Lunes, 10 Septiembre 2018 00:00 Escrito por
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Crónicas de prensa aseveran que hoy las relaciones son totalmente distintas a las de hace un año. Uno de los primeros actos del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que tomó posesión en agosto de 2010, fue hacer las paces con Chávez.

 Esta mejora de las relaciones ha derivado en grandes cambios sobre el terreno para los rebeldes izquierdistas (ocultos desde hacía mucho tiempo en tierra venezolana, fuera del alcance de las fuerzas de seguridad colombianas), a los que Caracas se enfrenta cada vez más.

Como consecuencia, aproximadamente 200 guerrilleros han atravesado la frontera para regresar a Colombia, y eso ha provocado un aumento de la violencia en la región fronteriza de Arauca.

La frontera es hoy una de las zonas más peligrosas de Colombia, porque las FARC han volado oleoductos y gaseoductos, han atacado líneas de tren, atacan ferozmente a las fuerzas de seguridad colombianas, añadiendo además secuestros, extorsiones y asesinatos de manera indiscriminada.

En marzo de 2015, el Ejército colombiano interceptó un camión lleno de suministros para los rebeldes procedente de Venezuela. Según los militares, el vehículo llevaba 1,5 toneladas de explosivos, 4.800 metros de cordel de detonación, 17 fusiles, 42.000 balas y casi 200 uniformes, todos destinados a los supuestos 500 rebeldes de las FARC que se encuentran en Arauca.

A pesar del incremento de la violencia, las autoridades colombianas y los residentes en la zona fronteriza están satisfechos de que Venezuela esté actuando contra los rebeldes. “Todavía queda mucho por hacer, pero nuestras relaciones con la policía venezolana están mejorando y existe una auténtica cooperación”, dijo el coronel William Guevara, jefe de policía de Arauca”. Desprevenidamente podríamos creer que éste es el problema y que sólo se presenta en la frontera de El Amparo (Venezuela) y Arauca (Colombia). Ante la faz del mundo se cubre el debate ideológico y la realidad cotidiana con las supuestas movilidades de grupos guerrilleros.

Debo conceptualizar en primera instancia, según lo aprendido en clase de “Historia y Limites de Venezuela” (Dra. María Eugenia Bello de Arellano – 2014), que el Límite es una línea imaginaria entre dos territorios, que pueden ser endógenas (entre territorios del mismo país) y exógenas (entre territorios de diferentes países).

La Frontera la comprendo cómo la zona, o área, que acompaña el límite. Me atrevo a decirlo, la frontera es el componente “vivo” del límite. Y por último, el Límite Fronterizo como la zona de contacto de personas, de actores dinámicos, buenos y malos, capaces de interactuar.

El límite, por lo tanto, es definido jurídicamente: ésta circunstancia se produce aún más claramente en el ámbito de sucesión respecto de tratados de frontera, donde, en ningún caso opera la tabla rasa pues al tenor del artículo 11 de la Convención de Viena sobre sucesión de Estados en materia de tratados de 1978, una sucesión de Estados “no afectará de por sí:

a) a una frontera establecida por un tratado; ni

b) a las obligaciones y los derechos establecidos por un tratado y que se refieran al régimen de una frontera” (FRONTERA, Ana Gemma López Martín- pág. 3).

El Límite Fronterizo, por el contrario, no queda definido por una Ley, un Acuerdo, un Decreto, ni una Resolución.

En el Límite Fronterizo “crea” ilegalmente sus propias “leyes”, aplica sus propios “Acuerdos”, define con sus propias “Resoluciones”, actúa con sus propios “Decretos”. Citemos un ejemplo: la Ley dice que el Límite sólo puede ser atravesado portando un pasaporte expedido legalmente por la autoridad competente del país respectivo a la nacionalidad legal de la persona.

