Domingo, 05 Julio 2020 11:03 Escrito por MANUEL SALVADOR MOLINA HURTADO - Abogado Constitucionalista*
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De los directorios políticos, los concejales y las comunidades

Debemos visibilizar la Colombia de las regiones, agobiada por el olvido, la violencia y la inequidad, y hacer valer la Constitución”. Fernando Carrillo Flórez, Procurador General de la Nación.

En el funcionamiento administrativo del Estado, ya sea a nivel nacional o local  nada está suelto a la libre voluntad y parecer de los servidores estatales, a su libre albedrío. Su actuación está reglamentada, es decir, regida por reglas, por normas que lo obligan a actuar conforme ellas se  lo manden. De allí, que la Constitución, de manera rápida lo consagre como uno de sus más importantes principios fundamentales y, por ello, en el artículo 6°, indique, terminantemente, que los servidores públicos son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las Leyes, y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Por consiguiente, no debe actuar arbitrariamente, no le está permitido  decidir a qué se acoge y a qué no. Excepto, que por terquedad  o por  intereses ocultos se someta al peligro de una sanción penal, disciplinaria o con alcance patrimonial, esto es, que si causa un daño injustificado a los recursos públicos responde con los suyos. Y no podrá alegar ignorancia de la Ley, recuérdese que esta excusa no le es aceptada y, menos, cuando es notaria y evidente la advertencia, la alerta y el aviso que le haya sido hecho; más, públicamente, de conocimiento general. Así, se corrobora que su actuar es a sabiendas, con intencionalidad.

Y el concejal  es un servidor público.

Según los Informes de Gestión presentados por la Procuraduría General de la Nación al Congreso de la República en agosto de 2019, periodos de enero de 2017 a diciembre de 2018; y, de junio de 2018 a julio de 2019, se encuentra que fueron sancionados disciplinariamente, para el primer período, 264 concejales y, para el segundo,181 -período más corto-. Aclarando que estas cifras no cobijan los procesos en curso, esto es, que no alcanzaron a ser fallados en tal período, o si fueron fallados no alcanzaron a estar en firme, definitivos.

Lo que prueba que los concejales sí están expuestos a sanciones por realizar conductas de omisión, acción, o extralimitación de funciones.

Inclusive, como si no bastara la gravedad de lo antedicho, la propia  Constitución señala en su artículo 108, que los estatutos internos de los partidos y movimientos políticos podrán establecer sanciones por la inobservancia de sus directrices por parte de las bancadas -concejales, en nuestro caso, de cada agrupación política-, las cuales se fijarán gradualmente hasta la expulsión, y podrán incluir la pérdida del derecho de voto del concejal por el resto del período para el cual fue elegido.

Además, de que a los Directorios Políticos Municipales les asiste velar por el imperio de la disciplina, la ética, la moral y el respeto de la Ley por parte de los miembros de su colectividad -que por supuesto, incorpora a los concejales de su partido-, recurriendo, si fuera el caso, al apoyo del Consejo de Control Ético, o de quien haga sus veces. Y, si lo ameritare, ponerlo en conocimiento de las instancias superiores para la investigación correspondiente.

Y, claro, si un Proyecto de Acuerdo genera resistencia en las comunidades y el Directorio Político no se manifiesta, pues el Pueblo va a dar por cierto que coincide con el concejal que lo representa.

Como se observa, el servidor público, desde el Presidente de la República hasta el alcalde o concejal de un apartado municipio de sexta categoría no es omnipotente ni todopoderoso. Ni huerfanito, aquel que no tiene quien se acuerde de él: pues lo acechan, permanentemente, desde una sanción disciplinaria -que podría inhabilitarlo por largos años a trabajar para el Estado-, pasando por la patrimonial o económica, hasta llegar a exponerse a afrontar la cárcel. Y, lógico, si actúa de modo corrupto se ganará el eterno REPUDIO DE SU PUEBLO, el mismo que confiado lo eligió y que, en adelante, ante un doloroso desengaño, mientras viva, lo habrá de señalar como aquel personaje bíblico que por unas monedas de plata vendió sus ideas, su dignidad, a su amigo, a su Maestro, Jesús: JUDAS!

Un concejal corrupto debería entender que con la ejecución de este tipo de crímenes le causa a su propio pueblo, a su familia y a sus propios hijos, perjuicios de magnitud descomunal e irremediable, tanto como negarle el derecho humano a una vida digna y cercenarle su presente y su futuro.

Aparte, de que con sus reprochables conductas delincuenciales menoscaban la confianza del ciudadano en las instituciones de gobierno, en los procesos electorales y en los partidos y movimientos políticos, tan fundamentales para la Democracia y la Paz. He allí, una de las causas más sobresalientes para explicar la abstención electoral y la pobreza. Y la violencia política.

Por supuesto, que no valdrán disculpas de ninguna clase. Mucho menos, las que configuran las denominadas cortinas de humo, tales como afirmar que ya están comprometidos, que es para favorecer a su comunidad, etc., etc., las cuales resultan no solamente inadmisibles sino, también, abiertamente reprochables. El único compromiso que existe y vale es el que adquirió para con el Pueblo en las elecciones, cuando se comprometió a favorecerlo. Así, se escuchan vanos y engañosos sus embustes.

Olvidan que el Pueblo no es lo que el pensador griego, Platón, denominó tan injusta y erráticamente, como la “muchedumbre estúpida”.  Se resisten a admitir que  los tiempos de desconocer la inteligencia del Pueblo y su soberanía, ya pasaron.

*Ex Personero Municipal de Timaná -Ex Consejero Departamental de Paz del Huila

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