Jueves, 24 Diciembre 2020 05:00 Escrito por MANUEL SALVADOR MOLINA HURTADO Abogado Constitucionalista y Administrativista*
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2021, año de revocatorias y movilizaciones

 

El poder y el despotismo duran poco.”, Séneca, filósofo hispanorromano.

Un gobernante no pregunta a su Pueblo después de tomar decisiones. Comprende y aplica que lo primero es socializar, lo segundo, concertar; y, tercero, ejecutar esa decisión democrática en armonía con las comunidades. Todo, absolutamente todo, con la participación real y efectiva de la colectividad.

Asimila que el gobernante es sólo un instrumento canalizador de sentires y necesidades sociales. Que si, irremediablemente, se tienen que tomar con fundamentos sólidos e incontrovertibles y en consenso decisiones que afecten un sector poblacional estas deben, ineludiblemente, ir acompañadas de otras decisiones que solivien suficiente y justicieramente tal carga social.

Un gobernante sensible y consciente, entiende y escucha a su Pueblo; todavía más,  si se hace lógico, razonable y notorio el perjuicio que con sus decisiones despóticas le produce. Es el mayor exponente de humildad y corrige sus equivocaciones así le signifique reconocer públicamente sus errores, y, en efecto, ejecuta las acciones que sean necesarias para resolver tal situación a la mayor brevedad posible. Inclusive, duda de su propia capacidad antes que dudar de la sabiduría popular.

Antepone su discernimiento al discernimiento de sus gentes. Primero, siempre, la voluntad, la voz del Pueblo.

Pero no es así, lamentablemente pululan, como maleza, los mandatarios autoritarios. Y, claro, viven convencidos de que son los elegidos, los escogidos por mandato y predestinación celestial. Nadie ni nada es superior a ellos, ni siquiera nadie alcanza a comparárseles en su majestuosidad mitad humana, mitad divina.  

Es tanta grande y monstruosa su pedantería y prepotencia que desconocen a su legítimo patrón, a su mandante: el Pueblo. Es tan voluminoso y enfermizo su ego que no reconocen en lo más mínimo que comen, pagan la salud, se visten, y en fin, que toda su manutención depende del sagrado y abultado sueldo mensual millonario que les pagan muy cumplidamente las comunidades. Las mismas comunidades que son atropelladas para negárseles la oportunidad de trabajar para llevar el sustento a sus seres queridos.

También, desde luego, compran lujosas propiedades en otros municipios.

Mayormente agravado en tiempos de pandemia, en los cuales la economía del hogar ha sido y seguirá siendo por mucho tiempo duramente golpeada, sin vacilación alguna. Pero no, el ciudadano no tiene derecho a reclamar y, por consiguiente, a ser oído. Debe obedecer sumisamente.

Afortunadamente, la Ley contempla mecanismos jurídicos para asegurar la legítima defensa del Pueblo, entre ellos, la revocatoria del mandato y la movilización social. Y ese será el obligado camino que tendrán que recorrer las comunidades atropelladas, frustradas y desengañadas por los que ayer le juraron amor eterno en medio del fragor de las mentiras, engaños y embustes connaturales e inherentes a las fariseas e hipócritas campañas electorales.

No obstante, que no es fácil revocar un alcalde por las limitaciones e incongruencias legales para su cumplimiento en cifras, para el Pueblo decidido y digno no será un imposible organizarse y luchar para su consecución, como ya ha ocurrido.  

Peor aún, si las comunidades son decentes y obedientes, nobles y educadas. Y que siendo así, procuran que se les escuche por los medios más inofensivos: con  respeto y argumentación, serena y persuasiva. Lenguaje civilizado que no entienden ni quieren entender quienes detentan el Poder sobre la base del desprecio al Pueblo y amarse a sí mismos sobre todas las cosas.

Son aquellos que no piensan que mucho mal se evitan si obran con sencillez, con buena voluntad, con altura y con decoro para asumir la responsabilidad que les compete como primer paso para dar resolución pronta, armoniosa y consensuada a las dificultades que ellos mismos por su arrogancia originan.