En el caso de una persona colombiana para salir del país debe cumplir con un marco legal establecido. (Numeral 11, Articulo 189 de la Constitución Política, la Ley 12 de 1947, la Ley 1212 de 2008 y el Decreto Ley 019 de 2012). Todo esto aceptado por la República Bolivariana de Venezuela según el artículo 6 de Ley de Migración y Extranjería de Venezuela, publicado en Gaceta Oficial número 38.224 del 8 de julio de 2005.

Además advierte en la parte final que una vez transcurrido el lapso de 90 días, si el ciudadano extranjero todavía está en Venezuela, este podrá ser prorrogado hasta por 90 días más. Esa solicitud se deberá adelantar en la oficina del Saime de la ciudad venezolana donde se encuentre. Pero en la práctica existen diversas formas ilegales para atravesarlo. Una, pagar entre 200 BsF y 500 BsF, según el estado judicial de la persona que va atravesar el límite demarcado entre Cúcuta (Colombia) y San Antonio, Estado Táchira (Venezuela), puede incrementarse a 1.000 a 2.000 BsF si va acompañado de su esposa y hasta 5.000 BsF si es acompañado de sus hijos.

 Otra, pagar 300 BsF a un moto taxista, reconocido ya por las autoridades en el puesto fronterizo de Peracal, y la tercera, para damas, pagar con fortuitas relaciones sexuales el derecho a pasar el Límite entre Colombia y Venezuela.

Otro ejemplo sería el paso de mercancías de Venezuela hacia Colombia. Con un marco legal detallado: Acuerdo con la Comunidad Andina de Naciones, Decisión 324 de 1993. Can – Mercosur, Ley 1000 de 2005. TLC G2, Ley 172 de 1994. Acuerdo de Alcance Parcial con Venezuela, Decreto 1860 de 2012.

La realidad en el Límite Fronterizo fue expuesta periodísticamente en la página de Portafolio bajo el título: La Parada, un barrio que vive del contrabando. Dice el artículo: caminar por las calles de La Parada, en la frontera con Venezuela, es como hacerlo por un supermercado a cielo abierto en territorio de ese país. Muchas de las casas se convirtieron en depósitos de mercancías venezolanas que son exhibidas en los andenes de las mismas. Los ruidos al paso de los camiones 350 y 750 por sus calles todas las madrugadas, dejan ver la magnitud del contrabando desde ese país hacia Colombia, según comprobó Portafolio.

Los vehículos pasan por las trochas del río Táchira o por el puente internacional Simón Bolívar cargados con víveres, electrodomésticos, repuestos, gasolina o diésel, entre otros, hasta este barrio del municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander). Allí descargan los productos, que son distribuidos al por mayor, y al detal, a tiendas en el mismo sector, o en Cúcuta, Norte de Santander llegando hasta departamentos como Santander, Boyacá y Cundinamarca.

Lo curioso es que se encuentran los mismos artículos que escasean en Venezuela: alimentos, productos de aseo tanto personal como del hogar, repuestos para carros y motos, barriles y pimpinas de diésel y gasolina; y todo al mismo precio, más barato o con un leve incremento con respecto a cómo se consigue en los supermercados de Venezuela.

 La crema dental grande es a 1.500 pesos, una bandeja de 12 botellas de salsa de tomate cuesta 20.000 pesos, un kilo de arroz o de azúcar, tan solo 200 pesos. Por este motivo, los mismos habitantes de Venezuela, incluso desde Maracaibo, a cuatro horas en carro, vienen a comprar lo que no se consigue allá y sin las consabidas limitaciones de cantidades, largas filas o documentos para demostrar que sí viven en dicho país.

Un funcionario de San Antonio del Táchira, en Venezuela, afirma que, comúnmente, los camiones salen cargados con los productos desde el interior de Venezuela para los supermercados fronterizos de nuestro país, pero los dueños de estos los venden directamente a los contrabandistas y son descargados de este lado de la frontera. “Ellos ya han arreglado con la guardia venezolana a lo largo de todo el camino”, agregó esta persona que pidió no ser identificada.

