Viernes, 16 Octubre 2020 19:13 Escrito por MANUEL SALVADOR MOLINA HURTADO - Abogado Constitucionalista y Administrativista
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Segunda parte.   De las minorías, la dignidad humana, y el deber de denunciar en la administración pública

"El que rehúsa ganancias fraudulentas, el que se sacude la palma de la mano para no aceptar soborno…y cierra sus ojos para no ver el mal. Ese morará en las alturas y subirá a refugiarse en la fortaleza de las peñas…", Isaías, 33:15-16.

Como se recordará, la Primera Parte de esta columna versa sobre la discriminación y los maltratos que suelen dar los mandatarios a los concejales que no hacen parte de las coaliciones de gobierno, rayando con el menosprecio a su dignidad humana. Y, lo que es peor, se acostumbra distanciar y apartar a las comunidades que los eligieron para no otorgarles el mismo tratamiento de ayuda y asistencia que les dan a las comunidades a las cuales pertenecen los cabildantes de la coalición.  En otras palabras, son castigadas como mecanismo de acoso para que, en no pocos casos visto, ellas, desesperadas ante sus carestías, presionen a sus concejales exigiéndoles resultados merced a las esperanzas cifradas en ellos en la contienda electoral.

De ahí, que, por lo general,  los ediles miembros de la coalición de gobierno, mayoría, o aplanadora, como suele llamársele, al igual que los amigos y familiares de los gobernantes sean quienes reciban gran parte de los mejores cargos, de millonarios y cuestionables contratos, contratos de compra de mercados, gerencias de hospitales, etc., etc. por parte de la Administración. Y es allí donde hace aparición con toda su fuerza el protagonismo de la dignidad de los solitarios y titanes concejales que prefieren seguir luchando, literalmente con las uñas, en pos de realizar su función de controles político y administrativo a los Alcaldes, en procura de salvaguardar el erario y la mejor inversión de los recursos en las reales necesidades de la población, y no en Proyectos de Acuerdo que pálido servicio le prestan a ésta, cuando no para saciar voraces intereses de particulares tal como la concesión de un alumbrado público, o de un Plan de Desarrollo alejado de cualquier posibilidad de participación ciudadana, y ausente de la búsqueda de un presente y un futuro mejor.

Afortunadamente, la ciudadanía ya ha venido entendiendo que la obligación legal y ética de los concejales es velar por los intereses de las comunidades y no en hacer componendas y arreglos, ante la moral abominables, con quienes sólo quieren hacer negocios para enriquecerse ilícitamente a costillas de la penuria y el sufrimiento de los más vulnerables. Por quienes fueron engañados con falsas promesas electoreras.

Bendita sea la hora en que las comunidades han comenzado a comprender que los concejales que bregan por un buen municipio no son enemigos del desarrollo o palos en la rueda de la carreta. Bendita sea la hora en que las comunidades ya no se dejan confundir, que ya cesó la horrible noche del imperio de la nefasta práctica de la estrategia perversa del “confunde y reinarás”. Bendita sea la hora en que el Pueblo ha comenzado a despertar de conciencia, para reconocer quienes son los verdaderos enemigos del desarrollo, los verdaderos perseguidores. Los que no consienten que se piense diferente, sencilla y simplemente, porque se oponen a sus intereses particulares, en claro y directo perjuicio del interés general y del bienestar común. Bendita sea la hora en que la ciudadanía ha comprendido que las emisoras comunitarias ya no construyen ciudadanía ni son promotores de los derechos del ciudadano sino que se han convertido en oficinas de prensa del poder político, dándoles la espalda a quienes se deben. Bendita sea la hora en que el Pueblo se ha reencontrado consigo mismo para reclamar sus derechos, tan pisoteados a lo largo y ancho de la Historia, para entender que ya se le acabó el tiempo al abandono, a la mentira, y a la corrupción.

Por eso, en esa lucha contra el abandono, la mentira, y la corrupción hay que establecer con toda claridad el apoyo a los concejales que no hacen parte de ese andamiaje letal y fatal denominado “coalición de gobierno”, por la legítima y ansiada “coalición de las comunidades”. 

Y si se cometen en su contra toda clase de vejámenes y atropellos, advertir que se debe tomar conciencia de la absoluta necesidad de recurrir a las instancias estatales de investigación y sanción de las conductas de servidores públicos que atenten contra la Administración Pública tales como Fiscalía General de la Nación, la Contraloría, y la Procuraduría General de la Nación.

Y en cuanto a las emisoras comunitarias, he allí la apremiante tarea de demandar su efectiva y real democratización. Y de saber que la Agencia Nacional del Espectro –ANE, adscrita al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  –MinTIC, se encarga de recibir y tramitar las quejas que pongan en su conocimiento, en ejercicio de su encargo de efectuar la vigilancia y el control de las emisoras comunitarias en todo el territorio colombiano. No se compadece tanto servilismo y arrodillamiento a los poderosos a sabiendas del enorme perjuicio que le causa a su propio Pueblo, a cambio de beneficios personales y familiares provenientes de la Administración Municipal, con los dineros de las comunidades que pagan los sueldos y los contratos.

No se justifica que una sociedad, con tanto profesional prominente, permita que se le abuse habiendo cómo quitarse el yugo de encima.

Ahora, si tal Corporación Pública no cumple con sus obligaciones es deber del Personero Municipal poner en conocimiento dichas faltas disciplinarias ante el Procurador Provincial de la respectiva jurisdicción. Y, si el Personero Municipal y/o la Procuraduría Provincial cubren con manto de impunidad tales irregularidades -perdiendo ante las comunidades toda confianza y credibilidad-  el ciudadano debe y puede por consiguiente, dirigirle un escrito contentivo de derecho de petición de queja al Procurador General de la Nación haciéndole saber de las presuntas irregularidades perpetradas por acción o por omisión por el Alcalde, concejal o concejales, y el Personero, y de las razones para no confiar en el Personero o la Procuraduría Provincial, rogándole hacer uso del poder disciplinario preferente que la Ley le confiere a él y sus delegados, consistente en la facultad de conocer en cualquier momento de la actuación disciplinaria, lo cual, en este caso, prosperará a solicitud de cualquier concejal, ciudadano o servidor público.

Para finalizar, se debe persistir en afirmar y reafirmar que para una población nada puede ser más conveniente que vivir en paz y en convivencia pacífica; eso sí, aclarando, precisando y advirtiendo que en el marco de consensos amplios, sinceros y democráticos.

Así las cosas, resulta vana e improductiva toda convocatoria a la unión si no hay voluntad franca de escuchar a los demás actores de las sociedad, en general, y de la política, en particular, apuntando a abrir espacios de participación y a gobernar en equipo con el ciudadano, desterrando toda forma de autoritarismo y de persecución.  

Y, por ende, que nada valen constructivamente y mucho daño hacen a la ciudadanía los llamados públicos a la concordia si estos pronunciamientos se fundan en mera apariencia conciliatoria para hacerle creer a ella que la responsabilidad recae en otros cuando la realidad es otra: posan de víctimas cuando son ellos los victimarios.

 Ex Personero Municipal de Timaná - Ex Consejero Departamental de Paz del Huila

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