Sábado, 27 Junio 2020 22:43 Escrito por MARÍA DEL CARMEN JIMÉNEZ, Ex secretaria de Educación del Huila
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Los delitos sexuales

Los bienes jurídicos de la libertad, la integridad personal, la dignidad humana y formación sexuales están protegidos en Colombia   por la Constitución   y   la Ley 599 de 2000 (Código Penal).  La  jurisprudencia considera que se debe entender por violencia como elemento objetivo de los tipos penales de acceso carnal y acto sexual violento toda acción   que se utiliza   para doblegar, someter, o avasallar la voluntad de la víctima.

En muchos casos, tal como lo plantea la investigación de la Jurisprudencia Colombiana, realizada por la Corporación Humanas en convenio con la Agencia Española   de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, se observa “que en los procesos penales tanto procesal, probatoria como sustancialmente, la protección está centrada   en los derechos   de los victimarios   y no sobre los derechos de las víctimas”.  Por ello recomienda   que el Derecho Penal   avance y las estructuras dogmáticas   permitan equiparar a la parte más olvidada históricamente en el proceso penal: las víctimas.  En los casos de delitos sexuales las mujeres y las niñas son las principales afectadas y como se ha visto perduran los prejuicios sexistas   para el análisis de la responsabilidad de los procesados en este tipo de delitos por lo que se agudiza la desprotección   ya imperante de quienes los padecen.

Estudios críticos del Derecho como éste   buscan repensar su función social de tal manera que transforme los constructos culturales actuales, incorporando la diversidad y los derechos humanos de las mujeres en su ejercicio diario, con miras a contribuir con el mejoramiento y adecuación de las garantías   de acceso a la justicia de las mujeres y las niñas   víctimas de delitos sexuales, para que no sean objeto del poder punitivo mediante señalamientos y revictimizaciones. Afortunadamente existe importante número   de funcionarios y funcionarias del sistema judicial comprometidos no solo con hacer justicia sino hacerla con lentes de género.

Aterradoras y lamentables cifras de menores de edad abusados y violentados sexualmente por familiares, conocidos y amigos cercanos entre enero y mayo de 2020   dio a conocer   un informe de Medicina Legal. De los   6469 cinco mil   cuatrocientos doce (5412) son niñas y 1057 niños. Repudio e indignación causó también la violación de la que fue víctima recientemente la niña indígena Embera por parte de siete soldados. Aceptaron cargos y acaban de ser enviados a guarnición militar. Expertos cuestionan la laxitud   del Fiscal Barbosa al imputarles acceso carnal abusivo por cuanto da a entender que la menor dio consentimiento para que abusaran de ella y no se reconoce la violencia del hecho. Es una forma de revictimizar a la menor. Estamos frente a la pandemia del abuso sexual en Colombia. Es un problema de salud mental y pública arropada por el sistema patriarcal imperante.

Cobran vigencia las recomendaciones del estudio referido en el acápite anterior encaminadas, entre otras, a promover en la judicatura seminarios de reflexión y debate acerca de la violencia sexual contra las mujeres, que permitan   una mejor comprensión   de sus expresiones   dimensiones, causas y efectos. Igualmente promover en la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial la incorporación  en el Curriculum de las carreras de Derecho y afines como materias   obligatorias: derecho internacional de las mujeres, análisis de normativas nacionales y armonización   con estándares  internacionales.  

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