El negocio da para todos: para las autoridades (civiles y policiales), para los contrabandistas y para las Bandas Criminales (Bacrim) en ambos países. Incluso los ‘Urabeños’ y los ‘rastrojos’ fijan los precios a los que son vendidos los productos para que los minoristas y mayoristas de la zona no especulen con los mismos.

El contrabando no solamente se hace a gran escala, también hay nuevas modalidades: los conocidos como ‘hormiguitas’ (bachaqueros), que compran los tres productos que permite pasar por el puente la guardia venezolana; y de eso viven. Y los maleteros, que se encargan de pasar todo el día la carga a través del río. Pero el contrabando no es solo de allá para acá. Cuando definitivamente no se encuentran algunos productos en Venezuela, como embutidos o artículos de aseo, los camiones hacen el camino de vuelta sin ningún tipo de problema. Un conocedor del tema en Colombia le manifestó a Portafolio que hay serios indicios que el contrabando en Venezuela es dirigido al más alto nivel. La entidad que maneja este tema en Venezuela es el Servicio Nacional Integral de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), cuyo superintendente es José David Cabello Rondón, hermano del integrante de la Asamblea Nacional del país, Diosdado Cabello. La fuente agregó que el interés de José David por atacar el tema es muy poco y que hay algo que hace que los hermanos Cabello tengan muy poco interés en lidiar con el asunto. “Lo que se escucha es que la corrupción comienza en el alto gobierno, pasando por los altos mandos militares hasta los niveles más bajos”, dijo el experto.

Juan Ricardo Ortega, director de la Dian, afirma que la lucha contra el contrabando es más de fuerza pública que administrativo ya que la entidad vigila directamente las aduanas. Ortega afirmó que la cantidad de contrabando es inimaginable ya que se calcula que desde Venezuela pasan, de solo gasolina, unos 600.000 galones diarios. Agregó que hay tres canales de contrabando, el de Arauca, el de Norte de Santander y el de La Guajira, cada uno con sus características. (Unidad Investigativa Portafolio – Enero 8 de 2014).

Se pueden citar muchos casos. Y en ellos encontraremos que todos están jurídicamente sustentados. Pero la realidad del Límite Fronterizo no se somete a ningún tipo de Ley. Se bloquean los puentes internacionales cada vez que lo desean. Se llevan y se traen todos los productos y mercancías que existen.

Se pagan “los impuestos” establecidos por los grupos al margen de la Ley. Se obedece y se acatan las disposiciones que se tomen en cantidades a comercializar, valor por unidad o por cantidad, horas para la movilidad, precio por cada vehículo, y, lo increíble, hasta el valor por persona para transitar sin ningún tipo de documento legal que lo acredite como importador o exportador, como trabajador o bandido, como dama o prostituta.

Las leyes se determinan para el Límite, pero los actores de la Frontera se acostumbran a vivir en medio de la ilegalidad. Unos para subsistir y llevar míseras cantidades de dinero que sustentan los gastos de un hogar o de una familia, otros, muy pocos, no saben cuántos millones tienen ya en las cuentas bancarias del mundo, mientras la violencia en todos los órdenes se ha tomado el eje fronterizo gracias a la falta de autoridad de los dos gobiernos hermanos.

Los pasos fronterizos legales entre Colombia y Venezuela son el de Paraguachon, corregimiento de Maicao en la Guajira, para ingresar a Venezuela por el Estado Zulia; el municipio de Puerto Santander, Norte de Santander, para ingresar a Venezuela por Bocas de Grita, caserío de La Fría capital del municipio García de Hevia, en el estado Táchira; Boconó, corregimiento de Cúcuta hasta 1986. A mediados de la década de los 40 del siglo pasado sólo conformaban el poblado unos 25 ranchitos "al estilo indígena", y vivían como un resguardo.

