Jueves, 09 Julio 2020 18:55 Escrito por MANUEL SALVADOR MOLINA HURTADO -Abogado Constitucionalista
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Pescadores en río revuelto y proyectos de acuerdo

“Cuando el trabajo de un gran líder concluye, la gente dice: ¡lo hicimos!”, LaoTse, filósofo chino.

En el Reglamento del Concejo Municipal se halla que sus miembros representan al Pueblo y que deberán actuar consultando la Justicia y el bien común, máxime que son responsables ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura.  

Igual, en su posesión juran a Dios y prometen al Pueblo cumplir fielmente la Constitución y las Leyes de Colombia.

Y, entrando en materia de control, relativo a su trabajo de estudiar los Proyectos de Acuerdo, le manda al concejal que inadmita aquellos que contengan asuntos o temas que debieron ser presentados por separado, que es lo que se denomina Unidad de Materia. Además, que los Proyectos de Acuerdo deben ir acompañados de una exposición de motivos que debe contener, “como mínimo, sustento jurídico, las razones del proyecto, los alcances del mismo y de las demás consideraciones que exponga su autor. Lo que incorpora documentos e información suficiente y detallada de naturaleza técnica, financiera y contable.

Agravado y aunado a lo anterior, que los Proyectos de Acuerdo sean varios y concernientes a de temas de mayúscula relevancia e impacto en la vida económica y social, presente y futura del Municipio y las familias, comoquiera que en tiempos de crisis los ingresos de los ciudadanos se reducen ostensiblemente -con proyección válida de convertirse en comportamiento prolongado- y, por ello, en detrimento de las finanzas municipales a causa de las  precarias recaudaciones de impuestos, tasas y otros gravámenes, por lo menos a mediano plazo.

Y, que, para empeorar, los Concejales no dominen la temática bajo examen y, que desde luego, sean celosos para con su juramento y fieles a la ética que les mandan evitar acciones que pudieran poner en riesgo la finalidad de la función pública, el patrimonio del Estado, o la imagen que debe tener la sociedad respecto de sus servidores.

Atentan, entonces, contra su aprobación, que el Proyecto no contenga del todo o parcialmente los requisitos arriba enunciados. Con mayor motivo, si su complejidad e importancia amerita y demanda haberlos socializado y consensuado democráticamente con esmero y oportunidad. Y su conveniencia y procedencia en tiempos de pandemia.

Desde luego, que el Alcalde puede alegar que sus Proyectos son perfectamente cumplidores de estos requisitos, pero es al Concejo a quien la Ley le atribuyó la función de decidir si cumple o no, y no a él. Por tanto,  debe respetar la autonomía del Concejo y el Principio de Separación de Funciones.

Atendiendo lo dicho, en ese contexto, resulta lógico concluir que ningún juicio de reproche de la Administración contra el Concejo sería justo y considerado ante una potencial o real negación de los Proyectos. Peor, teniéndose que los Concejos de pequeñas poblaciones no disponen de apoyo y asesoría de profesionales que los apuntalen en su difícil tarea, como bien lo goza la Alcaldía.

¿Cuánto tiempo y recursos destina la Administración para la elaboración de sus Proyectos, y de cuánto tiempo y recursos  dispone el Concejal? ¿Cuánto dinero devenga mensualmente un contratista asesor y un funcionario de la Alcaldía de alto nivel? ¿Cuánto dinero promedio recibe mensualmente un concejal?

Pero, si el Concejo concluye que el Proyecto no cumple con los requisitos, pues no queda otro camino que proceder a su archivo. Siendo así, el Alcalde debe guardar compostura y decoro y, por ende, actuar de conformidad con la dignidad del cargo que desempeña y, así, con más tiempo y, obvio, sin tanto afán, presentarlos de nuevo, ya revisados, más socializados y producto de un pacto con las comunidades y los sectores sociales y económicos de la localidad.

Ahora, si está seguro que tal comportamiento de los concejales se explica en la presunta comisión de conductas legalmente reprochables, deberá proceder a la formulación de la queja o denuncia ante los organismos competentes, y en ningún caso le será admitido que en declaraciones públicas menoscabe el buen nombre de los servidores, ni que les descalifique groseramente sus argumentos, en detrimento de la buena imagen del Concejo y, por consiguiente, del Estado.

También, los concejales con respecto a las actuaciones del Alcalde.

Igualmente, sería repudiable que excandidatos al Concejo y a la Alcaldía y sus respectivos socios políticos, dolidos por su pérdida electoral, arremetieran contra la Administración Municipal persiguiendo satisfacer apetitos de revanchismo. Peor aún, si lo hicieran como ruin estrategia para generar caos en la gobernabilidad y, consecuencialmente, minar la credibilidad del Pueblo y, en efecto, ir consolidando de a poco la próxima campaña electoral para el Congreso y la futura para la Alcaldía y corporaciones públicas, a costa del inducido descontento y de la trama, aprovechándose de la angustia ciudadana a través de la manipulación por redes sociales. Incluso, para sentar las bases de una hipotética revocatoria del mandato.

Y, claro, cosa muy distinta  y espantosa sería que los móviles de los Concejales  para aprobar o no aprobar los Proyectos fueran ajenos a su juramento y fidelidad a la ética, en complicidad de sus Directorios Políticos, en cuyo supuesto suceso, tanto unos como otros, se harían merecedores del imperdonable rechazo de su Pueblo y a las sanciones que la Ley les imponga.

*Ex Personero de Timaná - Ex Consejero Departamental de Paz

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