Lunes, 07 Septiembre 2020 12:23 Escrito por MANUEL SALVADOR MOLINA HURTADO - Abogado Constitucionalista y Administrativista*
Valora este artículo
(0 votos)

III  y última parte: De la solicitud de revisión de acuerdo municipal por parte de la  Gobernación ante el Honorable Tribunal Administrativo

 

“El hombre es un animal de costumbres.”, Charles Dickens, escritor inglés.

  • Trámite en el Tribunal. Procurando que se tenga claridad acerca de la duración y contenido del trámite legal para abocar, conocer y fallar la validez de un acuerdo municipal, presentamos el siguiente resumen:
  1. Diez (10) días durante los cuales el Señor Procurador Judicial y cualquier otra persona puedan defender o impugnar la constitucionalidad o legalidad del acuerdo y solicitar la práctica de pruebas.
  2. Diez (10) días para decretarse las pruebas pedidas por los intervinientes. Para su práctica se señalará término no superior a diez (10) días.
  3. Practicadas las pruebas pasará el asunto al Despacho para fallo. El Magistrado dispondrá de diez (10) días para la elaboración de la ponencia y el Tribunal de otros diez (10) días para decidir. Contra esta decisión, que produce efectos de cosa juzgada en relación con los preceptos constitucionales y legales confrontados, no procederá recurso alguno.

Se advierte que los días se entenderán como hábiles.

  1. Vigencia del Acuerdo. Son obligatorios mientras no sean anulados por la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es decir, aún en el proceso en el Tribunal continúan en vigencia hasta tanto no se resuelva el asunto declarando su invalidez.

Téngase, que la revisión en cabeza del Gobernador constituye una oportunidad de características preventivas, que justamente demanda del Alcalde prudencia y sensatez para no precipitarse. Más, si se previera que la decisión de la distinguida Corporación Judicial se aviene en contrario, en tanto se pueda reconocer la incurrencia en la vulneración de los términos fijados y condiciones exigidas en la Ley y el Reglamento Interno Concejo.

Por tanto, se espera que tanto el Concejo como la Administración actúen con absoluta responsabilidad, de modo particular si sus decisiones en este estado de dificultades judiciales puedan impactar negativamente el adecuado direccionamiento del gasto público y las decisiones gerenciales. Con mayor razón, si se tiene que por sus actuaciones deben responder penal, disciplinaria y patrimonialmente.

Un mandatario no debe perder de vista y, por ende, ha de llamarse seriamente a reflexión cuando sus Proyectos de Acuerdo son repudiados por la Comunidad y el Concejo, e inadmitidos por la Gobernación. Peor aún, entratándose del Plan de Desarrollo Municipal y de un cuantioso empréstito que, según él, es fundamental para su gestión administrativa y, específicamente, para el cumplimiento de su programa de gobierno.

De ahí, que no se entienda que por medios de comunicación se hostigue a un tímido joven concejal primíparo, que aún no termina sus estudios.

Esta vez, se le expone a la picota pública por haber sido el ponente de un Proyecto de Acuerdo que hoy está bajo examen en la Honorable Corporación Judicial, como si la responsabilidad recayera exclusivamente en él; sin fórmula de juicio, sin ningún argumento legal o administrativo que corrobore tamaño señalamiento.

Como si no hubiera un Presidente del Concejo, que estuviera obligado funcionalmente a cumplir y a hacer cumplir el Reglamento de la Corporación edilicia.

No se explica cómo todavía servidores no comprenden que deben ser cuidadosos en la manera de tratar al ciudadano y a los demás servidores estatales. De llegar al extremo de ventilar públicamente los asuntos propios de los Despachos y organismos oficiales que, por lo mismo, exigen el agotamiento del conducto regular administrativo en el marco de la discreción, la cordura y la consideración.

Basta afirmar que es inconcebible que un Alcalde, y más públicamente, intervenga en los asuntos internos del Concejo Municipal, máxime en lo concerniente a las responsabilidades que les atañe a sus miembros a causa del desempeño de sus funciones, como si esta Corporación fuera una oficina o sección dependiente de la Alcaldía, o si la Ley le hubiese otorgado a los mandatarios la atribución de juzgar a los concejales, exponiéndose a convertirse por ello, automáticamente, en un notorio transgresor del principio de separación de funciones o a fungir de usurpador de competencias o a incurrir en extralimitación de funciones.

Y, de paso, arriesgándose a violar las disposiciones del Código Disciplinario Único (Ley 734, artículo 34) que preceptúa como deber de todo servidor público, entre otros, tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón del servicio.

Tanto va el cántaro a la fuente, hasta que…

Definitivamente, el ser humano es un animal de costumbres. Pero nos podemos desacostumbrar.  Es cuestión de voluntad y razonamiento.

Para finalizar, resulta pertinente preguntarse ¿qué papel desempeña el Personero Municipal en estas circunstancias?, ¿debe actuar en el aludido trámite de revisión de los Acuerdos adelantado en el Honorable Tribunal para la protección de los derechos y defensa de los  intereses de la población, tal como lo facultan las Leyes y lo reclaman las comunidades?

 *Ex Personero Municipal de Timaná - Ex Consejero Departamental de Paz del Huila

Visto 275 veces

Deja un comentario

Asegúrese de introducir toda la información requerida, indicada por un asterisco (*). No se permite código HTML.