Martes, 04 Septiembre 2018 00:00 Escrito por
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La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana plasmada en nuestra Constitución Política Colombiana en los artículos 1 y 2, al igual que: el referendo, el plebiscito, el cabildo abierto, la iniciativa popular y la revocatoria del mandato.

El derecho a la autodeterminación de los pueblos para la descolonización establecida en la carta de las Naciones unidas en la resolución 1514, significa que los ciudadanos estamos facultados para autodeterminar nuestra cultura, tipo de economía, educación y defensa del territorio.

Una consulta popular con participación masiva y con propósitos nobles, como la que Colombia acaba de experimentar el pasado 26 de agosto (consulta popular contra la corrupción) se puede convertir en un mandato ciudadano que obliga a sus gobernantes, no solamente a escuchar la petición popular sino a convertirla en ley de la república para darle aplicabilidad constitucional. La movilización ciudadana y la expresión en las urnas son más contundentes que lo que pueda hacer voluntariamente los congresistas, diputados y concejales, pues en el espíritu de la mayoría de estos, hay más interés por sus bolsillos, que por el bien de la gente.

En el Huila estamos en mora de hacer esa gran Consulta Popular, para que la ciudadanía se exprese en las urnas. Primera: ¡No más represas! Segunda: ¡No al fracking! Tercera: ¡No a la explotación minero energética en nuestro páramo de Miraflores! Tercera: ¡No a la explotación minero energética en nuestro Río de las Ceibas!

El Congreso de la República, las Asambleas y Concejos municipales, se han convertido en una talanquera muy poderosa y peligrosa para la democracia colombiana. Cuando hace trámite un proyecto de ley, una ordenanza o un acuerdo municipal para frenar el accionar perverso de las multinacionales, a través de la consulta popular, en estas corporaciones sin importar que fueron elegidos por la ciudadanía para defender el territorio, los recursos naturales y su gente; allí  la mayoría de sus integrantes convierten estas instituciones en un mercado de ofertas y trueques, con las transnacionales que se creen dueños de nuestra riqueza hídrica y minero energética.  

Estamos en un momento oportuno en el que la ciudadanía desde el territorio puede ejercer presión, ahora que se va a empezar a dar trámite ante el Congreso la ley anti corrupción, para que los mecanismos de participación ciudadana y su derecho a la expresión de masas, no tenga que hacer tránsito a través de estas instituciones que, antes que ayudar perturban.

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