Lunes, 28 Septiembre 2020 21:11 Escrito por MANUEL SALVADOR MOLINA HURTADO Abogado Constitucionalista y Administrativista*
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Primera parte.   De las minorías, la dignidad humana y el deber de denunciar, en la administración pública

 

A continuación, les comparto apartes de la brillante disertación de Elías Bermeo, ejemplar hijo de Timaná, Presbítero, Doctor en Filosofía y Magister en Bioética.

“Existen diferentes formas de atentar contra la dignidad de las personas…una forma particular es atentar contra la sique del sujeto, atentar contra su forma de pensar; cuando yo ridiculizo, cuando yo humillo, cuando yo discrimino, cuando yo rechazo a otro, simplemente porque esa persona piensa diferente, porque esa persona cree diferente, porque esa persona ama diferente, porque esa persona tiene otras convicciones políticas diferentes a las mías, estoy atentando contra su dignidad y eso hay que evitarlo, y hay que evitarlo porque en nuestra cultura se han metido ciertas prácticas que son demasiado peligrosas, ciertas prácticas que hay que comenzar a erradicar y que hay que comenzar también a humanizar…otra práctica, muy coloquial, que también hace parte de nuestra cultura, es atentar contra la dignidad de la persona hablando mal del otro. Miren que todos tenemos el derecho a la buena honra, el derecho al buen nombre...los chimes, las palabras mal intencionadas, los comentarios mal habidos destruyen …cada vez que yo hablo mal de alguien, cada vez que yo utilizo una palabra, un comentario que atenta contra la dignidad…que atenta contra su buen nombre estoy faltándole al respeto… si usted sabe que alguien está haciendo un mal comportamiento…en vez de hablar mal de él lo más idóneo y lo más pertinente es que lo denuncie, si sabe que alguien es corrupto, pues en vez de hablar mal de él, en vez de murmurar…debe denunciarlo, es su responsabilidad, es su responsabilidad personal y comunitaria que usted sea capaz, no solamente de hablar, sino que sea capaz de actuar. Pues bien, hablemos sobre la dignidad humana. Pero la dignidad humana requiere comportamientos claros, acciones pertinentes, que verdaderamente nos ayuden a  promoverla y a defenderla. Todos tenemos ese valor fundamental, todos somos dignos por naturaleza, pero, todos también tenemos la obligación de respetar la dignidad de los otros…”.

Definitivamente, muy oportuna ante la convulsionada situación política de discordia, que padezca o llegare a padecer cualquier territorio. Su enseñanza y aplicación inmediata resulta de indiscutible valor para reencausar la extraviada armonía que debe imperar en la vida en sociedad, todavía más en razón a motivaciones políticas y administrativas.

Y es que hay que entender que en la gestión y funcionamiento del Estado se presentan dificultades constantemente. Es más, se pudiera decir que son connaturales al ejercicio de la función pública. Al fin y al acabo la gestión oficial -independientemente sea de ejecución o de control- es desempeñada por seres humanos, tan prestos, por naturaleza, a equivocarse permanentemente; y, esto, de acontecer en todas las esferas del accionar humano, de lo cual no tiene por qué sustraerse el devenir administrativo público.

Lo que si debe quedar sentado, con meridiana claridad, es que el servidor público debe asimilar que esas dificultades no pueden justificarse si sobrevienen de factores ajenos a los principios a que por Ley se obliga, motivados en las pasiones o en los intereses individuales o de grupos políticos, desde luego, completamente ajenos al interés general, en contravía de los derechos ciudadanos y al progreso y bienestar de las comunidades.

Por eso, no tendría ninguna exculpación, que conviertan o llegaren a convertir el mayor organismo de representación ciudadana, el templo de la democracia participativa: el Concejo Municipal, en un escenario donde se procuren salvaguardar a pupitrazos los propósitos más desfavorables para las aspiraciones represadas de las comunidades, por cuanto esto ya no corresponde a la equivocación propia de la condición humana sino al perverso e intencional deseo de lucrarse a expensas de la miseria y sufrimiento de quienes los eligieron con la esperanza de hacer posible su redención.

