Sábado, 21 Noviembre 2020 08:17 Escrito por MANUEL SALVADOR MOLINA HURTADO/ Abogado Constitucionalista y Administrativista
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Primera parte. Socializar: ¿concertar o intimidar?

“¿Hasta cuándo el furor de los déspotas será llamado justicia y la justicia del pueblo, barbarie o rebelión?”
ROBESPIERRE

Ningún Proyecto goza de tanta desconfianza como los atinentes a las concesiones y, claro, de estas no se escapan, particularmente, las referentes a los alumbrados públicos. Lastimosamente, la corrupción las convirtió en caballitos de batalla, en botín de guerra, puesto que se les presenta como la oportunidad más rápida en la Administración Municipal para enriquecerse. Desde luego, a costa del bolsillo de los habitantes.

De ahí, que resulte crecidamente sospechoso que este Proyecto se presente con tanto ahínco y fervor a los Concejos por muchas Administraciones, con tanta terquedad, con tanta ansiedad, y con tanta obstinación. Y que políticos y servidores públicos que en un inicio se opusieron a su realización argumentando la inconveniencia para la ciudadanía -sus electores-, después, inexplicablemente, bajo la batuta de un nuevo Alcalde se muestren como sus más enconados defensores.

Podría presumirse, que tal voracidad se explica en las gigantescas coimas o comisiones que se han ofrecido, cobrado y pagado para su tramitación en no pocos Honorables Concejos Municipales, por cuanto tampoco son escasos los escándalos en los cuales Concejales y Alcaldes han estado y están inmersos en graves procesos penales que, inclusive, han dado lugar a que hayan han sido objeto de severas condenas penales. 

No en vano, a estos feroces Proyectos de alumbrado público en el ambiente político y administrativo se les llama “LA PENSIÓN”.

Por lo expuesto, y por la diversidad cultural existente en los municipios, esto es, que la población no guarda similitud y uniformidad de pensamiento, análisis y criterios de reflexión dadas su diferencias sociales, económicas, y de educación, sobretodo, pues unos son trabajadores de campo, otros profesionales, otros comerciantes, etc., etc., y  la diversidad de edades, sexo, credo, raza, y muchas más diferencias, se   torna apenas lógico que tanto el Alcalde como los Concejales, responsables de la socialización y la concertación democrática de los Proyectos de Acuerdo, comprendan que el lenguaje y contenido de los mensajes de socialización y concertación sean múltiples, suficientes y democráticos para cada uno de los sectores destinatarios de dicho mensaje.

Así, se ven obligados a efectuar la socialización y la concertación con todas las comunidades; los sectores económicos, culturales, y ambientales; las agrupaciones ciudadanas tales como las Juntas de Acción Comunal, Veedurías Ciudadanas, organizaciones civiles, etc., en aplicación de la Gestión Pública Democrática. 

Y, sin dejar de lado y olvidar que, de manera muy especial, en este tipo de socializaciones y concertaciones populares debe jugar un papel importante la actuación y aporte de los vocales de control registrados por los comités de desarrollo y control social de los servicios públicos. Su conocimiento y experiencia en el ramo resultan de vital trascendencia en este debate.

Los interesados en la aprobación de un Proyecto de Acuerdo, se repite, están en la obligación de agotar una correcta socialización, aunada a la más justa y honesta  concertación democrática con aquellos a quienes con él se afecta, que en el evento de la concesión del alumbrado público es toda la población, desde luego, con mayor fuerza con respecto a los sectores económicos y poblacionales que directamente y más impacta tales como el comercio, el área residencial y la zona rural, dispersa por natura,  a quien se le obligará  en adelante a pagar el servicio de alumbrado, pese a que la Administración ha asegurado públicamente que ya este sector campesino afirmó su compromiso de pagar por esta prestación.

No es nada nuevo expresar que muchos Proyectos, por manipular su socialización y por carencia de concertación democrática, han fracasado o, por lo menos, han tenido graves problemas sociales y políticos para su aprobación o para la ejecución de los mismos.

Como también, se advierte en equidad, que muchos Proyectos han sido exitosos tanto en su aprobación como en su ejecución por haberse cimentado en la aceptación real y efectiva de la comunidad, haciéndola partícipe y protagonista de su propio destino, incondicional y libre de manejos marrulleros.

Una auténtica socialización es respetuosa de la persona humana y no es tal sino conlleva en sí misma la posibilidad de que sea la comunidad su verdadera y única protagonista, lo cual, exclusivamente, es posible si se le respetan todos sus derechos de participación ciudadana y todas sus  prerrogativas para disentir, para contradecir y proponer otras opciones.

Socializar no es una parodia, un simulacro o un sainete, donde el mandatario impone una metodología y sus reglas antidemocráticas. Desde allí ya se avizora si se trata de un montaje grotesco, que solamente va en la búsqueda tramposa de generar en la opinión pública la sensación de estar enfrente de un gobernante celoso cumplidor de la democracia, cuando lo único para lo que pudiera servir es para corroborar que el Pueblo no está es manos de un demócrata sino de un manipulador con fines administrativos oscuros.

La socialización, entonces, se  encamina, en principio y para empezar, a escuchar al Pueblo para que, de entrada, con su proactiva y dinámica intervención se definan, de primera mano, los procedimientos y las reglas imperantes para desarrollar y llevar a feliz término los procesos de concertación democrática, y que sea él, también, quien tenga y ostente el poder de decisión, final y definitiva, y no el mandatario y los cabildantes, sus servidores; evitando así que la sociedad sea manipulada en un remedo burlesco de participación, en el cual la decisión terminan imponiéndola los mismos: el Alcalde y los Concejales; y expreso “imponiéndola anticipadamente”, sencillamente porque se acostumbra que desde antes de iniciar el proceso de “socialización” ya la decisión está tomada: entre el mandatario y los ediles que componen las mayorías: la siniestra “aplanadora”. Una vulgar treta, una perversa jugarreta. 

Y, por supuesto, que la socialización demande, siempre, que la colectividad sea autónoma y libre de cualquier atisbo de coacción que intente intimidarla o negarle los espacios, los términos y los tiempos adecuados indispensables para manifestarse con suficiencia, sin limitaciones o acoso de cualquier naturaleza, y sin estigmatización o persecución alguna.

Para finalizar, a título de ejemplo de lo acabado de exponer,  no se compadece que, el Alcalde, unilateralmente, sin ningún asomo de consenso con la ciudadanía  para establecer conjuntamente el procedimiento y las reglas para adelantar la socialización y la concertación democrática de asunto tan complejo y vital socialmente, someta autoritariamente al Pueblo a intervenir  radialmente sólo por un minuto, como si sesenta segundos fueran tiempo suficiente para abordar, se reitera, un asunto tan complejo para la vida colectiva y de tanta significación para el erario.

Más, entratándose de  una intervención grabada, vale aclarar, ni siquiera manifestada directamente al aire para que el ciudadano pueda hablar libremente y se le respete su derecho a disentir y a contradecir la respuesta obtenida de la Administración que, por supuesto, si goza de más tiempo y personal para controvertir el dicho del participante. Y claro, con la presencia e intervención intimidatoria del Alcalde, que, entre cosas, pareciera que no confía en sus colaboradores de la Administración, ya que no posibilita que sean ellos quienes en ejercicio de sus propias responsabilidades funcionales contesten al ciudadano sus inquietudes y razonamientos.

Ex Personero Municipal de Timaná - Ex Consejero Departamental de Paz del Huila

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