Martes, 20 Octubre 2020 16:28 Escrito por MANUEL SALVADOR MOLINA HURTADO - Abogado Constitucionalista y Administrativista*
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Humildad, respeto y poder: ¿incompatibles?

 “No hay nada más despreciable que el respeto basado en el miedo.”, Albert Camus, Novelista y filósofo argelino-francés.

Antes de iniciar esta columna se advierte que no se pronuncia en ella acerca de la legalidad o no del trámite que se surte ante el Concejo Municipal del Proyecto de Plan de Desarrollo Municipal merced a la nulidad del inicialmente presentado. Simplemente se aborda ésta a partir de tal decisión de la Administración.

A continuación, con todo comedimiento me permito recomendar la lectura del excelente trabajo periodístico investigativo adelantado y publicado en recientes días, en el Diario La Nación, en la edición del 7 de Octubre de 2020, titulado “Hundido’ plan de desarrollo laboyano”, de autoría del reconocido periodista RICARDO AREIZA, toda vez que destaca oportuno y conveniente para adentrarse en el desenlace de la presente columna, y que por razones de espacio no puedo transcribir, tristemente.

Lo retrotraído, con el objetivo de hacer énfasis en que violar el multimentado término de los tres días no es cosa de forma, de naturaleza insignificante o pueril, como se mira lo sostienen públicamente algunos Alcaldes, sus concejales y sus devotos amigos contratistas. Se recalca, dicho incumplimiento configura una irregularidad sustancial, propia de llamársele “Debate de fondo”, de esencial obediencia legal y de vital e imperativo acatamiento a la voz de la jurisprudencia constitucional.

Ahora, pretender que con la fugaz participación de cinco minutos, concedida a cada interviniente en el Concejo a propósito de su nuevo trámite, se suple la ausencia de la participación ciudadana en la construcción del Plan en trato, no constituye más que un intento formal, de trámite con contenido democrático, que quizás a lo mucho alcance para cumplir con el mandato de participación ciudadana ordenado en el Reglamento Interno de la Corporación edilicia. Y nada más.

La participación ciudadana, según la Ley, se debe realizar durante los primeros cuatro meses de gobierno del nuevo mandatario, los cuales incorporan las fases del diagnóstico y la socialización con las comunidades, Juntas de Acción Comunal, organizaciones sociales, etc.; la consiguiente elaboración por parte de la Administración del proyecto o documento inicial del Plan y su entrega al Consejo  Territorial se Planeación Municipal en tiempo perentorio no superior a dos meses -se recuerda, en tiempos de no pandemia-  el estudio juicioso del mismo por parte de dicho Consejo, la presentación de sus observaciones a la Alcaldía, su interrelación entre ambos entes,  etc., etc..

Por ello, cuando no se ha agotado a cabalidad este exigente procedimiento participativo, se debe y puede afirmar categóricamente que no se cumple con las bases y principios constitucionales y legales sobre los cuales se instituye la planeación pública, cuya máxima expresión es el Plan de Desarrollo, sea cual fuere el nivel territorial a que corresponda. Esto es, un Plan que viole los términos preclusivos antedichos y viole, en su contexto, la participación del ciudadano, de las comunidades, y del Consejo de Planeación, está condenado a ser considerado antidemocrático e inconstitucional.

Ahora, en el evento de que la distinguida Corporación Judicial haya declarado inválido el Acuerdo de dicho Plan pronunciándose exclusivamente en relación con el término de los tres días en cita, esto obedecería,  también exclusivamente, a que sólo a ese tópico hizo observación la Gobernación, puesto que los Honorables Magistrados no pueden extender su margen de operación y de conocimiento a temas diferentes a los que hicieron mérito para que la entidad territorial solicitara su intervención.

En este orden, errático seria asegurar, que en estas circunstancias, el Plan es perfecto, ajustado a la Ley, etc., etc., pues, se insiste, sobre su contenido no ha habido pronunciamiento alguno por parte del Honorable Tribunal.

