Jueves, 03 Septiembre 2020 20:17 Escrito por MANUEL SALVADOR MOLINA HURTADO Abogado Constitucionalista y Administrativista*
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II  parte.  De la solicitud de revisión de acuerdo municipal por parte de la  gobernación ante el honorable tribunal administrativo 

 

“Una persona puede equivocarse muchas veces, pero sólo fracasa cuando culpa a otros de sus propios errores”. Jhon Burrough, escritor naturalista estadounidense.

Sinteticemos las conclusiones que nos arroja la PRIMERA PARTE de esta columna:

“Que constituye una ligereza, que se funda en un error de apreciación eminentemente subjetiva y, por ello, no jurídica y carente de todo fundamento llegarse a asegurar que un servidor estatal y profesional del derecho persigue sesgadamente que el Honorable Tribunal anule un Acuerdo y, peor todavía, que por su actuar busca ella misma declarar directamente su invalidez.”

Lo expresado, más indelicado aún, si no se conoce la versión de la Oficina Jurídica de la Gobernación acerca de la acusación que se le hace de no haber enviado copia del escrito remitido al Honorable Tribunal a los respectivos Alcalde, Personero y Presidente del Concejo y, por tanto,  únicamente se ha escuchado a una de las partes en controversia -la Administración-, que de ser cierta tal omisión, tampoco se saben ciertamente los motivos que dieron lugar a ella, los cuales son indispensables establecer para poder emitir una inculpación de haberse omitido con intencionalidad dañosa; por descuido, o que efectivamente fue enviada pero no llegó a su destino. Así, se está ante una situación de la cual no se dispone de la información suficiente para emitir un juicio justo, y sí, con toda seguridad, más próximos a la especulación y a las suposiciones tendenciosas tales como aseverar que todo se explica en una supuesta pero no probada persecución que pudiese estar ejercitando un ente territorial departamental en contra de otro del orden local, sin las pruebas pertinentes.

Esto, con todo el daño que se le hace a la honra de los funcionarios de la Gobernación, a la imagen pública, y a la confianza de la ciudadanía en el Estado. Aparte, de que se podría estar abonando el terreno para desacreditar, también, a los Honorables Magistrados del Tribunal en el caso de que su objetivo fallo resuelva invalidar el cuestionado Acuerdo. Recuérdese que se ha planteado públicamente que éste órgano jurisdiccional tenga en cuenta para decidir el perjuicio que tal sentido de fallo le originaría a la municipalidad y que no hay razonamiento jurídico suficiente para invalidarlo, puesto que el caso bajo estudio no lo amerita por relacionarse con falencias, sencilla y llanamente, de forma y no de fondo. Nada sustancial, nada de importancia. Lo que no es cierto, tal como se demostrará más adelante en el acápite: “ii. Naturaleza de la falta”.

Igualmente, tampoco se sabe por parte del Tribunal su versión y criterio acerca de las notificaciones, respecto de las cuales se ha dicho que fueron omitidas por la distinguida Corporación.

Se reitera: estas reflexiones apuntan a que NUNCA se pueden dar por verdaderas las afirmaciones de parte interesada sin el suficiente acervo probatorio que garantice el respeto de los derechos de contradicción y de defensa.

  1. Naturaleza de la falta: En reiteradas sentencias la Corte Constitucional y Tribunales Administrativos han calificado esta irregularidad como de grave connotación jurídica, esto es, de fondo y no de mero trámite. A todas luces, ante el ordenamiento jurídico se trata de una irregularidad sustancial y no formal por la grave condición y magnitud del daño a causar. En este caso que nos ocupa, se pretender simplificar el descomunal quebrantamiento jurídico a sencillas y menudas explicaciones, lo que no deja ser sorprendente. Por ejemplo, indicar que el Honorable Tribunal -compuesto por selectos Magistrados- debe aceptar que sólo es un insignificante error de términos, que el contenido del Acuerdo es legal, o que la Administración no tiene la culpa sino el Concejo, y, por tanto, debe declarar la validez del Acuerdo, raya con la más incomprensible precariedad jurídica.

En esta materia ha expresado el Honorable Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá:

“…En relación con el término que debe transcurrir entre un debate y otro se hace particular énfasis en la necesidad de que los miembros de la corporación tengan el tiempo suficiente para conocer y estudiar los textos sometidos a su consideración, dado que es a través del debate que se hace efectivo el principio democrático en el proceso de formación de tales decisiones (art. 1° de la C.P.); en efecto, ese lapso mínimo de tiempo entre uno y otro debate permite llevar a cabo un ejercicio de razón pública, es un escenario propicio para la discusión, la controversia y la confrontación de las diferentes corrientes de pensamiento al interior de estas corporaciones.

Sobre el significado y alcance del debate, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha enfatizado que representa un requisito mínimo de racionalidad deliberatoria y decisoria. Y en cuanto al término que deben transcurrir entre uno y otro debate, ha señalado también que ese lapso busca asegurar que antes de votar un proyecto, los miembros de las corporaciones cuentan con el tiempo suficiente para estudiar su contenido y evaluar su conveniencia para que su decisión no sea el irreflexivo impulso de un "pupitrazo" sino el fruto de la persuasión racional en torno a los alcances de la iniciativa.

Al respecto cabe recordar que el desconocimiento de un requisito de procedimiento para la formación de los acuerdos, puede no acarrear necesariamente su ilegalidad, cuando a pesar de ello se advierte que los valores y principios que con aquél se quieren salvaguardar no sufrieron menoscabo alguno.

Sin embargo, esta regla no opera tratándose del término que debe transcurrir para surtirse el segundo debate, por cuanto debe ser respetado, precisamente porque protege valores significativos de orden superior como el principio democrático. De esta manera, el procedimiento que rige la aprobación de los acuerdos, no es irrelevante y no puede ser ignorado por estas corporaciones administrativas de elección popular.” (la cursiva y la negrita no son originales), Acción: Validez de Acuerdo Municipal; demandante Departamento de Boyacá; demandado, Municipio de Chitaraque; expediente 15001-23-33-000-2018-00220-00.

*Ex Personero Municipal de Timaná -Ex Consejero Departamental de Paz del Huila

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