Jueves, 30 Julio 2020 21:57 Escrito por MANUEL SALVADOR MOLINA HURTADO --- Abogado Constitucionalista*
Valora este artículo
(0 votos)

Protesta social: esperanza del pueblo o manipulación de intereses

“Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces; pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos”. Martin Luther King

Como preámbulo a esta columna dejo en claridad que en mi criterio el derecho constitucional a la protesta social es perfectamente ejercitable independientemente de la situación en donde se pretenda aplicar y, por tanto, podrá ser ejercitado en tiempos de Emergencia Sanitaria. En reiteradas ocasiones instituciones políticas y jurídicas nacionales e internacionales han reiterado que la finalidad que persigue el derecho a la protesta social reviste mayor trascendencia que las causas que originan la declaratoria de los estados constitucionales de excepción, máxime que el derecho administrativo tiene como fuente de derecho los mandatos constitucionales, que obligan, además, a las autoridades administrativas a actuar apegadas al principio de legalidad, esto es, a actuar con respeto a la Constitución, o lo que es lo mismo a la constitucionalización del derecho administrativo

Hecha la anterior precisión, se torna apenas lógico que sus promotores tengan esclarecido que las motivaciones que los impulsan estén ajustadas a la moral, a la ética, y a la legalidad; y, con respeto al Pueblo, a su conveniencia.  Esto, con mayor razón, si quienes incitan a la protesta son dirigentes políticos, militantes o simpatizantes del partido de gobierno, concejales, y, más todavía, con el mandatario local a la cabeza, amparado en su obligación de actuar de conformidad con la Ley para permitir su realización. En suma: la propia clase política responsable directa e indirectamente del estado de cosas que son la causa del sufrimiento del Pueblo y, por lo mismo, de las causas de la protesta. Que, con perverso olfato oportunista y desleal actuar para con las comunidades, se muestra  ante ellas -posando hipócritamente- como sus redentores y salvadores, como los genuinos representantes de los intereses comunitarios.

Así, ya predeterminados los valores y principios que justifican, rigen y orientan la decisión de manifestarse socialmente, se halla que desde la misma convocatoria se desprenden las acciones y actividades que deben estar de acuerdo con sus fundamentos: identificación plena de sus promotores, de las motivaciones ciertas de la convocatoria, y de los gobernantes responsables de la causa que origina el descontento. De modo que la población, en actitud crítica, reflexiva y pensante, acompañada de los ciudadanos conscientes -y no de politiqueros de oficio- examine a fondo si los intereses son pulcros o, por el contrario, corresponden a intereses mezquinos que busquen desesperadamente correr cortinas de humo para distraer al sufrido Pueblo y, por tanto, para que no tenga la oportunidad de descubrir dónde está la verdadera raíz de todos sus males: la corrupción y la falta de gobierno para el Pueblo.

A modo ejemplarizante, si refiriéndose a varias instancias  estatales como la Nación y los Departamentos, en derivación, del Gobierno Nacional y del Gobierno Departamental, deben distinguir rotundamente la competencia y la culpa que recae sobre cada una de ellas por la demora o falta de prestación de un servicio público, previamente individualizado, señalado.

*Pescadores en río revuelto y proyectos de acuerdo

*De los directorios políticos, los concejales y las comunidades

Y he allí la importancia del asunto, toda vez que confundir las cosas puede ser utilizado como estrategia para manipular a las comunidades haciéndoles creer que cierto mandatario es el responsable de lo que en verdad le corresponde a otro.

Veamos un par de ejemplos. Si en la convocatoria a la ciudadanía, sin identificación de los responsables, se le imputa a una Gobernación la tardanza en el inicio de obras de reparcheos de una ruta nacional cuando la verdad es que ya se está cumpliendo con un cronograma de contratación que apunta a su atención, o acusarlo del incumplimiento de los procesos requeridos para la iniciación de la variante de un municipio, que es obligación de la Nación y no del Departamento, pues, sencillamente estaríamos ante un acto de mala fe, persiguiendo embolatar al ciudadano honorable que desconoce de los asuntos de gobierno, y que confía ciegamente en sus concejales y el Alcalde, generando en él, abusadora e injustamente, su repudio hacia el mandatario departamental, por cuanto actúa a sabiendas de que en tales casos el máximo responsable de tal desinterés es el Gobierno Nacional, por el eterno mal estado o insuficiencia de las vía nacionales que claman una variante, en cuyo evento lo correcto es exigirle a este último su cumplimiento, aparte de desarrollar ante éste acciones permanentes y fructíferas de gestión para la consecución pronta y efectiva de recursos necesarios para ejecutar las obras indispensables para el desarrollo del municipio y la prosperidad de las comunidades.

Peor, si el Alcalde ilusiona al Pueblo anunciándole que ya el Presidente tiene en su poder la lista de solicitudes que representan el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos en la realización de obras tan importantes, precisamente, como la construcción de la variante. Y no se ven los resultados.    

Por ello, no sería extraño que las comunidades ya cansadas de tanta manipulación, tanto odio, y  desatinadas decisiones tomadas a sus espaldas y en contravía de sus derechos tal como la intentona de celebrar sin consultarle al Pueblo un contrato de concesión de alumbrado público -que enriquece aún más a los particulares inversionistas- a veinticinco años, utilizando recursos de vigencias futuras que podrían afectar la gestión de las próximas cinco administraciones, e hipotecan sin clemencia los bolsillos de los empobrecidos ciudadanos y saquea la ya casi vacía canasta familiar de los hogares azotados económicamente por la pandemia, ejerciten su derecho a exigir que la protesta social también incorpore al Gobierno Municipal y a aquellos  concejales que le consienten sus desmanes.

O, por lo menos, al ejercicio democrático de los llamados “cacerolazos”, para comenzar.

En síntesis, no se trata de ensañarse en alguien para favorecer a otro que, igualmente, es responsable o evade su culpabilidad. Al césar lo que es del césar.

*Ex Personero Municipal de Timaná - Ex Consejero Departamental de Paz del Huila

Visto 414 veces

Deja un comentario

Asegúrese de introducir toda la información requerida, indicada por un asterisco (*). No se permite código HTML.