Y, por tanto, de igual manera, errático seria aspirar a que  escuchando un instante a  algunos ciudadanos, se pudiera superar el grave defecto de fondo causado por  haber quebrantado el ejercicio al derecho fundamental a la participación ciudadana en el proceso constructivo del Plan, piso estructural del Estado Social de Derecho.

Así las cosas, bien harían los mandatarios que encaran la nulidad de un Acuerdo de Plan de Desarrollo bajo las anteriores premisas en  asumir su responsabilidad, con humildad y respeto para con la ciudadanía, en lugar de achacarles la culpa a los concejales y, lo que resultaría más imperdonable, inculpar públicamente a los abogados que le acompañan. La responsabilidad, siempre, la deben asumir los líderes, como elemental signo y muestra de grandeza, de solidaridad y de reciprocidad para con la lealtad y compromiso de quienes conforman su equipo de trabajo.

Qué descorazonador y desestimulante para un servidor público o un  concejal se torna la conducta de un Alcalde, cuando éste se descarga en ellos, cuando los pone en la picota pública, aun conociendo que su actuar es leal y bien intencionado.  

Por este estado se cosas, ya no hay lugar a dudas, ya se sabe con absoluta seguridad cuál sería la defensa a desplegar por el Alcalde ante cualquier  actuación administrativa que llegare a investigarse: descargarse en el amigo y en el trabajador.

Como si la delegación de funciones eximiera de responsabilidad al delegante y como si la Ley no hiciera recaer la responsabilidad de la revisión jurídica de los Acuerdos en el mismísimo Alcalde.

De otro lado, y continuando tratando de la dignidad y del respeto, como valor y principio, el resultado en la Comisión Permanente, Primera o respectiva, obvio, antes de pasar a la Plenaria, independientemente de ser aprobatorio o no, debe ser respetado por todos los servidores públicos, medios de comunicación -especialmente las emisoras comunitarias oficialistas- y de la ciudadanía en general.

Por lo anterior, se repetirá en estas columnas, hasta que sea necesario: los concejales sólo están al servicio de las comunidades. Y de idéntico modo, que sería de esperar que en esta oportunidad y en adelante, nadie del Municipio,  y mucho menos compañeros concejales o el mismo Alcalde salgan a los medios a atacar la dignidad de los concejales cualquiera que sea su decisión, aprobatoria o denegatoria. Que se respete la democracia, y que en este contexto, si hay lugar a criticar la decisión de un concejal este derecho de expresión se ejerza pero con argumentos serios, fundados y plenos de consideración a su dignidad, respetando su derecho a réplica en igualdad de condiciones y no con el ya trillado y aburridor discurso de frases detractoras, desentonadas y sin sentido tales como que “son la piedra en el zapato, el palo en la rueda de la carreta, los enemigos del desarrollo, los que no dejan trabajar, los malos perdedores, los resentidos, los que no han recibido un contratico o un puesto en la Administración”, y toda una lista de necedades e insultos que no son más que distractores y cortinas de humo para desinformar y manipular a su favor a la opinión pública.

Por eso, destacan los comentarios groseros y ofensivos, carentes de argumentación respetuosa y seria que asegure el respeto a las libertades de expresión y de pensamiento.

Por último, a propósito, aquí cabe preguntarse ¿enemigos del desarrollo de quién: de las comunidades o de los intereses de los grupos inversionistas que sólo buscan intervenir en los procesos electorales para, a través de la contratación pública, conseguir sus mezquinos propósitos individuales económicos y políticos, en desmedro del bienestar de las grandes mayorías?, ¿y, como así que no dejan trabajar, acaso un concejal no tiene la obligación funcional de control, de la cual debe responder ante la Ley y su Pueblo, so pena de ser sancionados por los organismos estales a los cuales están sujetos y de exponerse al escarnio y repudio de las comunidades?, ¿cómo no entender, con sensatez, que si un puñado de valientes cabildantes están despertando el fervor y el apoyo de la ciudadanía, ello constituye suficiente indicativo del descontento popular por el autoritarismo, la poca gestión administrativa, y la perversa persecución contra quien piensa diferente?.

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*Ex Personero Municipal de Timaná Ex Consejero Departamental de Paz del Huila

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