Lunes, 21 Septiembre 2020 21:44 Escrito por MANUEL SALVADOR MOLINA HURTADO - Abogado Constitucionalista y Administrativista*
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Traslados presupuestales: ¿buen o mal augurio?

 

El presupuesto es el centro nervioso de la economía pública”. Gerhard Colm, economista alemán.

Definamos, de modo básico, elemental, que el presupuesto de un municipio no es más que el conjunto de ingresos que se destinan para cubrir el conjunto de  gastos previstos para un año, que se cuenta desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre, y, que por ello, deben ser de igual cantidad de recursos: la misma suma de ingresos contra la misma suma de egresos o gasto. Esto es, está compuesto por dos partes, siendo la primera, los ingresos -los dineros que entran-, y la segunda, los gastos -los dineros que salen-.

Pues, resulta que durante su ejecución en el transcurso del año pueden presentarse situaciones que ocasionan que una parte de gastos -egresos- sean consumidos o usados rápidamente por el Alcalde, que, por lo mismo, lo llevan a tener que solicitarle al Concejo que le inyecten más recursos a esos gastos para poder alcanzarle a cubrir hasta diciembre, tal como estaba planeado inicialmente.

Por eso, “el traslado presupuestal” que solicita el Alcalde consiste en una propuesta: inyectarle dinero a un gasto insuficiente o menguado  a costo o carga de que ese dinero a inyectar tiene que quitárselo a otro gasto que involucra la prestación de otro servicio público. Y, obvio e innecesario  explicar, que ese gasto se enmarca en los gastos realizados ya por la Administración, es decir, en la plata que la Administración se ha gastado anticipadamente, vale recalcar, que se ha gastado mucho antes del tiempo proyectado en el presupuesto para gastarse. En este sentido, tenemos que el estudio que el concejal asume es de compleja y delicada responsabilidad.

Adicional a lo anterior, el estudio, que de esta particular situación adelante el concejal, debe arrojarle seguridad en asuntos de esencial importancia tales como que los gastos agotados con inesperada antelación obedezca a que dichos dineros públicos no se hayan destinado a un propósito distinto, contrario al que legal o reglamentariamente se encuentra previsto, o que se haya destinado a algo prohibido, ilícito, injustificado o innecesario, con descontrol o con desmesura.  

Lo acabado de expresar, por cuanto no se compadece ni denota eficaces y eficientes gestiones de controles político y administrativo de los miembros del concejo, que sin disponer de la suficiente información que garantice la adecuada gerencia pública de recursos por parte del Alcalde, se le continúe entregando, con reprensible irresponsabilidad, la utilización de más patrimonio público.

Entonces, se generan graves y complicados interrogantes, partiendo de que si  un gasto -al que se le van a retirar dineros parcial o totalmente- y su cuantía hacen parte del presupuesto municipal es porque, ineludiblemente, la propia corporación pública durante el proceso de elaboración, discusión y aprobación de éste el año anterior, de manera razonada y colectiva, concluyó que era necesaria, o hasta imperativa, su ejecución en el transcurso del año, para beneficio de la población.

Sí, interrogantes tales como: ¿por qué no se ha ejecutado el gasto a cual se le sustraerán recursos?, ¿por qué es a ese gasto que se le va a sonsacar el recurso y no a otro?. Ahora, del otro lado, ¿por qué del desbordado gasto? ¿hay otros casos en similar situación de descomunal ejecución del gasto? ¿se requerirán, en adelante, más traslados? Y, de remate, ¿cómo estarán las finanzas municipales al finalizar la anualidad, habrá equilibrio presupuestal y cumplimiento de la planeación financiera?

Pero, el interrogante mayor es: ¿influye la pandemia en las anteriores respuestas? Siendo así, ¿estaría un municipio en pandemia y pos pandemia en condiciones de adquirir compromisos económicos y financieros de endeudamiento con altos y cuantiosos créditos, o para someterlo a comprometer sus ingresos de vigencias futuras, por ejemplo, a que durante 25 años  importante cantidad de recursos de varias administraciones tengan que estar destinadas, irremediablemente, a cubrir obligaciones de dinero por haberse dado -en estos tiempos de pandemia y pos pandemia- una concesión del alumbrado público en ese largo período?, ¿afecta esta situación y cómo al Plan de Desarrollo Municipal?, ¿si afecta al Plan de Desarrollo, que decisiones y medidas se van a tomar, en cumplimiento del principio de planeación, motor de estos Planes?

Todavía más, si el ordenamiento jurídico obliga a los concejales a examinar con rigor los contenidos de los Proyectos de Acuerdo y con mayor razón si tratan directamente de las finanzas estatales. Ordena la Ley que éste debe acompañarse, como mínimo, de juicioso sustento jurídico, de las razones y alcances del Proyecto, y de las demás consideraciones que debe argumentar con suficiencia su autor. Desde luego, con sus soportes técnicos, financieros y contables correspondientes.

De ahí, que resultare absolutamente inadmisible que a estas alturas se presentaran Proyectos de Acuerdo sin la debida exposición de motivos, la suficiente sustentación y los pertinentes soportes, acabados de señalar.

Y, como se ha repetido hasta la saciedad, y específicamente en la columna del suscrito “PARTE 2.  DE LOS ALCALDES, CONCEJOS Y COMUNIDADES”:

“Lo dicho, toda vez que la esencia misma del trámite de todo Proyecto de Acuerdo, persigue que la propuesta sea estudiada y debatida suficientemente y con compromiso a fin de impedir equivocaciones, apreciaciones incorrectas o decisiones erróneas, e incluso ilegales, pues ha de tenerse siempre que la razón de ser exclusiva de un Acuerdo Municipal es el mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano y el interés general, y ello únicamente será posible si se lleva a cabo un concienzudo y detallado estudio del Proyecto. (…)

Y, con lo fácil que es errar en materia de control político. Particularmente, sobre Proyectos que se caracterizan por sus relevantes implicaciones económicas para las arcas del Municipio o  por su desfavorable impacto en la vida diaria de las comunidades más vulnerables; y, claro, con las puertas abiertas a todo tipo de delicadas investigaciones.”

Para terminar, en lo que respecta a los organismos de control en esta cuestión, se halla, con claridad meridiana, que ante la presentación de un sencillo derecho de petición por parte de cualquier ciudadano, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación deberían intervenir a efecto de determinar si dicho gasto se acometió con vicios de  legalidad y, desde luego, si el Proyecto de Acuerdo que aprobó el traslado presupuestal se cristalizó violando los requisitos legales y reglamentarios, respectivamente.

Con un simple derecho de petición.

Y la intervención del Personero Municipal?

*Ex Personero Municipal de Timaná - Ex Consejero Departamental de Paz del Huila

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