Jueves, 13 Agosto 2020 08:23 Escrito por MANUEL SALVADOR MOLINA HURTADO - Abogado Constitucionalista*
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Medios de comunicación y denuncia social

“La fuerza de la opinión pública es irresistible cuando se le permite expresarse libremente”. Thomas Jefferson,  tercer presidente de Estados Unidos.

De lejanos tiempos viene la discusión acerca del papel que deben cumplir los medios de cara al alcance de su responsabilidad social. Algunos sostienen que constituye un necesario y fundamental instrumento para hacer visibles los abusos de quienes detentan el  poder, mientras que otros, aunque lo aceptan, marcan su preocupación con respecto a su independencia y autonomía frente a sus propietarios.

En lo que si hay uniformidad es en reconocer su enorme influencia sobre la conciencia y vida de la población.

Y, en el caso en concreto de la conducta de los servidores públicos, es donde  con mayor razón los medios cumplen con la labor de informar a la ciudadanía el desempeño de éstos en su habitual quehacer administrativo, el cual resulta ser el que más  afecta al ciudadano en su vida cotidiana.

Por eso, y por su directa e inmediata forma de materialización, la denuncia pública  se ha tornado en la única esperanza cierta y creíble de los que no tienen voz. En un grito desgarrador, suplicante de justicia, cuyo eco, que retumba en los mismísimos abismos de la tropelía y la infamia de los poderosos, ya no se pierde en la nada.

De ahí, la imperiosa necesidad que le asiste al Pueblo de acudir a los medios, de denunciar a quienes ejercen el poder público y caen en inexcusables omisiones o excesos, ahora más cuando la ciudadanía ha perdido la fe en los órganos de control, de manera particular en aquellos de quienes se predica que son los defensores del ciudadano y de las comunidades. Que secuestrados por la ignominia de la politiquería han sido convertidos en máquinas perpetuadoras de impunidad y de miseria.

Por eso, hay que alentar al ciudadano de a píe a que denuncie en los medios, que entienda que esta es una sociedad injusta y sin justicia, cuya acción no es efectiva, pero sí complaciente con quienes asumen comportamientos dañosos para el interés general.  Que hay que aprovechar los medios que todavía guardan acogida a la denuncia social, procurando con desespero que el  indolente servidor público de control se conmueva para hacer justicia, para poner fin a tanto oprobio impune; empotrado en las oficinas oficiales, desde el inicio de los tiempos. 

Que se multipliquen las denuncias, que el ciudadano le pierda el miedo a las retaliaciones, que piense con valor, coraje y dignidad en el presente y futuro de sus hijos, que comprenda que muchas de las grandes conquistas de la humanidad se deben a perder el miedo. Y, menos todavía, tratándose de quienes confiado el Pueblo les dio su voto de confianza. 

Afortunadamente, las comunidades están asimilando la real dimensión y suprema vitalidad de la denuncia pública, comprender cuál es el verdadero motivo de sus sufrimientos, que hasta ahora ha logrado manifestar públicamente en uso legítimo de sus derechos.  Nunca antes como hoy, se había engrandecido tal prerrogativa, tan notoria y evidentemente, a tal punto de poner arrinconar a los servidores estatales y forzarlos a actuar con más respeto y eficacia. No obstante el cinismo que los caracteriza cuando de corrupción se trata.

Desde luego, que no contentándose con la sóla denuncia, también, acompañándola del respectivo seguimiento en los entes de control, quienes por Ley están obligados, una vez se haga pública, a iniciar de inmediato las investigaciones pertinentes. Norma y obligación desentendida por los fríos y omnipotentes funcionarios estatales. Para que no duerman el sueño de los justos (¿o de los injustos?)

Por supuesto, que denunciar involucra exigir acciones del Estado para la toma y ejecución de decisiones sancionatorias. Abrir el camino ejemplarizante para otros ciudadanos, para las comunidades. El silencio sólo acarrea complicidad.

Y es que debe reconocerse la descomunal efectividad de la denuncia social, porque en su virtud se han aperturado ya importantes investigaciones de honda significación para las sociedad, se han atacado imperecederas circunstancias de abuso, de siempre convivir con el temor cómplice por exponerse a perder la oportunidad de un contratico o una ayuda material tal como el arreglo de la casita de bahareque,  un techo, pavimentarle un patio, entregarle unos elementos para baño y, en fin, todo aquello que implica un sometimiento a la dignidad humana  a cambio de prestarle un servicio que se paga con los recursos de la misma gente necesitada

Lo expuesto, agravado con lo que al respecto ha anotado la Criminología: “los delitos que no se denuncian públicamente no preocupan y, por lo tanto, no generan opinión que deba tenerse en cuenta por el poder público”.

Por ello, no es de extrañar que cada día más, en las sociedades regidas por el  Estado Social de Derecho, el ordenamiento jurídico resalte y promueva la denuncia social como de inconmensurable valoración de participación democrática y le reconozca concluyentemente su eficacia jurídica.

Finalmente, debe puntualizarse y advertirse muy sagradamente que la denuncia pública no se puede convertir en una herramienta con la cual puedan cometerse toda clase de excesos y atropellos que injustamente lesionen los derechos del denunciado. Por consiguiente, la ética periodística entra a desempeñar máximo y protagónico rol, de esencial relevancia, en aras de dilucidar justicieramente sobre la procedibilidad de la denuncia social. Aparte de que el denunciante no caiga en presuntos conductas punibles y se atente contra la convivencia pacífica. 

*Ex Personero Municipal de Timaná -Ex Consejero Departamental de Paz del Huila

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