A comienzos del siglo XX estas tierras producían maíz, yuca, plátano y guineo negro y había muchas huertas proveedoras de mercado cucuteño, hoy barrio de la ciudad de Cúcuta, para ingresar por el municipio Pedro María Ureña (Estado Táchira); La Parada, corregimiento del municipio de Villa del Rosario, para ingresar por el municipio de San Antonio (Estado Táchira); el municipio de Herrán, subregión sur oriental del Norte de Santander, para ingresar por Delicias del municipio Rafael Urdaneta a territorio venezolano; Arauca, capital del departamento del mismo nombre y que limita con El Amparo, municipio del Estado Apure, región llanera al sur oeste del país de Bolívar y Puerto Carreño, capital del departamento del Vichada, para ingresar por Puerto Páez la capital de la Parroquia Codazzi al sur del Estado Apure, una población rodeada de varios ríos: por el Norte el Cinaruco, por el Sur el Meta, y por el Occidente el Orinoco. Como podemos percibir son legalmente siete (7) pasos fronterizos, aceptados y convenidos por los dos países.

El contraste es con el informe que entrega el comandante de la Policía Fiscal y Aduanera, general Gustavo Moreno, a RCN La Radio en el mapa de las rutas por donde entra la mayor parte de mercancías de contrabando al país, principalmente en la frontera con Venezuela. (Noticas RCN, 17 de Octubre de 2013, 12:06 PM). En síntesis entre Paraguachon y Cúcuta encontraron trescientos veintisiete (327) pasos ilegales, y entre Cúcuta y Puerto Carreño, en el Vichada, ciento veintisiete (127) pero sin contar los que se hacen por los ríos, donde no puede elaborarse una estadística oficial por la facilidad de hacerlo (el paso) por cualquier parte de esos afluentes. Pero si tomamos lo que se oficializó, estaríamos llegando a cuatrocientos cincuenta y cuatro (454) pasos ilegales contra siete (7) legales.

El porcentaje de legalidad es mínimo ante el que representa la ilegalidad. Pero de todos los siete (7) pasos legales, Cúcuta concentra la mayoría de problemas. En la sección “Nación”, de la revista Semana, fechada el día veinte (20) de Junio de 2015, y bajo el título “Cúcuta, problemas en la frontera” se cita que es claro que por estar en una zona de frontera, la capital de Norte de Santander tiene una situación diferente a las demás capitales del país. Por allí se mueve una gigantesca economía ilegal que, alimentada por el contrabando y el narcotráfico, ha hecho que las FARC, el ELN, el EPL, así como los Rastrojos, los Urabeños, el Clan Úsuga y otras bacrim se enfrenten por controlar esas importantes fuentes de financiación.

Ese choque de fuerzas es culpable, en buena medida, de los asesinatos y las desapariciones que se están dando en esa zona. Según el informe del Consejo de Seguridad Pública y Justicia Penal, realizado en México, Cúcuta ocupa el puesto 47 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Además del secuestro, a los cucuteños los alteran los homicidios que se registran cada año, (195 ocurridos el año 2014). En Cúcuta se ve no solo el “raponazo” de cadenas o celulares, sino también mucho robo a mano armada, que según algunos expertos se ha disparado por la presencia de delincuentes y prostitutas venezolanas que prefieren ganar en pesos.

La Policía, sin embargo, no desconoce que la frontera tiene ingredientes para ser una zona convulsionada, pues el narcotráfico y el contrabando de gasolina son una mezcla peligrosa. Esta última es uno de los insumos básicos para procesar la hoja de coca. Además, la más reciente cifra oficial de cultivos ilícitos en Norte de Santander indica que en el Catatumbo hay 6.345 hectáreas de ese cultivo, es decir, el 13,16 % de las sembradas en Colombia. Por trochas o lugares concurridos, se mueven un indeterminado número de toneladas de droga al año. “Se han descubierto 51 trochas en la zona de frontera de Cúcuta y Ureña y San Antonio del Táchira. Se debe destacar que hay trabajo de cooperación entre Policía Nacional de Colombia y la Guardia venezolana.

