Lunes, 14 Septiembre 2020 04:57 Escrito por MANUEL SALVADOR MOLINA HURTADO - Abogado Constitucionalista y Administrativista*
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De la vulneración a la participación ciudadana en la invalidez del acuerdo municipal

 

 “El papel del ciudadano en nuestra democracia no acaba con el voto.” Barack Obama, ex presidente de los Estados Unidos.

Una vez declarada la nulidad de un Acuerdo Municipal, este pierde todos sus efectos a partir del momento de su publicación y sanción. Diciéndolo de otro modo, la nulidad se funda en el vicio que impide a los actos jurídicos producir los efectos que establece la Ley.

Así las cosas, el Acuerdo no puede ser confirmado ni ratificado por el Alcalde ni por el Concejo, por cuanto sus vicios, al tenor del ordenamiento jurídico, son tan relevantes que no pueden subsanarse por quienes en su producción intervinieron. Por ello, la única solución es tramitarlo nuevamente dando, esta vez, estricto cumplimiento de los presupuestos establecidos por Norma y atendiendo lo resuelto en el fallo proferido.  

Así, la Corporación Municipal tendrá que cumplir obligatoriamente con el procedimiento de estudio, discusión, y aprobación de Proyectos de Acuerdo establecido en la Ley, en su Reglamento Interno, y en atención a la sentencia citada en precedencia, guardándose de no pretender hacerle modificaciones por fuera de los cauces legales, del Programa de Gobierno, y de las manifestaciones y aportes devinientes de la participación ciudadana. Y, claro, si se trata del Plan de Desarrollo Municipal, contar con la aprobación del mandatario.

Ahora, independientemente de la naturaleza del Proyecto de que se trate, en lo que si deben y pueden actuar es en la revisión normativa, en la sustentación jurídica.

Sin perder de vista que, en principio, el Proyecto aprobado y ya Acuerdo sancionado regresa a la Gobernación para su revisión. Aclarándose que podría darse que, merced al tipo de Acuerdo y alcance de las observaciones estudiadas, el fallo de la distinguida Corporación Judicial se despache con contenidos parciales y particulares -que harían menos gravosa la situación para la Administración-, y no con decisión de nulidad para todo el Acuerdo, lo que sí ocurre, a diferencia, cuando el cargo es la violación a los tres días entre cada debate.

Ejemplo de lo expuesto, se halla cuando se declara una nulidad parcial considerando que en el cargo de invalidez se advierte que los valores y principios que con el Acuerdo se quieren salvaguardar no sufrieron menoscabo alguno y que dicho cargo no se enmarca en una irregularidad sustancial.

No sobra señalar que, según la Ley, en todo caso, mientras se surte el trámite del nuevo Proyecto de Acuerdo, el respectivo Alcalde podrá continuar con la ejecución de planes y programas del Plan de Desarrollo Municipal anterior.

Ahora bien, es importante tener en cuenta -en términos de precaución-,  que si la Oficina Jurídica de la Gobernación sólo planteó en el escrito de remisión del Acuerdo al Honorable Tribunal la observación de haberse quebrantado la exigencia legal de los tres días entre cada debate, podría ser que al regresarle para su examen el nuevo Proyecto de Acuerdo revise los requisitos jurídicos, financieros y técnicos que estarían faltando por revisar, salvo que en la providencia se considere otra decisión. En otras palabras, que la revisión no habría terminado aún, en cuyo evento valdría la pena ser muy diligentes y cuidadosos con ocasión de su reenvío.

De otra parte, se espera que la ciudadanía conozca oportunamente a través del Presidente del Concejo, del Personero Municipal, y/o del Alcalde, del envío de las observaciones a los Proyectos de Acuerdo que la Gobernación le hace al distinguido Tribunal, y de la respectiva y posterior sentencia, en procura de posibilitarle su derecho a participar, sobre todo cuando en el primer trámite de aprobación le fue vulnerado.

Recuérdese que por mandato legal y por el Reglamento Interno, al Concejo le está impuesto garantizar el fortalecimiento de la democracia participativa.

Que por el lado del Alcalde, éste está comprometido legalmente tanto a sancionar y promulgar los Acuerdos que hubiere aprobado el Concejo como a objetar los que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico.  Esto, que el Alcalde debe examinar con detenimiento qué es lo que le va a mandar a la Gobernación.

Y, a trabajar apegado a los Principios Rectores del Ejercicio de la Competencia, entre algunos, los de Coordinación, de Concurrencia, y de Participación, a cuya voz, el primero, ordena que las autoridades municipales, al momento de ejercer sus competencias y sus responsabilidades, deben conciliar su actuación con la de otras entidades estatales de diferentes niveles; el segundo, manda que las competencias de los diferentes órganos de las entidades territoriales y del orden nacional no son excluyentes sino que coexisten y son dependientes entre sí para alcanzar el fin estatal. En este caso, el Municipio y el Departamento.

Luego, nada justifica y, por el contrario, es abiertamente ilegal el conflicto personal entre mandatarios, y lo que es peor, haciendo uso del repudiable y desgastado discurso de la persecución política.  Afortunadamente, para quienes incurren en estas faltas no hay organismos de control interesados en ponerle coto a estas extravagancias, que tanto perjuicio originan a la comunidad, aun cuando se manifiesten masivamente en los medios de comunicación, lo que comporta en materia penal la “notitia criminis”, también acogida en otras disciplinas investigativas, de control, y de sanción, mediante las cuales su aplicación consiste en que al conocerse públicamente la presunta comisión de un hecho reprochable legalmente, debe investigarse aunque no haya sido instaurada denuncia alguna.

Y, con respecto al tercero, las autoridades municipales garantizarán el acceso de los ciudadanos a lo público a través de la concertación y cooperación para que tomen parte activa en las decisiones que inciden en el ejercicio de sus derechos y libertades políticas, con arreglo a los postulados de la democracia participativa, vinculando activamente en estos procesos a particulares, organizaciones civiles, asociaciones residentes del sector y grupos de acción comunal.

Y, en cuanto al Personero Municipal, recae sobre él vigilar porque se dé adecuado cumplimiento en el Municipio a la participación ciudadana, e intervenir ante el Concejo y el multicitado Tribunal en representación de los intereses de la sociedad, y de todo ello mantener informadas a las comunidades. Además, de convocar y estimular al ciudadano para que bajo su orientación participe como actor protagonista de su propio destino político.

Siendo denominador común a los anteriores servidores que nada les inquieta  incurrir en omisión de funciones: la de respetar y hacer respetar la participación ciudadana, desatención constitutiva de causal de mala conducta.

El imperio de la impunidad disciplinaria en el Huila.

*Ex Personero Municipal de Timaná - Ex Consejero Departamental de Paz del Huila

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