Sábado, 26 Septiembre 2020 12:26 Escrito por MANUEL SALVADOR MOLINA HURTADO - Abogado Constitucionalista y Administrativista
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De las reacciones a la  invalidez del acuerdo municipal por vulnerar términos

 

“Una persona puede equivocarse muchas veces, pero sólo fracasa cuando culpa a otros de sus propios errores”. Jhon Burrough, escritor naturalista estadounidense.

Una vez se conoce que el Honorable Tribunal Administrativo resuelve declarar sin validez un Acuerdo Municipal por haber quebrantado la Ley que manda guardar tres días como mínimo entre los dos debates que debe surtir un Proyecto de Acuerdo, vale decir, entre el primer debate realizado en la Comisión respectiva y el segundo efectuado en la plenaria del Concejo, se suelen encontrar voces discordantes, que por regla general procuran endilgarle la culpa a otras instituciones o  servidores estatales,  o agredir a los ciudadanos que demandan de los servidores públicos una gestión administrativa o de control efectivas y oportunas.  O por supuesto, la voz de quien con buena voluntad, altura y decoro asume la responsabilidad que le compete, como primer paso para dar resolución pronta, armoniosa y consensuada al apuro.

Si bien es claro que no acatar los tres días entre cada debate es una falla cometida por el cabildo, también lo es que el Alcalde falló al no cumplir con el deber que el ordenamiento jurídico le impone referente a su obligación de objetar  los Proyectos de Acuerdo aprobados por el Concejo por motivos de inconveniencia o por ser contrarios a la Constitución, la ley y las ordenanzas; o lo que es lo mismo, por razones jurídicas.

Incluso, es tan relevante este mandamiento que si la corporación edilicia no estuviere reunida, el Alcalde está en la obligación de convocarlo en la semana siguiente a la fecha de las objeciones.

Ahora, si las objeciones jurídicas no fueren acogidas por los cabildantes, el Alcalde deberá enviar, dentro de los diez días siguientes, el proyecto acompañado de una exposición de motivos de las objeciones que considere al distinguido Tribunal Administrativo que tenga jurisdicción en el municipio. Y, si el Tribunal las considera fundadas, el proyecto se archivará. Pero, si decidiere que las objeciones del Alcalde son infundadas, éste deberá sancionar el proyecto dentro de los tres días siguientes al recibo de la comunicación respectiva. Si el tribunal considera parcialmente vaciado el proyecto, así lo indicará al Concejo para que se reconsidere.

Cumplido este trámite, el proyecto se remitirá de nuevo al Tribunal para fallo definitivo.

Como se mira, es mucho lo que tiene que atender y hacer el Alcalde una vez le llegue el Proyecto de Acuerdo aprobado por la corporación referente a su legalidad antes de sancionarlo y enviarlo a la Administración Seccional. Por eso, resulta extraño que el mandatario le impute la culpa a los concejales o al concejal ponente como si él no tuviera responsabilidad en la legalidad del Acuerdo que le envía a la Gobernación, como ya quedó arriba demostrado.

Peor, aún, cuando a simple vista se hallan en el Acuerdo las fechas de los debates, lo que significa que no exige ningún esfuerzo ni tarea alguna deducir la violación del término de los tres días perentorios entre las deliberaciones.

Ahora bien, por su importancia ilustrativa consideremos la siguiente respuesta de la Administración en el caso preciso:

“3.  Respecto (sic) al Plan de Desarrollo Municipal, SE ACLARA, que en él (sic) no existe ningún vacío sustancial o institucional, en consecuencia se llevará a cabo (sic) las gestiones pertinentes para las subsanación de tipo formal con respecto al procedimiento del acuerdo adelantado por el Concejo Municipal de Timaná Huila”.

Veamos en referencia a:

“…se llevará a cabo (sic) las gestiones pertinentes para las subsanación de tipo formal con respecto al procedimiento del Acuerdo adelantado por el Concejo…”

No es cierto. En este evento no estamos frente a un error de forma.  Dicho en otras palabras, es un error sostener que la corporación municipal incurrió en una equivocación simplemente de procedimiento y nada más.  

Todo lo contrario, la anomalía no es de forma pero sí de fondo. Para dejar en claro, retrotraemos un aparte de la columna publicada por el suscrito semanas atrás DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN DE ACUERDO MUNICIPAL POR PARTE DE LA  GOBERNACIÓN ANTE EL HONORABLE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, SEGUNDA PARTE”:

“…ii. Naturaleza de la falta: En reiteradas sentencias la Corte Constitucional y Tribunales Administrativos han calificado esta irregularidad como de grave connotación jurídica, esto es, de fondo y no de mero trámite. A todas luces, ante el ordenamiento jurídico se trata de una irregularidad sustancial y no formal por la grave condición y magnitud del daño a causar. En este caso que nos ocupa, se  pretender simplificar el descomunal quebrantamiento jurídico a sencillas y menudas explicaciones, lo que no deja ser sorprendente. Por ejemplo, indicar que el Honorable Tribunal -compuesto por selectos Magistrados- debe aceptar que sólo es un insignificante error de términos, que el contenido del Acuerdo es legal, o que la Administración no tiene la culpa sino el Concejo, y, por tanto, debe declarar la validez del Acuerdo, raya con la más incomprensible precariedad jurídica…” (la cursiva y la negrita no es del texto)

Y, en cuanto a la subsanación, pues todavía menos, porque al declararse la invalidez del Acuerdo, éste desaparece automáticamente de la vida jurídica; y, siendo así, entonces, no hay posibilidad alguna de corregirlo, por cuanto no se corrige, sanea, o subsana lo que no existe.

Según se expuso, se trataría solamente de rectificar un sencillo asunto con respecto al mismo Acuerdo para que todo se solucione. Un completo contrasentido.

En efecto, el Plan de Desarrollo de Timaná recientemente sancionado dejó de existir. Pero hay que aclarar, que sí tiene y cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal, que es el anterior, por mandato legal. Ello,  mientras la Administración resuelve la dificultad y, en consecuencia, dispone del nuevo Plan. En este orden, resulta errático concluir que en estas circunstancias el municipio no tiene Plan de Desarrollo. 

De otro lado, y para finalizar, no sobra recabar que para evadir sus responsabilidades no faltan quienes agravien a los ciudadanos que, en ejercicio de sus derechos, expresan su inconformidades insultándolos con adjetivos y ofensivas expresiones, por fuera totalmente de contexto, tales como revanchistas, malos perdedores, resentidos, perseguidores políticos, enemigos del desarrollo, los que ponen palos a las ruedas de las carretas, etc., etc. Pero, lo más grave y repudiable es que devenga de servidores públicos, más todavía, que ostentan la calidad de concejal o Alcalde.

No se ha logrado que comprendan que con tal grosera actitud se exponen a  investigaciones disciplinarias, por cuanto deben ser los primeros en dar ejemplo de respeto a los derechos del ciudadano. El mismo a quien le suplicaron el voto en la campaña electoral, el mismo a quien en su posesión juraron proteger y servir, el mismo a quien en las próxima jornada electoral tendrán que buscar para rogarle el voto.

Se posesionan y se transforman en los verdugos del Pueblo.

Ex Personero Municipal de Timaná - Ex Consejero Departamental de Paz del Huila

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1 comentario

  • Enlace al Comentario Armando Bermeo Torres Domingo, 27 Septiembre 2020 13:11 publicado por Armando Bermeo Torres

    Manuel buenos días, conociendo el descarnado plan de desarrollo de Timaná, son muchos los yerros que presenta y para referirme solo a uno se debe mirar la composición del Consejo Municipal de Planeacion.

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