Con los operativos se han hallado y destruido 124 laboratorios de hoja de coca, lo que ha dejado la captura de 218 personas”, recalcó el coronel Jhon Aroca, comandante de la Policía departamental. Organizaciones de derechos humanos de Norte de Santander, por otra parte, como la Fundación Progresar, han denunciado que otra de las problemáticas de la región es la desaparición forzada, que mientras en 2014 llegó a 318 denuncias, a finales de abril de 2015 ya bordea las 110. Esto ha ido de la mano de los homicidios al señalar que, según cifras de la fundación, del total de los crímenes en Cúcuta, 175 fueron perpetrados por sicarios. En concepto de su director, Wilfredo Cañizares, las percepciones de inseguridad de la gente existen porque ha perdido la confianza pues “hay sectores de la fuerza pública proclives a la convivencia con sectores criminales”. Progresar le ha pedido al gobierno que le dé un tratamiento diferencial a la criminalidad, con respecto a lo que se aplica en el resto del país, de acuerdo con todos los grupos que convulsionan la región; pero, además, le exige que ‘le pague’ la deuda social y económica a Cúcuta, al haberla olvidado en cuestiones de desarrollo y emprendimiento.

En la actualidad existe una realidad más o menos aceptada por gran parte de la academia y las sociedades colombiana y venezolana. Se acepta que en la zona fronteriza existe una presencia y cada vez mayor influencia de estructuras criminales. No obstante, para gran parte de la opinión pública no resulta claro el grado de fortaleza, el nombre y tipo de estructuras criminales y, sobre todo, los vínculos con sectores de la legalidad. Este debate ha quedado extraviado en medio de discusiones ideologizadas y permeadas por posturas políticas. Se debe aclarar que la presencia de organizaciones criminales no es nueva en la zona de frontera. Por ejemplo, desde finales de la década de los ochenta, la presencia de grupos guerrilleros, tanto del ELN como de la guerrilla de las FARC, ha sido importante. Incluso, entre 1993 y 1996, bajo la administración de Caldera, el gobierno venezolano pidió abiertamente al gobierno colombiano el inicio de un proceso de paz, ya que crecía la necesidad de controlar este fenómeno.

Igualmente, desde 1994, el Cartel de Cali, y más tarde en 1998 también el Cartel del Norte de Valle, comenzaron un traslado planeado hacia Venezuela y Panamá de varias de sus estructuras. El propio jefe de los “Rastrojos” moriría en Venezuela años más tarde. Sin embargo, no sería hasta el año 2003 y 2004 cuando la situación comenzó a ser preocupante.

En los primeros años del nuevo milenio confluyeron cinco situaciones que agravarían las dinámicas de seguridad en la zona fronteriza. Esas cinco situaciones que agravan la seguridad en la frontera son: en primera instancia el fortalecimiento de la presencia y control de los grupos armados ilegales en la zona de frontera del lado colombiano inicialmente, y posteriormente del lado venezolano, guerrilleros y paramilitares.

La segunda fue un proceso de desinstitucionalización del Estado venezolano en la zona fronteriza, básicamente después del golpe de Estado y del paro petrolero en 2001 y 2002. Hubo un recambio en cerca del 60% de los funcionarios públicos; es decir, el oficialismo cambió la gran mayoría de la burocracia estatal, que era inexperta en la administración pública en su gran mayoría, y esto causó cierto desgobierno que fue aprovechado por las organizaciones criminales.

La tercera situación es que Venezuela se convirtió en un país de tránsito para la exportación del narcotráfico en la medida que los controles de la DEA (Agencia Antidroga estadounidense) por el Caribe aumentaron. Además, los carteles mexicanos lograron controlar cerca del 90% del tráfico de drogas hacia Estados Unidos, los carteles colombianos se vieron obligados a buscar nuevas rutas, y Venezuela se convirtió en la mejor opción. Desde allí se ha creado la ruta por África, con paso a Guinea Ecuatorial, único país de habla castellana en África que está siendo cooptado por narcotraficantes colombianos y brasileños. De tal forma que la frontera entre Colombia y Venezuela es zona de disputa y de interés para diferentes carteles: los “Rastrojos”, “Urabeños”, y los herederos del “Loco” Barrera, así como los “Zetas”, y más recientemente el Cartel de Sinaloa. Así mismo, dos carteles dominicanos se disputan la ruta que va desde Colombia y atraviesa Venezuela, ya sea hacia el Caribe o hacia África para llegar a Europa.

