Martes, 04 Agosto 2020 05:35 Escrito por MANUEL SALVADOR MOLINA HURTADO - Abogado Constitucionalista
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Proyectos de acuerdo aprobados no tienen la última palabra

 

No obres nunca apasionado. ¿Por qué quieres entrar en el mar durante la tempestad?, Teógenes de Mileto, médico griego.

Mucho se ha creído que basta la aprobación en segundo debate de un Proyecto de Acuerdo para que el Acuerdo quede en “firme”, esto es, para que nazca a la vida administrativa y jurídica en forma definitiva. Que ya no existen más trámites ni acciones que agotar de allí en adelante para consolidar su plenitud jurídica.

Y no es cierto. A partir de la aprobación del Proyecto de Acuerdo quedan pendientes de surtir otras actuaciones que son de obligatorio cumplimiento para varias dependencias estatales, siendo ellas: el Concejo, la Alcaldía, la Gobernación, y el Honorable Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Observemos tales actuaciones y las entidades competentes:

  1. Suscripción de firmas. Aprobado en segundo debate un Proyecto de Acuerdo será suscrito por el Presidente del Concejo y el Secretario General, dentro de los dos (2) días hábiles subsiguientes.
  2. Remisión y Sanción. El Concejo, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación del Acuerdo lo despachará al Alcalde para su sanción.
  • Publicación.Sancionado el Acuerdo, éste será publicado en el respectivo diario, o gaceta, o emisora local o regional. La publicación deberá realizarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su sanción.
  1. Remisión al Gobernador por parte del Alcalde: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la sanción, el Alcalde enviará copia del Acuerdo al Gobernador del Departamento para que revise si está ajustado al ordenamiento jurídico. Esta revisión no suspende los efectos de los Acuerdos.
  2. Revisión por parte del Gobernador: De rango constitucional. Si el Gobernador, o su Oficina Jurídica, encontrare que el Acuerdo es contrario a la Constitución y/o la Ley, lo enviará mediante una demanda de “Solicitud de Revisión Constitucional y Legal”, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la fecha en que lo haya recibido al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que éste decida sobre su validez.

Aquí, resulta de vital importancia esclarecer que dentro del alcance de la revisión se incluyen todos los actos lesivos de derechos civiles; que se haya desconocido el principio de Unidad de Materia, consistente en que todo Proyecto de Acuerdo debe referirse exclusivamente a un mismo asunto; además, que los Proyectos de Acuerdo deben ir acompañados de una exposición de motivos que debe contener, “como mínimo, sustento jurídico, las razones del proyecto, los alcances del mismo y de las demás consideraciones que exponga su autor. Lo que incorpora documentos e información suficiente y detallada de naturaleza técnica, financiera y contable.

Y, que los Proyectos de Acuerdo deben ser sometidos a consideración de la plenaria de la corporación tres días después de su aprobación en la comisión respectiva.

  1. Admisión de la Demanda. Admitida la demanda por el mentado Tribunal pueden intervenir en el proceso, entre otros, el Personero Municipal en representación de las comunidades y del interés general, y cualquier ciudadano.

Así las cosas, el control jurídico del Acuerdo se concentra en los argumentos del Gobernador,  a través de quien se ha delegado esta labor; de los intervinientes; y, del Honorable Tribunal.

  • Efectos de cosa juzgada. Esta situación se define y finaliza mediante sentencia proferida por la Corporación Judicial, la cual tiene efectos de cosa juzgada, vale explicar, que no se podrá demandar de nuevo con respecto de los cargos o asuntos revisados y analizados en el proceso en relación con los preceptos constitucionales y legales confrontados, ni interponer recursos de reposición y apelación, ni ningún otro recurso.
  • Nulidad de los Actos. En efecto, son nulos los Acuerdos expedidos en contravención a las disposiciones de la Constitución, de las leyes, de las ordenanzas y los derechos civiles.
  1. Medio de Control de Nulidad. Por último, le queda otro recurso a quienes consideran que el Acuerdo es contrario a la Ley. Se trata del ejercicio del medio de control de nulidad, que permite a cualquier ciudadano inconforme y en todo tiempo presentar ante el mismo Tribunal Administrativo demanda tendiente a obtener la declaratoria de nulidad del Acuerdo.

Se funda en que la Ley consagra que toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general -como los Acuerdos- la cual procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.

Aparte de que el Tribunal está facultado para suspender provisionalmente los efectos de los Acuerdos, por los motivos y con los requisitos que establezca la Ley, por cuanto estos actos administrativos son susceptibles de impugnación por la vía judicial, al tenor de la Constitución.

En conclusión, la revisión en cabeza del Gobernador constituye un evento ejemplarizante de  características preventivas, toda vez que procura que se detecte un grave error en la actuación administrativa con antelación a su materialización en la gestión estatal, justamente para impedir que si es quebrantador de la Ley, alcance a generar efectos nocivos, no obstante, el poco tiempo que tiene para producir efectos; lo que demanda, naturalmente, del Alcalde prudencia y sabiduría para no precipitarse.

Ex Personero Municipal de Timaná - Ex Consejero Departamental de Paz del Huila

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