dice la demanda que Fiduagraria es filial controlada del Banco Agrario, que el contrato de ejecución de la prueba fue suscrito 8 días después de que el Banco Agrario fuera admitido como afectado en la liquidación por insolvencia de Estraval, por lo cual la prueba única de captación resulta ilícita e inconstitucional.... Dice además, que los documentos del CD demuestran que el informe de auditoría de Fiduagraria se radicó el 29 de agosto 2016 en la Supersociedades, que al día siguiente Fiduagraria radicó un escrito de complementación ¨dando alcance¨ a su informe del día anterior, que ese mismo día la SDIVC expidió un complejo y extenso memorando interno que recomienda la intervención por captación ilegal en uso del decreto 4334 de 2008, y que ésta se decretó al día siguiente por la SDPI, por lo cual se violó el derecho de defensa y contradicción de los intervenidos, lo que además convierte la prueba contable en ilegal. En el trámite de la tutela T-467/19 el Banco Agrario y la Supersociedades ocultaron a la Corte Constitucional el rol principal que jugó Fiduagraria al elaborar la prueba reina de la intervención".

"Además de la nulidad de la sentencia de tutela, del proceso de intervención y reconocimiento integral de perjuicios a los intervenidos, se solicita el reconocimiento a las víctimas, que pasan a ser del Estado y no de Estraval. También se pide que la Corte Constitucional ordene suspender el proceso en la Corte de Bancarrotas en los Estados Unidos y en Panamá, para evitar lesivas sanciones contra el país".

Prueba inconclusa

Para Villanueva "Un informe de la Superintendencia a la Procuraduría en diciembre 2017 revela para para noviembre 2016, tres meses después de la intervención, Fiduagraria no había culminado siquiera la revisión de la mitad de los pagaré-libranzas de Estraval, luego a los males ya señalados en la prueba contable, se agrega que esta fue inconclusa. También revela ese informe que la Supersociedades no ha permitido que terceras personas distintas de Fiduagraria y el Agente Liquidador, tengan acceso a la base de datos de pagaré-libranzas de Estraval..... Se argumenta además, que el contrato suscrito entre Fiduagraria y Estraval, con anuencia de la Supersociedades, para elaborar la auditoría contable, suscrito diez días después de que el Banco Agrario fuera reconocido por la Supersociedades como afectado de Estraval, tiene objeto y causa ilícitos, condición que obliga a los jueces a declararla y a ordenar la restitución plena de los derechos de la parte afectada".

Informe de Gestión del Banco Agrario

"En su Informe de Gestión 2016 el Banco Agrario reconoce que participó en la investigación de un caso de impacto nacional, y que posteriormente apoyó a las autoridades en un proceso de liquidación. El mismo informe revela que en dicho año, Fiduagraria obtuvo destacadas utilidades de 7.600 millones de pesos. No obstante, el costo para el país de la participación de Fiduagraria en la intervención de Estraval, es la pérdida irrecuperable de más de 20.000 millones de pesos en contratos de pagaré libranzas, reflejada en la contabilidad del Banco Agrario".

Demandas en USA, Panamá, y acompañamiento de Organismos Internacionales de Derechos Humanos

"Los demandantes han solicitado además, acompañamiento internacional para el proceso ante organismos internacionales de derechos humanos. Ya iniciaron acciones judiciales en Estados Unidos y Panamá contra la Superintendencia y el Agente Liquidador, por presunto fraude y otros delitos contra la Corte de Bancarrotas, solicitando sanciones civiles y penales, estas últimas podrían alcanzar hasta cinco años de prisión".

El caso está para alquilar balcones.

Apoderado de los demandantes

William R, Villanueva (*). Abogado Universidad Manuela Beltrán. Especialista en Derecho Minero Energético y Magister en Derecho Público, Universidad Externado de Colombia. Adelanta estudios de Doctorado en Derecho. Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

(*) Además, Ingeniero Químico de la Universidad del Atlántico, con amplia experiencia operativa y regulatoria en temas de hidrocarburos. Adelanta la defensa en Cortes de las operaciones con carácter científico de fracturamiento hidráulico.

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