Que no admiten, por su patológica soberbia e inexperiencia para gobernar, que el Pueblo se cansa no sólo de que no lo escuchen sino, además, de que lo agravien cada vez que quiere ser escuchado. No puede ser, como ya se ha escrito en varias columnas, “…que evadan sus responsabilidades agraviando a los ciudadanos que, en ejercicio de sus derechos, expresan su inconformidades insultándolos con adjetivos y ofensivas expresiones, por fuera totalmente de contexto, tales como revanchistas, malos perdedores, resentidos, perseguidores políticos, enemigos del desarrollo, los que ponen palos a las ruedas de las carretas, etc., etc. Pero, lo más grave y repudiable es que devenga de servidores públicos, más todavía, que ostentan la calidad de concejal o Alcalde.”

Un caso de esta naturaleza, que particularmente llama la atención por estos tiempos, es el de los pequeños o incipientes comerciantes, y los nuevos emprendedores que en semejante arremetida de la pandemia no han hecho más que sufrir, perder y probar suerte. Unos luchan con desesperación para obtener algunos ingresos con los cuales soliviar precariamente las obligaciones del hogar, así bregan por desarrollar alguna actividad comercial, repito, incipiente,  especialmente los fines de semana. Otros, han tenido que cerrar sus negocios. Otros, sobreviven a costa de sus ahorros y admirable templanza. Y, claro, el campesino que necesita vender sus productos se siente acorralado por la ausencia de verdaderas políticas públicas de Estado que lo apoyen de verdad y no limitándose a establecer uno que otro día para vender los abastos  en un parque, de modo desarticulado institucionalmente y muy contrario a como se realizan en otras municipalidades exitosas, en cuyo evento lo que cambia es el sitio de venta nada más, distractores y cortinas de humo ante la ausencia de democratización de la gestión administrativa, para favorecer efectivamente al campo. En gigantesca desventaja frente a los grandes almacenes de cadena, los grandes favorecidos, los mismos que en la pandemia no fueron controlados para evitar la especulación de los precios en detrimento del ciudadano y sus familias.

Y, en este panorama, entonces para completar y terminar de pintar el cuadro macabro, se anuncian nuevas cargas tributarias para el campesinado y el comerciante. Por ejemplo, el oneroso costo de sospechosas e injustificadas concesiones o asociaciones para administrar el alumbrado público, totalmente innecesarias y desconsideradas, como si no bastara con toda la carga impositiva que  actualmente les agobia día a día aún ante los escasos ingresos recibidos por las crisis económica.

Y, por supuesto, que no podía faltar más desconsideración para con el humilde comerciante. En algunas poblaciones se les pretendió impedir trabajar dizque porque atentaban contra la salud del Pueblo, pero allí la organización y la unidad de los comerciantes con las comunidades solidarias lograron que se reversara  tamaña perfidia, tamaña injusticia.

Pretender hacer creer que los comerciantes pequeños -o diminutos, mejor- ponen en riesgo a la ciudadanía por laborar el día domingo, resulta pasmosamente increíble. Una típica alcaldada.

Más insólito, precisamente, en los Municipios donde el alcalde durante toda la pandemia no ha dado ejemplo de acatar las normas de bioseguridad; incluso, pese a estar advertido cautelarmente por la Procuraduría General de la Nación-  y donde la Policía ha sido inferior a sus obligaciones de mantener y garantizar el orden público y la seguridad ciudadana, aclarando que el acalde por ser el jefe supremo de la Policía a nivel local, es el directamente responsable de la inaplicación de estas garantías y derechos ciudadanos. Es en él y no en el comandante de Policía sobre quien recae la culpa por la inutilidad y omisión funcional.

Par finalizar, ha  de resaltarse, de paso, que con la más fría inclemencia, se les cercena el derecho al trabajo, contra varios propósitos sanos y humanitarios, entre ellos, para poder pagar los impuestos y cargas tributarias que nunca se dejan de cobrar por el alcalde.

Y que no se inmutan, ni un ápice de vergüenza, cuando se les reprocha que tan maligna determinación no se fundamentó en estudios serios, objetivos y suficientes, que con toda la contundencia probatoria y argumentativa obligaran inevitablemente a tomarla. Y sin ninguna socialización, concertación ni consenso con las comunidades. Un acto perfecto de tiranía, de abuso de poder.

Una alcaldada.

¿Y dónde está el Personero Municipal, el Defensor del Pueblo?

¿Y dónde está la emisora comunitaria informando y denunciando esta atrocidad, y propiciando espacios de participación y expresión ciudadana en defensa de sus derechos?

*Ex Personero Municipal de Timaná - Ex Consejero Departamental de Paz del Huila

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