Viernes, 26 Junio 2020 10:21 Escrito por MANUEL SALVADOR MOLINA HURTADO - Abogado Constitucionalista
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De los alcaldes, concejos y comunidades- Segunda parte

“Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto”. Georg C. Lichtenberg, científico y escritor alemán.

Las relaciones administrativas entre Alcalde y Concejo deben ser, inquebrantablemente, responsables, respetuosas y serias. Una manera práctica de constatarlo es examinar los contenidos de los Proyectos de Acuerdo y cómo se desarrolla su respectivo trámite. Ordena la Ley que éste debe acompañarse, como mínimo, de juicioso sustento jurídico, de las razones y alcances del Proyecto, y de las demás consideraciones que debe argumentar con suficiencia su autor. Desde luego, con sus soportes técnicos y financieros correspondientes. Sin embargo, siendo tan claro y conocido este mandamiento, se han visto casos de  Administraciones que los tramitan sin la debida sustentación y los soportes, acabados de señalar. Pero hay más, insólitamente, ocurre que se enfrentan con furia al Concejo por no aprobárselos en tales circunstancias.

Más grave aún, si estos  propósitos van en contravía de la legalidad y de la conveniencia para la población. Y, peor, por supuesto, si lo que se pretende es favorecer oscuros intereses económicos o políticos.

Lo dicho, toda vez que la esencia misma del trámite de todo Proyecto de Acuerdo, persigue que la propuesta sea estudiada y debatida suficientemente y con compromiso a fin de impedir equivocaciones, apreciaciones incorrectas o decisiones erróneas, e incluso ilegales, pues ha de tenerse siempre que la razón de ser exclusiva de un Acuerdo Municipal es el mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano y el interés general, y ello únicamente será posible si se lleva a cabo un concienzudo y detallado estudio del Proyecto.

Por eso, para dar estricto cumplimiento a lo anterior, la Ley consagra unos procedimientos y unos tiempos prudentes y proporcionados para que no sólo los concejales sino también las comunidades y los organismos de vigilancia y control participen activamente en su estudio y, en consecuencia, aporten elementos de análisis importantes que enriquezcan la discusión serena y productiva de la proposición presentada, todo lo cual, finalmente, habrá de impulsarlos responsablemente a respaldar  o rechazar el respectivo Proyecto de Acuerdo.

En síntesis, se trata de investigar, documentarse, examinar de forma crítica la información, y consultar. Esto, para lograr las mejores condiciones posibles que le permitan aportar opiniones y conceptos fundamentados en la discusión respetuosa del Proyecto, que conlleve a tomar una decisión libre y honorable. Tarea en absoluto desequilibrio frente a la Administración para ejercer el control: mientras el Alcalde dispone de varios profesionales y de variadas profesiones que le apoyan y asisten en el proceso de estructuración del Proyecto, en los Municipios pequeños los Concejos no tienen, ni siquiera, la ayuda de un abogado.

Y, con lo fácil que es errar en materia de control político. Particularmente, sobre Proyectos que se caracterizan por sus relevantes implicaciones económicas para las arcas del Municipio o  por su desfavorable impacto en la vida diaria de las comunidades más vulnerables; y, claro, con las puertas abiertas a todo tipo de delicadas investigaciones.

Aunque se entiende y espere -como algo lógico y normal- que la discusión debe ser respetuosa y serena, la realidad enseña que no siempre es así, pues en no pocas ocasiones sucede que en cualquier momento, en instantes de descontrol y de ira se  agredan físicamente o se lancen públicamente afirmaciones y acusaciones injuriosas o calumniosas contra otros servidores públicos u otras personas relacionadas con el asunto que se debate. Allí, nace, sin lugar a dudas, la posibilidad de dar lugar a la intervención de los entes de investigación de las conductas constitutivas de faltas disciplinarias y/o delitos, que no sólo afectan al agresor sino, también, la buena marcha institucional. De ahí, que  al servidor público, más que a cualquiera, se le deban exigir comportamientos decentes y ejemplares. Ningún bien le hace a su Pueblo un dirigente camorrista.

De otro lado, es necesario enfatizar que los concejos deben dotar al ejecutivo de las herramientas necesarias para ejecutar el presupuesto, fundamental herramienta para su gestión, en un ambiente de rectitud y trabajo y, por tanto, resultaría, a todas luces, intolerable que se dedicaran a obstaculizar a la Administración como medio de presión para pretender mezquinos intereses individuales, en detrimento de la comunidad que creyó y depositó en ellos su confianza. 

O, cuando es el Alcalde quien los corrompe para asegurarse que le aprueben -con toda la mala fe y perversidad inimaginable- los Proyectos de Acuerdo más jugosos y, de paso, comprar el silencio cómplice ante sus arbitrariedades administrativas.

La fatal pérdida del control político. 

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