Desde luego, que tampoco sería admisible que fuese transformado en escenario para torpedear las convenientes y legales iniciativas presentadas para su estudio, atendiendo mezquindades políticas.

Ahora, en el contexto legal y democrático es lógico que en ciertos casos en el desarrollo de las deliberaciones se den puntos de vista diferentes y, en efecto, se vote diferente. Apenas, esperable.

Lo que no puede admitirse, por antidemocrático e ilegal,  es que se pretendiere imponer a quienes piensan diferente y con buena intención, que se sometan a la dictadura de la mayoría: por lo general, a la denominada “coalición de gobierno”, instrumento que en sí mismo no encarna, inexorablemente, una licencia para que el mandatario pueda acometer todo tipo de proyectos nefastos -ya por su ilicitud ora por su inconveniencia social-, pero que sí ha representado en la historia de la república una dinámica de mucho cuidado por su cercanía, no en pocos episodios, a convertirse en la mejor herramienta para que los acaudalados y poderosos inversionistas de las microempresas electorales recuperen sus cuantiosas sumas de dinero gastadas en las jornadas proselitistas y, obvio, para obtener las correspondientes y descomunales ganancias criminales. Y, claro, mientras que por su delictivo actuar estos servidores estatales y sus patrocinadores contratistas son cada vez más ricos, cada vez es más deplorable la calidad de vida de la población.

De allí, que se requiera, a grito entero, fortalecer a las minorías independientes,  para que su voz y pensamiento crítico sea reconocido por las comunidades, depositando en ellas su absoluta confianza y sentido respaldo. Así, se resguarda el sueño de una sociedad libre y democrática, que día a día luche desenfrenadamente contra la corrupción y sea vivo ejemplo de respeto por el elector. Que aunque sean pocos, puedan erguir su mirada al Pueblo con la seguridad que únicamente posibilita una conciencia tranquila.

No se compadecería que cada que unos concejales se opongan a un Proyecto de Acuerdo, a diferencia de la aplanadora y consentidora mayoría, se le vitupere y deshonre, como si no se tratare de seres humanos que sienten y se duelen de vivir cotidianamente expuestos al desprestigio social, ante propios y extraños; con mayor motivo cuando ese injusto e implacable ataque se haga por medios masivos de comunicación a los cuales, casi siempre, no tienen el mismo acceso ni el mismo tiempo a disposición para explicar a la ciudadanía sus actuaciones, en defensa de su honra y buen nombre.

Trabajando solos, sin recursos económicos, sin asesores especializados y sin  logística suficiente para poder cumplir apropiadamente con sus delicadas y complejas funciones de control. Verdaderos titanes. En ninguna circunstancia, comparables con los con que cuenta el mandatario, el controlado, el que maneja las enormes sumas de dinero del erario.

Y cuando expreso “solos” no me refiero únicamente a su orfandad de solidaridad de sus colegas sino, también, al precario -cuando no inexistente-  acompañamiento del conciudadano. Por lo general, ausente del trasegar político de su localidad.

Para finalizar, debe tenerse que en este estado de cosas, lo primero que debe verificarse es si el Presidente del Concejo cumplió con la obligación de convocar a la ciudadanía desde el instante en que el Proyecto de Acuerdo fue radicado en la Secretaría, en cumplimiento del mandato legal y del Reglamento Interno de la corporación edilicia que para el efecto, registra que son atribuciones, entre otras, del Concejo garantizar el fortalecimiento de la democracia participativa, y que en su desarrollo y remisión normativa le corresponde a la Mesa Directiva reglamentar la participación ciudadana en las comisiones permanentes señalando días, horario y duración de las intervenciones y procedimientos a seguir.

 Por favor, espere la Segunda Parte de esta columna, la que habrá de incluir las apreciaciones respetuosas de los gentiles lectores.

*Ex Personero Municipal de Timaná - Ex Consejero Departamental de Paz del Huila

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