Una cuarta situación que ha confluido ha sido la diferencia cambiaria: un galón de gasolina cuesta del lado venezolano algunos centavos de dólar, y en Colombia está por encima de los 4 dólares. Similar situación se presenta con el precio de los alimentos, y por ende el tráfico de alimentos y gasolina es ya un mercado ilegal de grandes proporciones. Según el ministerio de Minas de Colombia un millón de galones de gasolina ingresan mensualmente a Colombia.

Y la quinta situación fue la divergencia de enfoques de la Política Pública de Seguridad entre ambos Estados. Por un lado, Colombia se ha enfocado en el tema de combate a grupos armados ilegales internos (un tema de seguridad, si bien nacional pero interna) y por ende su política de compra de armas, inteligencia e inversiones se enfocan a ello. Por otro lado, Venezuela tiene una línea de seguridad exterior en la que albergan la posibilidad de una invasión externa, y la promoción de golpes de estados por terceros países, y en estas hipótesis centran el objetivo de su estrategia militar. Esto quiere decir al menos dos cosas: primero, no había un lenguaje común a la hora de la cooperación militar, no sólo en sus prioridades. Segundo, la cooperación tampoco funcionó debido a quejas y peticiones de priorizar supuestas amenazas para que la cooperación fluyera.

El gobierno colombiano pedía mayor combate a las guerrillas y el venezolano al paramilitarismo. Recientemente, ambos gobiernos se han hecho conscientes de esta situación y han comenzado a cooperar: la captura del “Loco” Barrera, de “Valenciano”, o de “Diego Rastrojo”, todos ellos jefes narcotraficantes y algunos ex paramilitares son muestra de esta cooperación. Igualmente, el Plan Patria Segura del gobierno venezolano ha priorizado algunas zonas de frontera al igual que lo ha hecho el gobierno colombiano, y al parecer dicha coordinación comienza a dar sus frutos. Sin embargo, la lucha contra la corrupción en ambos lados de la frontera aún es mínima, lo que ha garantizado que el crimen organizado tenga estabilidad en esta zona. Las acciones gubernamentales son de menor trascendencia e impacto. Las visitas presidenciales, y ministeriales, solo permiten albergar esperanzas de un gobierno que detalle y diagnostique la verdadera realidad de Cúcuta. Las medidas transitorias solo permiten ahondar todos los problemas. El olvido administrativo de la zona de frontera es cada día más prioritario para no dejar a una sociedad en el olvido.

Conclusión.

No somos pesimistas, pero casi siempre en los indicadores de involución del desarrollo, Norte de Santander y Cúcuta son los afectados.

La ciudad se estancó en el tiempo y sólo se ha llenado de edificios y centros comerciales que son la careta de la realidad verdadera de la ciudad considerada “la perla del Norte” en las épocas del cincuenta y sesenta. De ahí en adelante hemos involucionado en todos los sectores y miramos con desesperación una solución real para que no sigan considerándonos como la “la ciudad del torcido”, del traqueto, del narcotraficante, de la prostituta, del desempleo, del facilismo y del folclorismo cultural.

Estamos cansados que entre la legalidad del límite hayamos desarrollado una frontera ilegal en todos los sentidos.

REFERENCIAS: Angarita, M. (2010). Cúcuta desde sus inicios hasta hoy. Cúcuta: Academia de Historia. Bello, M. E. (2014). Historia y límites de Venezuela. Mérida: ULA. Comunidad Andina de Naciones. (1993).

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