Viernes, 18 Septiembre 2020 21:54 Escrito por ARMANDO SAAVEDRA PERDOMO – Exsecretario de Planeación del Huila
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Adiós al Ordenamiento Territorial

 

 Con el Decreto 1232 del 14 de septiembre del 2020 “Por medio del cual se adiciona  y modifica parte del decreto 1077 de 2015 Único reglamento del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la planeación del ordenamiento territorial” el presidente Iván Duque ratifica  que sus promesas de campaña de nada sirvieron  que definitivamente está dispuesto a todo para llevar a cabo cualquier tipo de proyecto extractivo, minero energético y de cualquier tipo, y da al traste de un solo golpe con el ordenamiento territorial en Colombia, con la autonomía territorial y con las posibilidades que tiene la comunidad de hacer frente a cualquier proyecto, ya sea extractivista, de  minería o de hidroeléctricas.

De acuerdo con la ley 388 de 1997, los principales objetivos del ordenamiento territorial son:  primacía del interés general sobre el particular, el establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía promover el ordenamiento de su territorio, el reparto de cargas y beneficios y la función social y ecológica del territorio. Pues con este decreto, estos objetivos se fueron a la basura, y de paso la posibilidad  que la comunidad, los alcaldes, o peor aún los concejos municipales, (de quien es la función constitucional el definir los usos del suelo de sus municipios), de oponerse a cualquier tipo de proyecto, más específicamente hidroeléctricas para el caso del Huila, o minería extractiva en el caso del páramo de  Santurbán o desde mi punto de vista el tan mencionado fracking, del cual en días pasados se voto negativo en la ley que modificaba el sistema general de regalías.

El mencionado decreto en la subsección 5: “Armonización de los usos del suelo en los planes de ordenamiento territorial…” en su artículo 2.2.2.1.2.5.1., define: “los proyectos, obras o actividades consideradas por el legislador de utilidad pública e interés social cuya ejecución corresponda a la Nación, podrán ser adelantados por esta en todo el territorio nacional, de manera directa o indirecta a través de cualquier modalidad contractual, previa la expedición de la respectiva licencia o del instrumento administrativo de manejo y control ambiental por parte de la autoridad ambiental correspondiente. Si a ello hubiere lugar”. Con este artículo la comunidad no se puede oponer, no importa si el concejo de cualquier municipio ha definido que un área del municipio es para uno u otro uso, pues “el legislador” en este caso Iván Duque, nuestro presidente puede definir que se haga lo que el crea o quiera…

Y, por si fuera poco, en el artículo siguiente, el 2.2.2.1.2.5.2 define: “los planes de ordenamiento, planes básicos o esquemas de ordenamiento territorial de los municipios y distritos en ningún caso serán oponibles a la ejecución de proyectos, obras o actividades a los que se refiere la presente subsección.”

Así las cosas, lo alcanzado a través de la ley 388, a través de los procesos de participación ciudadana, y de la primacía del interés general sobre el particular paso a la historia, en medio de la pandemia, donde todo el país está escondido, y nuestros padres de la patria a duras penas asisten a sesiones virtuales, nuestro muy querido presidente sigue viéndole la cara al país, gobernando para las multinacionales, y para las grandes empresas, olvidando que a él lo eligió el pueblo. Al igual que con el caso del crédito AVIANCA, será esperar a que lo demanden?. Pues a todas luces este decreto creo, es inconstitucional, y va en contravía del estado social de derecho definido por nuestra constitución.

¿Y mientras tanto nuestros representantes y senadores? Bien gracias…

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