Martes, 09 Octubre 2018 00:00
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Cuando una nación es objeto de ocupación de tropas extranjeras, es fácil explicar la perdida de los derechos del pueblo sojuzgado; todas sus actividades están supeditadas a la autoridad que impone la fuerza de las armas, hasta la vida misma vive en constante riesgo, porque el agresor se siente con derecho a suprimir a quien le plazca; por supuesto la economía gira en torno al interés de las empresas y los inversionistas de la nación invasora y así ocurre con todos los demás aspectos de la vida de un pueblo.

Las imágenes y las películas que se mueven en las redes y las pantallas relacionadas con Palestina, Irak y Afganistán para mencionar algunos, todos los días confirman esta terrible realidad. Otro asunto resulta cuando el control sobre las decisiones de un país se hace en la tranquilidad de una oficina y no en el agite de un cuartel; cuando los emisarios de las multinacionales, el FMI, el Banco Mundial, la OMC, la OCDE y los gobiernos de las naciones desarrolladas, instruyen sobre lo que hay que hacer permitiendo la simulación de decisiones democráticas. Tal es el caso de Colombia, un país que no decide autónomamente ningún asunto sobre su desarrollo económico, sobre el manejo de la justicia, sobre la educación que necesita, sobre el agro que le conviene, sobre la manera de atender las necesidades de salud, ni siquiera sobre la paz interna que requiere, pues hasta en eso interviene el gobierno de los Estados Unidos camuflado con la política antinarcóticos.

Se ha puesto de moda promover los derechos de género, los derechos ambientales, los de los animales y otros, como si ellos  fueran ajenos al condicionamiento que implica la relación con esas potencias, la mayoría regladas a través de los TLC, que no incluyen exclusivamente asuntos del comercio como su nombre induce a creer; que se utilice glifosfato para erradicar cultivos ilícitos no es una decisión soberana; que hayamos perdido nuestra producción de trigo, maíz, y cereales es uno de los resultados de la apertura y del capítulo agrícola del TLC; que la educación y la salud se conviertan en un filón para la inversión del capital financiero,  es la consecuencia de aceptar las imposiciones  de los organismos que emplean la deuda para presionar un manejo macroeconómico, que obliga a los estudiantes universitarios a tomarse las calles para exigir presupuesto para la educación superior; las protestas de los ambientalistas tienen que ver con las licencias otorgadas a compañías mineras extranjeras, que incluso sin tocar el suelo lo convierten en un negocio de especulación; en fin quien no comprenda que cualquier derecho pasa primero por tener soberanía, no entiende cual es el mundo en el que se mueve y continuara apegado a reclamar por los pajaritos, mientras todo alrededor se nos derrumba.

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